El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, y la comisaria de Transportes de la UE, Violeta Bulc, fueron conminados este lunes por víctimas del accidente de tren de Santiago a realizar una investigación técnica independiente del siniestro, al margen de la causa penal que también está en curso, en la que se analicen otras responsabilidades más allá del maquinista. De la Serna y Bulc descargaron la iniciativa de esa nueva investigación en la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), que realizó la anterior. Pero este martes ese organismo ha vuelto a rechazar esa posibilidad: “No hemos visto nada que justifique su reapertura”, contesta la CIAF a este diario.
El 24 de julio de 2013 un tren Alvia descarriló en la curva de Angrois, en la línea de AVE Ourense-Santiago, y dejó 80 muertos y 144 heridos después de que el maquinista no frenase a tiempo, sin que hubiese activa ninguna medida de seguridad que evitase o paliase su despiste. En su investigación del siniestro, la CIAF recomendó diversas mejoras de los sistemas de seguridad, pero responsabilizó del accidente exclusivamente al despiste del maquinista. Sin embargo, el pasado julio la Agencia Ferroviaria Europea emitió un dictamen constatando que en aquel momento la CIAF no era independiente, ya que sus miembros eran nombrados por el Ministerio de Fomento, y censurando que su análisis del siniestro se centró en exclusiva en el maquinista y no analizó otras causas subyacentes, como la inexistencia de sistemas de seguridad.
Después de la investigación del accidente de Angrois, Fomento, ante una amenaza de sanción por parte de la Comisión Europea, cambió el sistema de nombramiento de la CIAF para mejorar su independencia, de manera que ahora sus miembros son votados en el Congreso de los Diputados. Pero la falta de independencia previa, constatada por la Agencia Ferroviaria Europea, sirvió para que a finales de enero la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo le pidiese a la comisaria de Transportes “una investigación exhaustiva e independiente”.
Sin embargo, la comisaria Bulc y el ministro De la Serna se amparan en la paradoja: si la CIAF ahora ya es independiente, el ministerio no le puede dar la orden de reabrir la investigación ni la comisaria puede inmiscuirse en una competencia estatal que ahora ya funciona supuestamente de manera correcta. Así lo argumentaron los dos este lunes en Madrid en un acto público en el que fueron interpelados por las víctimas. En él, De la Serna insistió en que “el Gobierno no tiene capacidad legal, como así nos han transmitido desde los propios servicios jurídicos del Gobierno, tendría que nacer de la propia comisión [CIAF], cosa que no ha sucedido”. “Hay cosas que tienen que hacerse en cada nivel, y no podemos ir más allá”, dijo la comisaria. Posteriormente, en un encuentro privado, Bulc pidió a las víctimas un plazo de tres semanas para estudiar la posibilidad de que técnicos europeos ayuden a los españoles, pero sólo si estos deciden reabrir el caso, obviando la petición de la Eurocámara de que Bruselas lidere la investigación.
Es en este contexto en el que desde la CIAF se ratifican “en la decisión que tomó el pleno en su momento”, en referencia a la validez del informe ya emitido sobre Angrois. “No hemos visto nada que justifique su reapertura”, dicen desde esa comisión a este diario.
En los tribunales, la investigación de la CIAF sirvió de base para varios informes de los peritos judiciales del caso en los que se basó el juez instructor para intentar cerrar la causa penal con el maquinista como único imputado. Sin embargo, en mayo pasado la Audiencia Provincial de A Coruña le ordenó al juez reabrir la instrucción y analizar si Adif trató como debía el riesgo existente en la curva de Angrois, cuestión en la que la CIAF no había ahondado y en la que aún se trabaja en la actualidad. En aquel auto de reapertura de la instrucción, la propia Audiencia Provincial daba por hecho que la CIAF, al ser nombrada entonces por Fomento, no podía ser considerada como un organismo independiente. Los peritos judiciales coinciden ahora en que Adif no analizó ni trató adecuadamente el riesgo de un exceso de velocidad como el que ocurrió, pero discrepan sobre si la normativa ferroviaria lo exigía, cuestión clave para dilucidar la responsabilidad penal más allá del maquinista.