Toda la oposición exige a Feijóo no autorizar un “pelotazo” a Villar Mir con la venta de sus centrales gallegas
Los tres grupos de la oposición parlamentaria gallega han salido al paso de la solicitud de Ferroglobe -antigua Ferroatlántica- para segregar y vender sus centrales hidroeléctricas en Galicia con una petición doble: explicaciones de la Xunta y veto a las pretensiones de la compañía del Grupo Villar Mir de dar un “pelotazo”.
En Marea, PSdeG y BNG apuntan directamente al presidente de la Xunta para reclamarle respeto por la “ley”, envío al Parlamento de “toda la documentación” tramitada por la compañía y mantenimiento de las limitaciones actuales o, lo que es lo mismo, de la unidad de las actividades de ferroaleación y producción eléctrica con las que la compañía compró el complejo industrial en los años 90. La misma que la Xunta garantizó que mantendría hace apenas un año.
“Lo que llevábamos seis meses advirtiendo ya está aquí”, dice el diputado de En Marea Pancho Casal, a cuyo juicio el Gobierno gallego ha perdido “seis meses para combatir un nuevo intento de expolio de los recursos de Galicia”. Ferroglobe, dice, “utiliza argumentaciones económicas absurdas, insostenibles” porque no puede explicitar otras “razones privadas”: que si el gabinete de Feijóo “no autoriza la venta”, la compañía puede “cantar todo lo que sabe sobre la financiación ilegal del PP”. En este contexto, el diputado y el portavoz de la formación, Luís Villares, anuncian la activación de un “grupo de personas expertas” para “desmontar punto por punto” las peticiones de Ferroglobe.
Por parte del PSdeG su portavoz en este campo, Dolores Toja, ha anunciado este viernes el registro de iniciativas al respecto mientras denuncia lo que considera una “desfachatez” por parte de la Xunta, que “hasta hace horas ha continuado negando una operación de venta que era un clamor”. La Xunta, resalta, debe “cumplir la ley” y también “el mandato del Parlamento, que a finales de febrero aprobó” por unanimidad la oposición a la segregación. Las explotaciones ahora en cuestión, resalta Toja, son “el seguro de vida de la comarca” de A Costa da Morte, “se mire como se mire”.
Desde el BNG su portavoz nacional, Ana Pontón, reclama que las explicaciones lleguen directamente del presidente Feijóo. “Están en el aire 300 puestos de trabajo y queremos saber si los empresarios investigados por la financiación ilegal del PP van a terminar de cobrar la factura en Galicia”, dice, en un contexto en el que la segregación, advierte, sería “el principio del fin de las plantas de Cee y Dumbría, además de un ”pelotazo“ para la compañía y un ”expolio de recursos públicos“. Algunos de estos argumentos han sido incluidos por el BNG en un video que, hecho público este propio viernes, muestra los diputados Noa Presas y Xosé Luís Rivas, Mini, ”denunciando“ que Villar Mir ”consiguió sus concesiones en Galicia a golpe de contactos políticos“.
