Poco más de una hora fue lo que tardó el Ministerio de Fomento en autorizar la puesta en servicio de la línea de AVE Ourense-Santiago en la que ocurrió el accidente de la curva de Angrois después de recibir la petición de Adif un día antes de su inauguración el 10 de diciembre de 2011 por el entonces ministro socialista de Fomento en funciones, José Blanco. Así lo reveló este miércoles En Marea, con documentación aportada por las víctimas, en la comisión de investigación sobre el accidente en el Congreso, en la que compareció un cargo de Fomento que aseguró que en esa hora sólo revisó que los documentos de seguridad de la línea presentados por Adif se correspondían con los que él mismo y sus colaboradores venían ya supervisando desde días antes.
En el Congreso compareció este miércoles Eduardo Santiago, subdirector de Coordinación de Seguridad Ferroviaria de Fomento que en su momento participó desde el ministerio en el proceso de autorización de la puesta en servicio de la línea Ourense-Santiago. Según dijo, se hizo de acuerdo con la normativa y sin recibir presiones para acelerar su inauguración, pero no fue capaz de contestar qué documentos integraban el dosier de seguridad que Adif le entregó a Fomento. La plataforma de víctimas viene criticando que esa documentación presentaba carencias, y así lo está investigando el juzgado, que tiene imputados a seis técnicos de Adif, Renfe e Ineco, además del maquinista del Alvia, por cómo evaluaron o no el riesgo existente tanto en la curva de Angrois como en la decisión que tomaron posteriormente, en 2012, de desconectar el sistema de control de la velocidad a bordo de los trenes.
Sobre el proceso de puesta en servicio de la línea en diciembre de 2011, la plataforma de víctimas consiguió los documentos de petición por parte de Adif y autorización por parte de Fomento con las horas de entrada y salida respectivas que revelan que la autorización fue emitida en poco más de una hora. Esos documentos fueron revelados este miércoles en el Congreso por la diputada de En Marea Alexandra Fernández, pero el cargo de Fomento insistió en que el trabajo de supervisión de si Adif había cumplido con la normativa ya se venía desarrollando desde varios días antes y esa autorización no fue más que el paso final formal.
En la sesión de este miércoles en el Congreso también compareció Marta Carvajal, directora en España de Belgorail, empresa especializada en análisis de riesgos ferroviarios y certificación de sistemas de seguridad. En su intervención insistió en que Adif y Renfe debieron analizar internamente los riesgos que supusieron decisiones que cambiaron las condiciones de explotación de la línea, como reducir la seguridad de la curva de Angrois o desconectar el sistema de control de la velocidad a bordo de los Alvia. SI considerasen que esos cambios eran significativos, dijo, debían pedir una evaluación independiente, pero en todo caso debieron dejar constancia escrita de su propia evaluación previa interna. Adif y Renfe vienen manteniendo, por el contrario, que sus decisiones o no requerían de una evaluación de riesgos o no era necesario encargarla a una auditora independiente.
Por otra parte, la comisión del Congreso decidió este miércoles posponer hasta el 5 de diciembre su decisión sobre si llama a comparecer a un cargo del Centro de Experimentación de Obras Públicas (Cedex) del Ministerio de Fomento que remitió una carta a los diputados desmintiendo el argumento oficial de que una norma obligaba a desproteger la curva de Angrois. Ese cargo, Jorge Iglesias Díaz, director del Laboratorio de Interoperabilidad Ferroviaria, es el segundo del Cedex que rechaza las explicaciones de Adif de por qué se dejó toda la responsabilidad de frenar en manos del maquinista. En Marea reclamó que comparezca para que ratifique verbalmente el contenido de su carta y la comisión optó por posponer su decisión hasta el 5 de diciembre.