La Xunta blinda la financiación pública a colegios que segregan por sexo hasta 2023
La LOMCE sigue viva y algunos de sus aspectos más polémicos, funcionando a pleno rendimiento en Galicia. La apodada como Ley Wert tiene a la mayoría del Congreso de los Diputados en contra pero el acuerdo para su derogación sigue embarrancado en el bloqueo parlamentario. Mientras esto sucede esta es la ley en la que el Gobierno gallego se apoya para tomar decisiones en el campo educativo; la última, la adjudicación de conciertos con centros privados, que la Consellería de Educación extiende más allá del límite temporal que marca la propia norma y que trae consigo un total de 58 unidades concertadas para los cinco colegios que en Galicia segregan al alumnado en función de su sexo, cuatro de ellos propiedad de una empresa ligada al Opus Dei.
La Xunta acaba de dictar la orden por la que aprueba los conciertos educativos que, como norma general y al margen de las revisiones anuales -por criterios como la variación de la población-, comenzarán en el próximo curso 2017-18 y no finalizarán hasta el fin del período académico 2022-23, lo que extiende el compromiso económico hasta casi el final de la próxima legislatura autonómica, con independencia del color político del Gobierno. La distribución de conciertos en Educación Infantil, Primaria, ESO, Educación Especial y Formación Profesional beneficia a 3.913 unidades en más de dos centenares de centros entre los que se incluyen los cinco segregacionistas, los mismos a los que la Xunta siguió financiando mientras hacerlo fue contrario a la ley vigente.
Los colegios Montespiño -femenino- y Peñarredonda -masculino- de A Coruña consiguen en virtud de esta orden el concierto de sus respectivas 6 unidades de primaria y 4 de la ESO, las mismas que los vigueses Las Acacias -femenino- y Montecastelo -masculino-, si bien este último suma también cuatro unidades de Formación Profesional. El quinto centro segregacionista que seguirá teniendo financiación pública es femenino Aloya, también situado en Vigo, con 12 unidades de Formación Profesional.
El balance total de estos colegios supone un incremento de ocho unidades con relación a la anterior asignación de conciertos, la del año 2013. Entonces la Consellería resolvió seguir financiando a los colegios que separan a niñas y niños a pesar de contradecir la ley educativa impulsada por el Gobierno de Zapatero en 2006, en ese momento todavía vigente, aunque había dejado fuera de financiación el primer curso de Primaria. Después de aquella orden el Tribunal Supremo sentenció la irregularidad, pero por otra parte el Gobierno de Rajoy había sacado ya adelante la LOMCE y la Consellería de Educación, todavía con Jesús Vázquez al frente, sumó a los colegios Montespiño, Peñarredonda, Las Acacias y Montecastelo una unidad de primero de Primaria para cada uno.
Fin de la preferencia para la educación en igualdad
Más allá de la financiación para centros que segregan y de la ampliación general y todos los conciertos de cuatro a seis años -a LOMCE obliga a hacerlo solo en Primaria-, otra de las principales novedades de esta nueva orden de conciertos es la desaparición de la educación en igualdad como uno de los criterios a ponderar a la hora de asignar o no financiación pública a un colegio privado. En las órdenes de conciertos de 2009 -dictada por el bipartito de PSdeG y BNG- y 2013 -del Gobierno del PP- entre los criterios por los que un colegio tenía que ser “objeto de atención preferente” en el reparto de los conciertos figuraban “los que desarrollen el principio de coeducación en todas las etapas educativas”. Pero este precepto desapareció en la orden de 2017.
La eliminación de la coeducación como criterio para financiar o no colegios personales contradice no solo las reclamaciones de la oposición parlamentaria y de sindicatos educativos, sino también el Plan de Actuaciones para la Igualdad en los Centros Educativos de Galicia que la propia Xunta tiene vigente para el período 2016-2020. Según ese plan, gestionado conjuntamente por la Consellería de Educación y la Secretaría Xeral de Igualdade, la coeducación es “una de las herramientas más útiles y potentes para acabar con la desigualdad” y “superar perjuicios sexistas”. No obstante, la escuela concertada tiene ahora permitido obviar estas líneas de actuación.
Estos cambios han sido obviados por la Consellería tras hacer público el reparto de conciertos. A juicio del departamento que dirige Román Rodríguez es necesario destacar que “la dinámica de incremento de unidades concertadas disminuyó de forma considerable en los últimos años” y llama a subrayar que “el actual gobierno incrementó en 77 el número de unidades concertadas”, mientras que “el bipartito en cuatro años las incrementó en 2013. Los conciertos absorben ”alrededor del 11%“ del presupuesto del departamento, señala.
