La vicepresidenta cuarta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha acusado al PP de querer “desactivar el proceso de control judicial” al que se someten las autorizaciones de ocupación del dominio público marítimo-terrestre para resolver la situación de Ence en Pontevedra. “Nos pedía incluir una referencia que, de algún modo, lo desactivara”, ha afirmado en una entrevista con elDiario.es, en la que hace referencia a que la preocupación del partido que lidera Pablo Casado en la negociación de la Ley de Cambio Climático recién aprobada era la polémica pastera, fuente de contaminación en la ría.
El PP se abstuvo en la votación. Ribera lo atribuye a “la coyuntura” en la que está el partido “de buscar un espacio propio”. Desde que el Consejo de Ministros dio luz verde al anteproyecto de ley en mayo del año pasado, el Gobierno trató de acercar posturas con los grupos parlamentarios, también con el popular, ha dicho. Pero este partido no hizo propuestas concretas y tenía “una particular preocupación con un asunto muy concreto”. Este era “deslegitimar el artículo 18.4 de la ley”, que, según la ministra, pretende recordar que el litoral es uno de los espacios vulnerables al cambio climático.
La redacción de ese artículo fue recibida con contestación en Galicia. La Xunta lo criticó y lo critica por considerar que amenaza la actividad de depuradoras de mariscos, conserveras y otros negocios relacionados, que están tradicionalmente instalados en la costa, pero también por la concesión de Ence en Lourizán. El Gobierno gallego aseguró que recurrirá la ley ante el Tribunal Constitucional. Lo adelantó la conselleira do Mar, Rosa Quintana, e insistió el pasado jueves el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo. A una pregunta sobre qué vía utilizará para este litigio, respondió que está por ver y citó un informe encargado al Consello Consultivo gallego que ve “posible inconstitucionalidad”. “Pedimos un poco de respeto. No hablamos de salvar hoteles, sino de que se nos deje vivir y trabajar”, agregó. El sábado insistió en el asunto y acusó al Gobierno central de aplicar “un planteamiento mesetario a un problema costero”.
En la entrevista, Ribera responde a una pregunta sobre cuál era la preocupación del PP en la costa: “La situación de una empresa instalada en dominio público marítimo terrestre, cuya concesión fue prorrogada por la Ley de Costas del Partido Popular hasta 2073, muy por encima de los 75 años máximos que la ley Aznar de 2003 consideraba para cualquier concesión de dominio público y que fue recurrida por el Ayuntamiento donde está instalada esta concesión”. Se refiere a Ence.
La ley ha provocado también las críticas de esta empresa. En un vídeo de una reunión interna que se conoció a finales de febrero, el consejero delegado, Ignacio de Colmenares, pedía cambiar la redacción del punto cuatro del artículo 18. Fue entonces cuando avisó de que puede haber “un susto medioambiental mayúsculo” en la planta de Pontevedra. La Fiscalía abrió una investigación sobre la seguridad de las instalaciones tras estas palabras. Además, la compañía puso condiciones para invertir en mejorar la eficiencia: solo lo hará si se puede quedar hasta 2073. Esta fecha podría alcanzarse según la prórroga que el gobierno de Mariano Rajoy aprobó en funciones en 2016 y que le valió al expresidente ser declarado persona no grata en su ciudad. Contra la ampliación de la concesión están presentados tres recursos: el del Ayuntamiento de Pontevedra, que menciona la ministra, el de la Asociación pola Defensa da Ría y el de Greenpeace.
El texto de la Ley de Cambio Climático hace referencia a los plazos máximos de las concesiones de la Ley de Costas de 1988 y la Ley de Patrimonio de las Administraciones Públicas de 2003, que son de 75 años, incluidas las prórrogas. Si la Audiencia Nacional considera ajustado a derecho el acuerdo de 2016, Ence podrá seguir en su actual emplazamiento hasta 2073. De lo contrario, esos 75 años se cumplirán en 2033.
Sobre la situación de la pastera en Pontevedra, la ministra ha indicado que “las concesiones que ya son firmes allí quedarán” porque “la ley no puede tener efectos retroactivos limitando su duración”. Un plazo de 75 años en un espacio “tan sensible” como el litoral, ha defendido, es “suficiente para poder evaluar cuál es el estado de fragilidad y hasta qué punto tiene sentido mantenerlo”. Sobre las peticiones del PP relacionadas con Ence ha añadido: “Yo creo que entra dentro de un terreno un poco peligroso adoptar, cambiar leyes para resolver situaciones puntuales de una empresa o de otra. No es una práctica particularmente recomendable”.