Entre 18.000 y 20.000 estudiantes se personarán, a partir del 20 de junio, en las oposiciones al cuerpo docente gallego. Al menos ese es, a día de hoy, el plan de la Xunta de Galicia, único gobierno autónomo que mantiene su calendario de oferta pública de empleo de educación para 2020. Y lo hace contra el parecer de oposición, sindicatos y el desarrollo de los acontecimientos de la pandemia del COVID-19. Mientras, los aspirantes a profesor continúan, desde el confinamiento, preparando unas pruebas cuya realización nadie, excepto aparentemente el Gobierno de Feijóo, da por segura.
“Nuestra voluntad, por respecto a los miles de personas opositoras que en estos momentos están realizando un esfuerzo para preparse en una situación tan compleja como la que estamos viviendo, es mantener el proceso, ya que todavía se está en plazo para llevarlo a cabo”. Esta es la tesis que la conselleira de Educación, Carmen Pomar, sostuvo en una carta remitida a las organizaciones sindicales el pasado 8 de abril. A ella se aferra también Alberto Núñez Feijóo, que todavía el domingo se escudaba en “intentar preservar los derechos de esas personas que llevan estudiando tantos meses”.
Pero la comunidad educativa no se lo cree. Ni siquiera lo considera posible. La propia Consellería de Educación no ha hecho otra cosa que dar pasos en falso. El 2 de abril escribió al ministerio para comunicarle que, si el estado de alarma se prolongaba más allá del 11 de abril, no podría organizar las oposiciones. Eso ya ha sucedido. El nuevo límite es el día 26 y el Ejecutivo central ha abierto la puerta a una nueva prórroga de la medida hasta el 11 de mayo. La Xunta, sin embargo, continúa empecinada en su supuesta defensa de las “personas opositoras” y las oposiciones en junio.
“Solamente soy capaz de percibir que hay una motivación electoral, un cálculo electoral, detrás de esta actitud de Feijóo”, considera Suso Bermello, secretario nacional de CIG Ensino, sindicato mayoritario en la enseñanza pública gallega, “su mensaje implícito es: voy a convocar elecciones cuando esto pase y, antes, voy a hacer las oposiciones”. El Gobierno gallego oferta 3.600 plazas para docentes de primaria, secundaria o formación profesional, aunque de ellas unas 1.300 son de promoción interna. “Pero más pronto que tarde tendrán que caer de la burra”, añade, “todo parece indicar que el confinamiento se va a extender hasta mayo”.
La CIG, junto a Comisións Obreiras, UGT y ANPE, ha solicitado del departamento gallego de Educación una reunión de la llamada mesa sectorial para negociar una fecha alternativa para las pruebas. Pero las comunicaciones de la consellería con las centrales sindicales no están siendo fluidas. “Es que aunque el estado de alarma acabase el 26 de abril, no puedes mantener en la incerteza a tanta gente a dos meses de algo tan transcendental como unas oposiciones”, sostiene Bermello.
Opositores confinados
Una de estas personas en la incerteza, que reside en el rural de la comarca del Ulla, comparte esa sensación. Optará a enseñar geografía e historia. “Sigo estudiando como puedo. A dos meses del examen, el ritmo es muy intenso, y tiene un desgaste psicológico y físico brutal”, señala, “si a esto le añades la incertidumbre de si lo va a haber o no... Por sentido común no las debía haber”. En la convocatoria del pasado año participaron 18.700 personas que, junto a los tribunales y trabajadores de limpieza y hostelaría, sumaron casi 20.000 personas movilizadas. “Mantener la distancia de seguridad es imposible, las pruebas se entregan en mano”, enumera. En su especialidad en 2019 fueron mil personas las que se reunieron, de nueve de la mañana a seis de la tarde, en un solo recinto.
No son las únicas dificultades que padece. Residente en una aldea, sufre la sempiterna brecha digital gallega. “Hoy llevo una hora intentando conectarme a Internet. A estas alturas de la preparación de las oposiciones, debería estudiar 10, 12 horas diarias. No veo posible mantener ese ritmo”, dice. Tampoco puede, ni ella ni nadie, usar las bibliotecas. Ni para estudiar ni para acceder a sus materiales. Otra opositora, que cumple el decreto de alarma en Santiago de Compostela, utiliza términos parecidos: “Esta incertidumbre es bastante angustiante, es lo que peor llevo”.
Ella aspira a ser profesora de lengua y literatura gallega y explica que los ánimos, entre los grupos virtuales de opositores o entre los estudiantes que comparten academias, están “muy caldeados”. El supuesto “respeto” a las aspirantes que esgrimen desde la Xunta no es así percibido por quienes se preparan para engrosar el cuerpo docente. “Lo más grave es que ni siquiera se pronuncien”, explica, “y después sale Feijóo para no decir nada. Yo preferiría que las oposiciones fuesen este año, claro, pero no va a poder ser”.
Sobre el trasfondo político de la actitud de Feijóo y su gobierno en lo relativo a las oposiciones y el coronavirus se pronuncia también un aspirante a docente de historia que se presenta por tercera vez. Vive en la comarca de Ferrolterra. “La gente tiene claro que esto es un juego político de Feijóo, que está siempre hablando para fuera de Galicia, y no para dentro”, entiende, “por eso habla casi de manera monolingüe en castellano cuando aparece en la TVG. La gente se siente utilizada”. Él sabe que, de haber finalmente oposiciones, sus opciones son reducidas: “Llevo un mes en casa, con un hijo pequeño, cualquiera sabe que así es imposible estudiar”.
Al mismo tiempo, tiene claro que la percepción dominante “es que no se van a celebrar las oposiciones”. “Lo que no sabemos es a qué viene esta espera, por qué un mes más a partir de ahora, cuando saben de sobra que no va a ser posible. Los plazos ya son mínimos”, dice. Para habilitar las pruebas, la Consellería de Educación debe abrir tres semanas de inscripciones, elaborar las listas, establecer plazos de reclamaciones, publicar las listas definitivas y montar los tribunales. A día de hoy, según las fuentes consultadas, “los plazos dan para que se hagan en junio”. Los plazos son, de hecho, lo único que da. Ninguno de los otros elementos en juego, de la evolución de la pandemia y las medidas para combatirla a las circunstancias de los opositores, parece funcionar.
Los partidos de la oposición han entendido que la decisión, o la falta de ella, del Gobierno gallego es una cuestión política. Y han optado por entrar en ese terreno. Esta mañana el candidato de Galicia en Común a la presidencia de la Xunta, Antón Gómez-Reino, afirmaba que “no tiene sentido que Galicia sea la única autonomía que no ha retrasado esas pruebas. Es evidente que las oposiciones no se pueden hacer en la fecha prevista”. BNG y Partido Socialista también se han manifestado en ese sentido. Y fuentes sindicales avisan de que, en realidad, la única estrategia de Núñez Feijóo en estos momentos consiste en buscar la manera de “cargarle el muerto” del aplazamiento de las oposiciones al Ministerio de Educación. A pesar de que las competencias son exclusivamente del Gobierno autónomo.