El presidente de la Xunta acusa al Gobierno central de impulsar una nueva situación de alarma por “negarse a dar” ningún otro instrumento legal para que las comunidades puedan ordenar cierres y otros límites a la movilidad. Alberto Núñez Feijóo afirma que el problema fundamental del estado de alarma es la repercusión que puede tener en el ámbito internacional para España, a pesar de que otros países del entorno como Francia, Italia y Portugal tienen en marcha medidas similares. La oposición del barón gallego, por tanto, no tiene que ver tanto con las medidas impuestas -ya dijo ser favorable al toque de queda si no se le llama por ese nombre- si no con la publicidad que generan. “No puede ser más demoledor, se puede hacer lo mismo sin estos términos y proyecciones desgarradoras, hemos puesto en cuestión la Navidad y la Semana Santa, dándole un enorme palo al sector turístico y hostelero”, afirmó esta tarde tras la reunión de la Conferencia de Presidentes con Pedro Sánchez. El barón gallego hizo público su malestar minutos después de que el líder de su partido, Pablo Casado, se mostrase favorable a los planes de Pedro Sánchez simpre y cuando la prórroga de la alarma se limitase a un máximo de ocho semanas.
La importancia que Feijóo da a la nomenclatura se pudo advertir en su comparencia. Para censurar que el Gobierno central “está generando alarma”, el presidente gallego decidió referirse al estado de alarma como estado de excepción -previsto para situaciones de alteración grave de derechos fundamentales- y calificar la decisión del Ejecutivo de Sánchez como “demoledora”. El presidente de la Xunta consideró que el Gobierno central “ni está acertando en la dimensión, ni en las herramientas ni en el mensaje” y censura tanto la duración propuesta del estado de alarma como el camino elegido. Sin embargo, al tiempo, Feijóo admite que, a día de hoy, “no se puede gestionar la pandemia sin estado de alarma” debido a que “el Gobierno se niega a dar ningún otro instrumento”.
Feijóo insiste desde el mes de mayo en que el Gobierno lleve a cabo una reforma de la ley orgánica de salud para que los presidentes autonómicos puedan limitar derechos constitucionales. Por ello, anunció a finales de agosto que enviaría a Sánchez una propuesta de cambio en el articulado que no materializó hasta los inicios de octubre. Un trámite que, de apurar al máximo todos los tiempos legales previstos, no estaría lista y aprobada antes de cuatro meses. Mientras, el Partido Popular ha relajado su oposición al estado de alarma y Pablo Casado se ha mostrado favorable a apoyalo por un tiempo máximo de ocho semanas.
Mientras tanto, Galicia desconoce si la Xunta tomará algunas de las decisiones que deja en sus manos el decreto del Gobierno central. Por el momento, Feijóo descarta, con los datos del día de ayer domingo, el cierre perimetral de la comunidad. Será el comité de expertos del Gobierno gallego el que proponga si tomar o no la medida, así como si se aceptan las horas de toque de queda impuestas por el Ejecutivo central o se modifican dentro del margen que permite el decreto.