“Retomaremos la agenda de traspasos pendientes, comenzando por la Autopista del Atlántico”. El PPdeG incluyó esta promesa en su programa para las elecciones del pasado 25 de septiembre. Sintetizaba de este modo el pacto alcanzado en el Parlamento autonómico pocos meses antes, cuando una poco habitual unanimidad avaló la iniciativa del BNG para reclamarle el traspaso al Gobierno de España mediante una proposición ley de iniciativa autonómica en el Congreso. El propio Alberto Núñez Feijóo defendió en campaña un plan que, de concretarse, supondría el fin de más de una década de bloqueos cruzados al traspaso de la principal arteria de comunicación terrestre de Galicia. La propuesta ha seguido su trámite en las Cortes con normalidad hasta que, apenas un mes después de los comicios del 25S, Moncloa y el Ministerio de Fomento han apostado por frenarla en seco.
El pasado 14 de octubre el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, remitió al Congreso un paquete de diez vetos a otras tantas leyes que se están tramitando por iniciativa de la actual oposición y de parlamentos autonómicos. En previsión de estar a las puertas de un período legislativo en el que Mariano Rajoy tendrá que gobernar con el Congreso en contra el Gobierno en funciones invoca el artículo de la Constitución por el cual el Ejecutivo puede frenar en el legislativo las reformas que impliquen incrementos de gasto.
En el caso de la ley gallega, Moncloa apoya su veto en un informe elaborado por el equipo del Ministerio de Fomento, esto es, por el que hasta hace pocas semanas era el gabinete de Ana Pastor, hasta mediados de julio ministra del ramo y ahora presidenta del Congreso, condición con la que participó activamente en la campaña del 25S pidiendo el voto para Feijóo y su programa, el que incluía el traspaso. No llegar a aprobarlo, repitió durante la carrera electoral el presidente gallego, sería insistir en el “error” de no haberlo hecho durante la primera legislatura de Rajoy. Más teniendo en cuenta, apostilló a cinco días del 25S, que Pastor “es una amiga personal”.
Ni el aval de la unanimidad del Parlamento gallego, ni la promesa electoral. Ni siquiera la “amistad” han impedido que el Ministerio que ahora gestiona en funciones Rafael Catalá -secretario de Estado de Infraestructuras en la primera etapa de Pastor en Fomento- haya remitido al Congreso el informe contra la transferencia gallega. El documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, incluye entre sus argumentos que un eventual rescate de la concesión por parte de la Xunta tendría un impacto en las arcas del Estado superior a los 4.000 millones de euros, cantidad no consignada en los Presupuestos estatales para 2016. Sin embargo, los plazos contemplados en la propia ley, los ritmos del Congreso y el hecho de que la Xunta esté actualmente en funciones convierten en imposible que, de aprobarse, la transferencia puidese ser efectiva hasta, al menos, bien entrado 2017.
“No extraña que llegue después de las elecciones”
Mientras la disparidad de criterios en el propio PP aboca la iniciativa a una batalla legal en las bancadas de la izquierda la maniobra del Gobierno de Rajoy se considera un “desprecio” que, no obstante, no extraña que llegue una vez pasados los comicios. “No nos extraña que esto llegue justo después de las elecciones gallegas”, afirma la portavoz de En Marea en el Congreso, Alexandra Fernández, en declaraciones a eldiario.es. Hasta los comicios, afea, “el PP defendió que sí, que estaba apostando por la transferencia, y justo después aparece esta noticia”. “Demuestran una vez más -censura- que el PP entiende las instituciones como un terreno no para jugar democráticamente, si no para defender sus intereses”.
Las críticas al movimiento de Moncloa y Fomento llegan también desde el BNG, cuya líder y portavoz en el Parlamento gallego, Ana Pontón, dirige su mirada también hacia Alberto Núñez Feijóo. El mismo gobierno que “tiene 8.000 millones para rescatar las autopistas madrileñas”, en referencia a las radiales, dice, obstaculiza el traspaso de una vía fundamental para Galicia. En este escenario, Pontón ha remitido sendas cartas a los líderes de En Marea y PSdeG, además de al propio Feijóo, con el objetivo de reunirse y organizar “un frente común”. Si el presidente no acude, advierte, será “cómplice” del veto a su propia promesa.