El exdelegado de Feijóo en Ourense, juzgado por fraude de fondos europeos 20 años después de los hechos
20 años después de los hechos y 13 años después de ser denunciados por primera vez, el entonces alcalde de A Arnoia (Ourense), Rogelio Martínez, será juzgado a partir de este lunes por fraude de fondos europeos al certificar una obra no realizada. Cuando Martínez ya estaba imputado por este caso, Feijóo lo nombró en 2009 delegado de la Xunta en Ourense, contrapoder de la Diputación controlada por los Baltar y cargo que ocupó hasta 2015, cuando fue relevado en el marco de una amplia reestructuración del Gobierno gallego. En aquel momento Martínez fue cesado junto con la delegada de la Xunta en Vigo, María José Bravo Bosch, también imputada por otro caso y luego exculpada, en un momento en el que Feijóo intentaba lanzar mensajes de regeneración contra la corrupción.
El juicio que comienza este lunes en la sección segunda de la Audiencia Provincial de Ourense analizará en su primera jornada las cuestiones previas en las que las defensas de la docena de imputados intentarán que el tribunal considere prescritos los delitos y archive el caso. Un proceso con una larga instrucción en el que la Fiscalía entiende que no existen indicios de delito y en el que sólo hay acusación particular, la Asociación para el Progreso de O Ribeiro, vinculada al PSdeG. El caso se archivó ya en el pasado pero la Audiencia revocó esa decisión y ordenó que continuase este proceso, para el que la apertura de juicio oral fue dictada hace ya dos años.
Rogelio Martínez era alcalde de A Arnoia y como tal presidente del grupo de acción local Ceivam cuando en 1999 un empresario pidió a esa entidad una subvención para construir una planta de biomasa en el marco de un programa sufragado con fondos comunitarios. El proyecto tenía un presupuesto de unos 13 millones de las de entonces pesetas, algo menos de 80.000 euros, y la subvención alcanzaba la mitad del mismo.
En 2006, con la Xunta en manos del bipartito de PSdeG y BNG, esta última formación denunció que la obra no se había ejecutado según lo previsto sino que sólo se había reconstruido “un galpón”, pero que Martínez había certificado igualmente los trabajos no realizados. Tras un largo proceso de dilaciones, archivos y reaperturas del procedimiento, en el que la Asociación para el Progreso de O Ribeiro quedó como única acusación, este lunes Rogelio Martínez se sentará al fin en el banquillo de los acusados.
