La Xunta solo publica sus acuerdos con empresas si alguien lo pide pese a tener la obligación de divulgarlos todos
Transparencia sólo bajo demanda. Esa es la línea de actuación de la Xunta desde finales del pasado año, fecha desde la que el Gobierno gallego no ha vuelto a hacer público por iniciativa propia, como le exige su propia ley autonómica de Transparencia, ninguno de los cientos de acuerdos que firma cada mes con otras administraciones, empresas o asociaciones. En lo que va de año la web del registro público de convenios, en la que deben aparecer todos esos acuerdos que firma de manera cotidiana, sólo muestra dos, y los dos han sido allí colgados sólo después de que los solicitase Praza.gal a través de sendas peticiones expresas de transparencia.
En 2016, por ejemplo, la Xunta firmó un total de 1.632 convenios con todo tipo de entidades, buena parte de ellos con un coste económico o unos deberes determinados para la Administración gallega. En 2006 el entonces gobierno autonómico bipartito de PSdeG y BNG estableció que a través de una página web cualquier ciudadano pudiera conocer el concepto y el importe de cada acuerdo, pero para acceder a cada texto íntegro había que solicitarlo de manera expresa. En 2016 el PP aprobó una nueva lei de Transparencia autonómica que estableció que ese registro de convenios debe hacer público el texto íntegro de todos los acuerdos y la memoria económica que los justifica. Pero la aplicación de ese precepto está acumulando importantes demoras.
La ley no estableció plazos para esa publicidad activa, por lo que en la práctica las reiteradas demoras de la Xunta en actualizar ese registro hacen que la situación actual sea similar a la del bipartito. Para tener acceso a un convenio hay que solicitarlo y esperar. E incluso así, la Xunta puede ocultar partes del texto de manera discrecional, como hizo con un convenio para un centro de investigación de drones en Lugo del que ocultó que el complejo podría afectar a un ave en peligro de extinción, dato que por el contrario no tuvo problema en divulgar el Ministerio de Defensa.
El registro de convenios lleva meses sin actualizarse y los últimos acuerdos colgados en él de manera sistemática datan de diciembre del año pasado. Ante esa lentitud, en este tiempo Praza.gal reclamó tener acceso a dos acuerdos concretos de los cientos firmados en estos meses a través de otra vía distinta a la de la web del registro de convenios, la de formular una solicitud expresa de acceso a información por la vía de transparencia que posibilita la ley estatal.
En mayo este diario reclamó el convenio firmado el 22 de enero entre la Vicepresidencia de la Xunta y la Secretaría de Estado de Justicia en materia de formación de diverso personal de la Administración de Justicia. Y este mismo mes de julio este diario también solicitó tener acceso al convenio firmado el 29 de mayo con la empresa Indra para la cesión a esta de un espacio en la Cidade da Cultura. La respuesta a las dos solicitudes directas de información por parte del Gobierno gallego fue la de publicar a los pocos días esos dos acuerdos en la web del registro público de convenios. Esos dos son los únicos convenios que allí figuran desde diciembre del año pasado.
Por otra parte, la lectura de los dos convenios permite comprobar que su texto es lo suficientemente ambiguo como para no resultar problemático para el Gobierno gallego. El convenio con Indra, por ejemplo, contempla que la empresa pague un alquiler por el espacio de la Cidade da Cultura que ocupe su Centro de Excelencia en Tecnologías Innovadoras Sociosanitarias (CETISS), pero no se especifica el importe, que se remite a una tramitación posterior.
No es la primera ocasión, no obstante, que el Gobierno gallego pone en práctica esta mecánica, divulgando la parte más o menos genérica de un convenio y relegando a un trámite posterior los detalles a través de adendas o anexos. Muestra de esto son, por ejemplo, los acuerdos cerrados por el Sergas con la empresa estadounidense Medtronic, que permiten a la compañía multinacional testar algunos de sus productos y servicios en hospitales públicos.
Como reveló Praza.gal, la Consellería de Sanidade sí publicó la parte genérica pero no hizo lo mismo con los “anexos” correspondientes a las operaciones acordadas para cada hospital, documentación que siguió ocultando incluso cuando le fue solicitada formalmente por la Asociación de Pacientes del Complejo Hospitalario de Santiago (CHUS). Mientras que la parte pública del convenio señalaba que el acuerdo no tenía coste económico para la Administración, los anexos sí especificaban que la sanidad pública ponía dinero y personal de sus centros. En este caso, además, la Xunta se saltó “un paso esencial” de la ley de transparencia estatal, según dictaminó la Comisión de Transparencia de Galicia.
