El Gobierno ha decidido frenar en seco los planes de Alberto Núñez Feijóo para gobernar la pandemia con normas propias en Galicia. El Consejo de Ministros ha autorizado recurrir ante el Constitucional los artículos más polémicos de la nueva Lei Galega de Saúde, un texto aprobado por la mayoría absoluta del PP en Galicia y que contempla aspectos tan controvertidos como la posibilidad de obligar a la población a vacunarse.
La decisión del ejecutivo de acudir al Constitucional viene avalada por un dictamen del Consejo de Estado que discute la constitucionalidad y recomienda el recurso de parte de la norma impulsada personalmente por Alberto Núñez Feijóo. El movimiento de Moncloa supone la suspensión cautelar de la norma a la espera de una sentencia definitiva por parte del tribunal de garantías.
La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha sido la encargada de anunciar el recurso con un contundente mensaje al Gobierno de Feijóo: “Solo es posible restringir derechos fundamentales a través de legislación estatal”. Montero ha recordado que la normativa gallega plantea la posibilidad de aislar a ciudadanos en su domicilio, internarlos obligatoriamente o obligarles a vacunarse. El Constitucional tendrá a partir de ahora un plazo de cinco meses para dictar una sentencia que aclare la disputa legal entre los gobiernos central y gallego.
El Partido Popular de Galicia lleva meses diciendo que su ley pretende “proteger mejor la salud y hacerlo con garantías para que los administrados no se vean sujetos a decisiones arbitrarias”. La posibilidad de que la Xunta obligue a la población a vacunarse, bajo la amenaza de sanciones de entre 1.000 y 60.000 euros, es uno de los apartados más llamativos del texto, redactado a propósito de la inmunización contra el COVID.
Además, la norma recurrida permitía al Servizo Galego de Saúde (Sergas), en función de la situación epidemiológica, restringir la circulación y movimiento de personas, las entradas o salidas a una zona, o el número de asistentes a una reunión. Incluye también la prohibición del botellón, al denegar “el consumo de bebidas alcohólicas en la vía pública” y regula la intervención sanitaria de residencias privadas de mayores, una medida que la Xunta ha aplicado durante los últimos meses a aquellos centros con elevado número de contagios de coronavirus. El régimen sancionador queda delegado en el ámbito municipal, encargado de la imposición de multas de entre 1.000 euros de una infracción leve y los 600.000 de una muy grave.