El caso Patos, que investiga una supuesta trama para hacerse con contratos en varias administraciones públicas del sur de Galicia a través del pago de sobornos, seguirá en instrucción, pero de las 36 personas que hasta ahora estaban imputadas sólo permanecerán como investigadas 13. De ellas, sólo uno es político, el expresidente de la Diputación y del PP de Pontevedra y ahora de la Federación Gallega de Fútbol Rafael Louzán, contra quien ya se había decretado, por otra imputación distinta, la apertura de juicio oral por un supuesto soborno obtenido a través del alquiler de unos bajos comerciales. El resto de políticos imputados en el caso Patos, entre ellos el presidente de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y alcalde de Vigo, el socialista Abel Caballero, ven cómo la jueza instructora acaba de sobreseer la causa respecto de ellos.
La magistrada María del Carmen García Campos, jueza del juzgado de Instrucción número 7 de Vigo, acaba de emitir un auto en el que acuerda el sobreseimiento de la investigación del caso Patos en lo que se refiere a 23 personas que hasta ahora estaban siendo investigadas. Junto con Caballero, también se para la investigación contra la anterior delegada de la Xunta en la ciudad, María José Bravo Bosch, y quien fue hombre fuerte del PP en Vigo en las últimas dos década, José Manuel Figueroa.
Junto con Rafael Louzán, que sigue participando en actos del PP pese a haber dejado los cargos tanto públicos como en el partido, siguen investigados otros12 empresarios y funcionarios de la Diputación de Pontevedra, del Ayuntamiento de Vigo y de la Autoridad Portuaria de Vigo, para quienes la jueza ha decidido la apertura de piezas separadas. En su corto auto, de sólo seis páginas, la jueza se remite a los argumentos con los que el fiscal ya había pedido en julio el sobreseimiento y se limita a reiterar que había indicios suficientes para realizar la investigación que ahora propone dar por finalizada pero que ésta “en numerosos casos no permitió corroborar los indicios inicialmente apreciados”. La causa gira en torno a Enrique Alonso Pais, representante de varias empresas, en particular de Eiriña SL, por supuestamente “conseguir concurso públicos con el consiguiente pago a políticos locales del Ayuntamiento de Vigo y también provinciales”.
En el escrito previo del fiscal en el que ahora la jueza basa el sobreseimiento, éste consideraba que no son tipificables penalmente diversos regalos que recibieron algunos políticos como Caballero (una pluma estilográfica que el socialista asegura que devolvió), comportamientos “sospechosos” como conversaciones del empresario con funcionarios, o enchufes de trabajadores en concesionarias públicas de los que según el fiscal los políticos no se beneficiaron.