Las previsiones de inversión para Galicia que el Gobierno de España incluye en los Presupuestos Generales del Estado han venido siendo presentadas en los últimos años con su montante total como principal valor. Las abultadas partidas para la construcción de la línea ferroviaria de alta velocidad a Madrid permitieron a los sucesivos Ejecutivos -el del PSOE, con alzas anuales constantes de 2004 a 2009; y el del PP, a pesar de profundizar en los recortes iniciados en 2010- estatales dibujar una escena de compromiso con las obras pendientes en territorio gallego por la vía de los grandes números, con independencia de que parte de esos fondos no llegaran a ejecutarse, esto es, a gastarse. Pero esta dinámica acaba de ser frenada abruptamente en el proyecto presupuestario que desde esta semana se tramita en el Congreso, una caída del 32% con un evidente impacto político en Galicia que la Xunta intenta amortiguar con la creación de un “comité de seguimiento” de la ejecución de las cuentas.
La cercanía del final de las grandes partidas del AVE a la Meseta -la que quedará pendiente, para la variante de Ourense, tendrá un coste estimado superior a los 600 millones, pero el horizonte de los primeros 200 está más allá de 2020, según estimaciones de Adif- y la inexistencia de nuevos proyectos de una magnitud semejante es la principal explicación de una bajada de la que la Xunta era ya consciente antes de la presentación del Presupuesto, que ahora los grupos de las Cortes pueden intentar modificar por la vía de las enmiendas. Así, pocas horas después de que el ministro Cristóbal Montoro presentara las cifras desde la Xunta se hacía público un comunicado en el que, en la línea del argumentario difundido por el Ministerio de Fomento, se instaba a comparar lo presupuestado para 2017 no con lo previsto para 2016, sino con lo efectivamente gastado.
Los 924 millones de euros que corresponden a Galicia son, resalta la Xunta, un importe “más de un 53%” superior a lo “ejecutado en Galicia durante el año pasado”. El Gobierno de España, mantiene, no ejecutó más porque el 2016 estuvo “marcado por el bloqueo político”, asegura la Consellería de Infraestructuras. La versión oficial obvia, no obstante, que el grueso de las inversiones previstas en 2016 eran también para el AVE a Madrid y que los principales motivos para la ralentización no tenían relación con la formación o no de Gobierno, sino con cuestiones técnicas y también con la gestión de las empresas constructoras adjudicatarias de los tramos más retrasados en un contexto en el que, además, sí fueron realizados trámites mientras el Ejecutivo estatal estaba en funciones.
La comisión Feijóo
La llamada a comparar dinero presupuestado con dinero ejecutado y a poner el foco en la “inversión por habitante” y no en los fondos totales se completaba el pasado miércoles con un anuncio del presidente de la Xunta sobre la puesta en marcha de la mencionada comisión. Después de recibir en el Parlamento los reproches de la oposición por el, en palabras de la portavoz del BNG, Ana Pontón, “recortazo” del gabinete de Mariano Rajoy, muestra para En Marea y PSdeG del poco “peso político” de Alberto Núñez Feijóo en su partido, el presidente aprovechaba una rueda de prensa tras una recepción oficial para avanzar el nacimiento de un “comité de seguimiento de la ejecución presupuestaria real” del Estado en Galicia “que voy a presidir yo mismo”.
Este órgano, admite el presidente, no será más que un “comité interno de funcionamiento de la Xunta” en el que se sentarán, además de él, el vicepresidente Rueda, el conselleiro de Hacienda y las conselleiras de Infraestructuras y Medio Ambiente. Los cinco van “a ir valorando” la “ejecución real del Presupuesto”, esto es, si los ministerios -Fomento, fundamentalmente- gastan todo lo previsto, algo que prácticamente nunca ha sucedido. “Si ejecutamos el presupuesto tal y como se aprueba será mejor que el de 2015 y 2016; si por lo contrario el Gobierno central no lo ejecuta, estaremos ante un presupuesto decepcionante”, admite.
El precedente más inmediato de un seguimiento pormenorizado de las inversiones del Estado en Galicia por parte de la Xunta se produjo hace seis años, pero en un contexto político muy diferente al actual y restringido al AVE a la Meseta. Entonces, tras dos años marcados por el pacto de Feijóo con quien era ministro de Fomento por el PSOE, José Blanco, la cercanía de las elecciones municipales de 2011, primero, y de las generales, inmediatamente después, provocó que la Xunta controlara milimétricamente las inversiones para el tren rápido, de modo que desde el Ejecutivo de Alberto Núñez Feijóo se llegaron a establecer ultimátums de diez días para el cumplimiento de las inversiones previstas. Si los plazos prometidos no se hacían realidad sin variación alguna el PSOE estaría “sometiendo” a Galicia a un nuevo “maltrato”, por lo que el ministro Blanco solo tenía dos opciones, decía el PP gallego: “Cumplir o dimitir”.