En julio del pasado año la Agencia Ferroviaria Europea (ERA, en sus siglas en inglés) emitió un duro informe criticando la investigación oficial realizada por el Ministerio de Fomento sobre el accidente de tren de Santiago por no ser independiente y centrarse sólo en el maquinista como único responsable del siniestro. Ahora, las víctimas del Alvia acaban de entregar en el juzgado de Santiago que investiga las responsabilidades penales una carta del jefe de seguridad de la agencia comunitaria en la que vuelve a tumbar otra de las tesis de Adif, la empresa pública gestora de la red ferroviaria estatal, y asegura que la normativa europea obligaba a realizar un análisis de la seguridad de la línea que no se hizo y que habría evitado el descarrilamiento. Un escrito que llega al juzgado un día antes de que este martes esté citado a comparecer, como investigado (antiguo imputado), el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte, como responsable de no evaluar y prevenir adecuadamente aquel riesgo.
En respuesta a la imputación de Cortabitarte, Adif aseguró ante el juez que la normativa europea era confusa y que no era obligatorio realizar el análisis de riesgos por cuya inexistencia es responsabilizado e imputado su ex alto directivo. La plataforma de víctimas del accidente de Angrois preguntó en octubre del año pasado al jefe de seguridad de la agencia europea, Christopher Carr, si era o no obligatorio ese análisis, y el 17 de noviembre obtuvo su respuesta afirmativa que ahora entregan en el juzgado: “Sobre la cuestión de si se debería haber realizado una evaluación del riesgo para la nueva línea, puedo confirmar plenamente que la legislación de la UE sílo requiere”, dice Carr.
En la respuesta del responsable de seguridad ferroviaria de la UE, que remitió tanto a las víctimas como a sus superiores, también se dice que “el riesgo de descarrilamiento durante la marcha y específicamente en curvas ha sido conocido por los ingenieros ferroviarios desde que se construyeron los ferrocarriles por primera vez, ya que tienen el riesgo de no controlar la velocidad”. Y añade que en el caso de la curva de Angrois “el riesgo fue identificado” pero no atajado sino sólo “exportado al conductor” por parte de Adif.
Esta es la segunda vez que la agencia europea ataca tan directamente a Adif y Fomento. El pasado julio ya había desacreditado la investigación oficial realizada por el ministerio que había culpado sólo al maquinista y que luego influiría en varios peritajes de la causa penal. Aquel informe de los técnicos comunitarios atacando a Fomento fue fundamental, consideran las víctimas, para que la instrucción judicial de la causa penal girase y dejase de considerar al maquinista cómo único responsable del siniestro.
Este martes, a las 10.30 horas, está citado en el juzgado de Santiago Andrés Cortabitarte, quien como director de Seguridad de Adif cuando se puso en servicio a línea estaba obligado, segundo dice ahora el juez avalado por varios peritos, a analizar el riesgo de la curva de Angrois y paliarlo. Por el contrario, Cortabitarte autorizó que se redujese la seguridad y que los trenes Alvia circulasen por la línea de AVE Ourense-Santiago desde un año antes del accidente con el sistema de control constante de la velocidad (ERTMS) desconectado y haciendo responsable único de frenar a tiempo antes de la curva al maquinista de cada tren.
Línea aún no certificada
Junto con el escrito de las víctimas oponiéndose a los recursos de Adif y Cortabitarte en los que se pedía la desimputación de éste último, este lunes también ha sido presentado en el juzgado de Santiago un escrito similar del abogado del maquinista. En él, el letrado destaca, entre otras cuestiones, que la línea Ourense-Santiago carecía hasta ahora del denominado certificado europeo de interoperabilidad, “fundamental para la seguridad”. “Cinco años después de la puesta en servicio de la línea [de AVE Ourense-Santiago] y tres años después del accidente, en concreto el día 13-9-2016, Adif adjudica [ese trámite] necesario para la autorización de entrada en servicio”, constata el abogado, como ya habían denunciado hace unos días las víctimas, y acompaña su escrito de los documentos que prueban que la empresa pública acaba de encargar ahora esos trabajos.