Varios ministerios y departamentos inferiores del Gobierno de España acaban de evidenciar, a través de varias respuestas oficiales sobre los residuos radiactivos vertidos durante años frente a Galicia por varios países europeos, que éstos no son objeto de sus propias preocupaciones y que ni siquiera tienen claro si alguien está vigilando el estado de esos bidones. En varias respuestas a preguntas sobre esos residuos realizadas por la asociación ambiental gallega Petón do Lobo, varios departamentos desvían responsabilidades de forma cruzada hacia otros tanto estatales como internacionales.
Este diario publicó el pasado noviembre, coincidiendo con el 35 aniversario del fin de los vertidos en la denominada Fosa Atlántica, que una docena de organismos estatales e internacionales eran incapaces de aclarar si alguien vigila con algún tipo de programa permanente de supervisión, o cuándo se hizo por última vez, unos bidones que en algún caso se están aproximando ya a las siete décadas de antigüedad. Tras publicarse esa investigación, la Asociación Petón do Lobo formuló al Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente una solicitud de información sobre los residuos preguntando quién tiene competencia para vigilar esos bidones, cuándo se realizaron las últimas investigaciones y cuándo serán las próximas. Medio Ambiente, que en su momento no quiso contestar a preguntas similares formuladas por este diario durante varias semanas, sí respondió a la asociación, pero sin aclarar las cuestiones formuladas.
En una primera contestación por escrito el 25 de enero, la Oficina de Información Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente dice que, tras consultar a sus direcciones generales de Calidad y Evaluación Ambiental y de Sostenibilidad de la Costa, las dos indican que no tienen competencia ni información al respecto. Medio Ambiente le dice a la asociación que traslada sus preguntas al Ministerio de Energía porque considera que puede ser esa la autoridad competente.
El 9 de febrero el mismo Ministerio de Medio Ambiente contesta nuevamente a la asociación facilitándole la respuesta que ofrece Energía. En ella, ese departamento indica, como ya contó este diario, que “la realización del inventario de los residuos sólidos vertidos al mar fue solicitada al OIEA [Organismo Internacional de la Energía Atómica] por las partes contratantes de la 'Convención para la prevención de la contaminación marina por el vertido de residuos y otras sustancias'”, la denominada Convención o Convenio de Londres, pero añadiendo Energía que sobre esa convención “corresponde su seguimiento al ámbito de actuación del Ministerio de Medio Ambiente”.
Ante esa respuesta que lo alude directamente, Medio Ambiente contesta a la asociación, tras consultar “nuevamente” a su Dirección General de Sostenibilidad de la Costa, con un nuevo desvío de la responsabilidad hacia un tercer ministerio, el de Fomento. Argumenta Medio Ambiente en esa su segunda respuesta que “el Convenio de Londres, si bien tiene una incidencia clara en el medio ambiente, no es en sentido estricto un convenio de protección del medio marino”, por lo que entraría dentro del ámbito competencial de la Marina Mercante, dependiente de Fomento.
Pero esa segunda respuesta de Medio Ambiente no queda ahí. Tras recordar que en la actualidad están prohibidos nuevos vertidos nucleares, Medio Ambiente añade que “el seguimiento de vertidos históricos en aguas internacionales, como es el caso consultado compete a la Agencia Europea de la Energía Atómica, y en España el organismo que puede tener más información es el Consejo de Seguridad Nuclear”. Sin embargo, en la explicación previa del Ministerio de Energía que había motivado esa segunda respuesta de Medio Ambiente, el primero señalaba que el organismo con el que está en contacto su dependiente Consejo de Seguridad Nuclear en lo referente a analizar la radiactividad marina no es la agencia europea sino el OIEA. Pero el Consejo de Seguridad Nuclear, contactado en su momento por este diario, negó saber nada de la cuestión.
El intercambio de responsabilidades entre los ministerios de Medio Ambiente, Energía y Fomento es similar al existente a nivel internacional entre los diversos organismos contactados por este diario y todos coinciden en ser incapaces de decir cuándo se vigilaron esos residuos por última vez y cuándo está previsto que se vuelva a hacer, limitándose a asegurar que no hay pruebas de que su radiactividad esté llegando a la costa, que es lo que de manera periódica revisa el Gobierno central.
Tras la publicación de la investigación realizada por este diario, varios partidos políticos formularon preguntas sobre la vigilancia de esos residuos en los parlamentos de Santiago, Madrid y Bruselas. La primera respuesta al respecto llegó nuevamente de fuera de España, cuando la Comisión Europea contestó a mediados de enero al eurodiputado socialista y ex-ministro de Fomento José Blanco que no tenía “conocimiento de nuevos estudios científicos sobre el estado de los residuos radiactivos vertidos en la Fosa Atlántica”. La Comisión Europea, añadía, “tampoco ha sido informada por las autoridades españolas de ningún plan para llevarlos a cabo. Las autoridades españolas no han planteado a la Comisión la necesidad de tales estudios”.
Al igual que ahora la asociación ecologista gallega, también Greenpeace, que en su momento luchó de la mano de marineros gallegos para que finalizasen los vertidos, reclamó que se vigile el estado de esos residuos y que se hagan responsables de ellos los estados que los vertieron.