Ence pone condiciones para invertir en mejorar la eficiencia, el ahorro de agua y la calidad ambiental de su fábrica de celulosa en la ría de Pontevedra. Solo desembolsará los casi 400 millones de euros previstos su Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal si puede permanecer en el lugar hasta 2073, la fecha establecida en la prórroga otorgada por el Gobierno de Mariano Rajoy en funciones en 2016.
La compañía, que se refiere en un comunicado a las instalaciones de Pontevedra como “biofábrica”, asegura que mantener la actividad, el empleo y las inversiones es “una prioridad”, pero que necesita “seguridad jurídica”. Su consejero delegado, Ignacio de Colmenares, declaraba en una reciente reunión interna que podría haber “un susto medioambiental mayúsculo” con posible afectación sobre las personas. La empresa aclaró que sus palabras se habían sacado de contexto y que esto solo ocurriría “a 12 años vista, de aquí a 2033, y si no se realizan las inversiones necesarias, podría verse afectada la fiabilidad de la biofábrica”.
El comunicado difundido este miércoles insiste en pedir la modificación de la actual redacción del artículo 18.4 del proyecto de Ley de Cambio Climático y Transición Energética para eliminar la supuesta retroactividad de esta norma. “Sin duda facilitaría enormemente la situación y el futuro de esta planta, así como del importante volumen de empleo vinculado a ella en Pontevedra y en toda Galicia (más de 5.000 personas)”, añade.
Las inversiones programadas por Ence ascienden a 395 millones de euros, tal y como consta en la última actualización de modificación del Proyecto Sectorial de Incidencia Supramunicipal (PSIS), presentado por la empresa el pasado 5 de noviembre, con la finalidad de dar cumplimiento no solo a todos los compromisos adquiridos con la concesión de la citada prórroga, sino también de “maximizar la eficiencia medioambiental, energética y operativa de esta planta”.