La Xunta ha informado este sábado de que ha sancionado a la familia Franco, propietaria del Pazo de Meirás, con una multa de 4.500 euros por incumplir su deber de permitir visitas al recinto cuatro días al mes como Bien de Interés Cultural (BIC) que fue declarado. La cuantía no agota el máximo previsto en la ley para sanciones por ese tipo de incumplimientos, que se consideran leves y oscilan entre los 300 y los 6.000 euros, como recuerda el propio Gobierno gallego.
Los propietarios del Pazo de Meirás vienen incumpliendo reiteradamente el régimen de visitas y este mismo viernes la Fundación Francisco Franco, encargada desde hace varios meses de gestionarlas, informó de que las da por canceladas “hasta nueva orden” argumentando motivos de seguridad después de que varios miembros del BNG protestasen en el recinto para exigir la devolución del edificio. Pero no es por ese anuncio por el que llega ahora la sanción de la Xunta sino por incumplimientos anteriores. Según el Gobierno gallego, que habla de “problemas en la gestión de las visitas”, la multa “le fue comunicada ya a los interesados, que ahora disponen de quince días para presentar las alegaciones que consideren oportunas”.
La Xunta recuerda que la Ley del Patrimonio Cultural de Galicia, en su artículo 48, indica que “las personas propietarias, poseedoras, arrendatarias y, en general, titulares de derechos reales sobre los bienes de interés cultural específicamente declarados permitirán su visita pública gratuita un número mínimo de cuatro días al mes durante, por lo menos, cuatro horas al día”. Y añade que la Consellería de Cultura “informó reiteradamente a los propietarios que, tal y como figura en dicha norma autonómica, es su deber abrir el pazo”.
La Xunta también se refiere en su nota al anuncio realizado este viernes por la Fundación Franco. “En el día de ayer se abrieron nuevas diligencias informativas ante el anuncio de la Fundación Francisco Franco de cancelar las visitas al bien. La Xunta, por tanto, actúa ante cualquier posible incumplimiento de la Ley del Patrimonio Cultural y así lo seguirá haciendo”, dice el gobierno gallego.
El pasado jueves el propio presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, que incluso sugirió a los propietarios que donen el pazo, mostró su sospecha de que estos, a través de la fundación, quieran “provocar” una expropiación del mismo. Esa idea fue transmitida también por otros miembros del PP, que aseguran que la Xunta no está para darles dinero a los Franco. Sin embargo, el Gobierno gallego sufragó hasta finales de 2012 la seguridad del pazo con un desembolso de más de 50.000 euros, diez veces más que multa que ahora impone.