El pasado 24 de enero la Comisión Europea anunció la apertura de un procedimiento de infracción contra España por considerar que “no cumple los requisitos de la legislación de la UE sobre seguridad ferroviaria”. El ejecutivo comunitario se esforzó en desligar su decisión de ningún accidente concreto, en particular el del Alvia en Santiago, a pesar de que todas las fuentes consultadas admiten que la lucha insistente de las víctimas de ese siniestro está detrás de esa investigación europea. Ahora la Comisión Europea revela que una de las cuestiones por las que está investigando a España es si se están haciendo “evaluaciones de riesgo adecuadas”, elemento clave por el que está imputado un cargo de Adif en la causa judicial sobre el accidente de la curva de Angrois, en el que murieron 80 personas.
La referencia expresa de la Comisión Europea a sus dudas sobre la adecuación de las evaluaciones de posibles riesgos existentes en las líneas ferroviarias españolas aparece en una carta con la que el ejecutivo comunitario acaba de responder a la denuncia que presentó contra España en 2017 la eurodiputada del BNG Ana Miranda, que está actuando como representante de facto de las víctimas del Alvia en Bruselas. En ese escrito el ejecutivo comunitario ofrece más explicaciones sobre el procedimiento sancionador abierto hace dos semanas que las que hizo públicas entonces.
El 24 de enero la Comisión Europea dijo que había identificado “deficiencias” en cómo España investiga los accidentes ferroviarios (cuestión sobre la que la UE se viene mostrando muy crítica con España desde 2016 por el caso concreto de Angrois) así como “deficiencias” también en la supervisión de la seguridad ferroviaria por parte de los organismos estatales encargados de esa cuestión. Pero ahora, en la carta remitida a la eurodiputada del BNG, añade que también tiene dudas sobre si España está haciendo evaluaciones de riesgos adecuadas, o correctas evaluaciones de riesgo (“proper risk assessments”, en el original en inglés), elemento que no había mencionado hace dos semanas.
Esa cuestión, los análisis de riesgos que se deben hacer antes de poner en servicio las líneas ferroviarias o cuando se producen cambios significativos en su seguridad, es el elemento clave por el que en la causa judicial por el accidente de Angrois está imputado, además del maquinista del Alvia que se despistó y no frenó a tiempo antes de la curva, también el entonces director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte.
Hace dos meses el juez instructor, apoyado después por el fiscal, dio por finalizada la investigación penal y propuso juzgar tanto al maquinista como al cargo de Adif como responsables en igual grado del accidente. El magistrado considera que Cortabitarte autorizó en 2011 la puesta en servicio del AVE Ourense-Santiago en el que ocurrió el siniestro y en 2012 la desconexión en los Alvia del control automático de velocidad “sin que conste que previamente se hubiese evaluado el riesgo que dichos cambios pudieran comportar para la seguridad”. Una conclusión a la que el juez llegó apoyándose, entre otras pruebas, en un informe muy crítico con la actuación de Adif en el caso de Angrois remitido al juzgado por la Agencia Ferroviaria Europea.
En su carta, firmada por la directora general de Transporte Elisabeth Werner, la Comisión insiste, como ya hizo hace dos semanas, en desligar el actual procedimiento de infracción contra España de ningún accidente concreto. Sin embargo, la propia Comisión relaciona la carta de respuesta al BNG emitida con fecha del pasado lunes, diez días después de hacer pública la investigación contra España, con la queja enviada en 2017 por Miranda ligada al caso de Angrois. La Comisión Europea insiste en que su preocupación no es que el sistema ferroviario español sea inseguro sino en que los procedimientos con los España supervisa esa seguridad no sean tan efectivos como exige la reglamentación comunitaria.
Tras conocerse hace dos semanas el procedimiento de infracción contra España, tanto las víctimas de Angrois como la eurodiputada del BNG señalaron que, a pesar de que la investigación europea analizará la situación actual y no la pasada, deja en evidencia los defectos de seguridad existentes en el accidente de Santiago. “Si la UE dice que España aun no cumple las normas de seguridad, ¿cómo sería cuando el accidente?”, destacaron.