El pasado abril, a las puertas de la disolución de las Cortes antes de la repetición de las elecciones generales, el pleno del Congreso volvía a rechazar la constitución de una comisión de investigación sobre las causas y responsabilidades del accidente del tren Alvia que supuso la muerte de 80 personas el 24 de julio de 2013 en la parroquia de Angrois, en Santiago de Compostela. La reclamación de las víctimas, canalizada en aquel pleno a través de una iniciativa de En Marea, corrió la misma suerte que las planteadas en la legislatura anterior por el BNG y apoyada por otras fuerzas, como IU: los votos en contra del PP -y en esa ocasión, también del PSOE, que anteriormente se había abstenido-, la hicieron fracasar. No obstante, apenas tres meses después el pleno del Ayuntamiento de Santander apoyaba por unanimidad reclamar esa comisión al “futuro” Gobierno de España. Uno de los ediles que votaron a favor fue el alcalde, Íñigo de la Serna, nuevo ministro de Fomento, departamento en el que se centraría esa investigación.
El contenido de aquel debate, que recuperó este viernes la agencia Europa Press, está aún disponible en la videoteca del consistorio cántabro. Tal y como muestra la grabación que acompaña a estas líneas, De la Serna fue, en su condición de presidente del pleno, el encargado de leer un texto que había sido impulsado, como en otros municipios, por la Plataforma Víctimas Alvia 04155. En este caso la moción la asumieron inicialmente el PSOE y los grupos Regionalista, Ciudadanos, Ganemos Santander, IU y el edil no adscrito, y posteriormente se adhirió a ella el grupo del PP, liderado por De la Serna.
Así, en el texto asumido por el ahora ministro se ofrece “apoyo expreso” a la demanda de que, “al margen de las investigaciones judiciales”, se abra “una comisión de investigación parlamentaria” sobre lo sucedido en la curva de A Grandeira. “Es necesario dar nuestro apoyo”, decía la moción, ya que aunque “no podemos reparar el daño inmenso”, suponía “un acto de responsabilidad y compromiso” que “a través del consenso”, todos los grupos avalaran la plataforma y, además, “solicitaran” que el “futuro Gobierno” de España impulsara “la apertura de una comisión de investigación en sede parlamentaria”, además de otra investigación técnica realizada “por expertos independientes”.
Una petición “miserable” para la cúpula del PP
La posición defendida por Íñigo de la Serna como alcalde de Santander contrasta tanto con la de quien era ministra de Fomento en el momento del accidente, Ana Pastor, como con la de quien ha asumido la cartera en los últimos meses, Rafael Catalá, actual titular de Justicia y secretario de Estado de Infraestructuras cuando sucedió el siniestro. Ambos se opusieron abiertamente a la apertura de una investigación política y dieron por buenas las indagaciones técnicas de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que según constató la Agencia Ferroviaria Europea no fueron “independientes” -la entidad comunitaria considera que ahora este órgano sí goza de independencia, tras asumir cambios fijados desde la propia UE-.
La negativa a investigar se reprodujo en reiteradas ocasiones tanto en el Parlamento gallego -ante iniciativas del BNG y de AGE-, donde el PP permaneció en el “no” y el PSdeG se mantuvo en la abstención, como en las diversas votaciones en las Cortes Generales. El último intento en el Congreso, la mencionada iniciativa de En Marea, fue replicada con dureza por el portavoz del PP, Rafael Hernando, que consideró una petición “miserable” y “absurda” la exigencia de investigar lo sucedido en el accidente sucedido en la parroquia compostelana, a la que se refirió reiteradamente como Angruás.
En el propio debate en pleno el encargado de rechazar la iniciativa fue el diputado Andrés Ayala, quien la calificó de “demagógica” además de considerar que atentaba contra la “separación de poderes”, toda vez que la investigación judicial sigue en marcha -tuvo que ser reabierta por orden de la Audiencia Provincial de A Coruña-. Todo esto sucedía poco antes de que quien desde ahora encabeza el Ministerio de Fomento asumiera como propia la necesidad de “exigir también responsabilidades políticas” sobre el “accidente ferroviario más grave de la historia de la democracia española”. “Un suceso tan grave no puede ni debe quedar en el olvido, es necesario indagar en las causas y responsabilidades penales y políticos”, decía la moción votada por Íñigo de la Serna.