La Xunta se muestra impotente para expulsar a la Fundación Franco del Pazo de Meirás
Toda la oposición gallega (En Marea, PSdeG y BNG) y la Diputación de A Coruña, que gobiernan socialistas y Bloque, han mostrado su perplejidad e indignación después de conocerse que la Fundación Francisco Franco gestiona desde hace meses las visitas al Pazo de Meirás y que, tal y como ha advertido en un comunicado, empleará esta labor para exaltar “la grandeza” del dictador. La polémica llegará a la Cámara gallega, pero también al Parlamento europeo, después de que el BNG haya anunciado la solicitud de su portavoz comunitaria, Ana Miranda, para que la Comisión Europea actúe contra la entidad fascista por “apología de la dictadura y de la figura del dictador”. La Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da (CRMH) de A Coruña pide directamente su ilegalización y todos reclaman a la Xunta que reaccione y haga algo ante lo que consideran una “burla y provocación”.
Pero el Gobierno gallego tiene las manos atadas. Mientras la familia del dictador sea la propietaria oficial del Pazo y la Fundación Francisco Franco sea legal, no hay mucho que hacer. Así lo ha vuelto a recordar la Consellería de Cultura en respuesta a las preguntas de este diario. “La Xunta cumple con la ley, como no podría ser de otra manera en un Estado de derecho. Y dentro de este marco democrático, todas las personas o entidades jurídicas deben respetar y cumplir las normas democráticas con las que se dota el Estado”, explica.
Además, recuerda que la Fundación Francisco Franco “es una entidad considerada legal” y que, “por lo tanto, su derecho, pero también su deber, es actuar bajo las reglas democráticas”. Sobre la posibilidad de impulsar iniciativas para recuperar el Pazo para el ámbito público o ponerse en contacto con la familia del dictador para advertirle de la imposibilidad de hacer apología de la dictadura, la Xunta nada dice. “En todo caso, si la Xunta detecta alguna actuación fuera del marco legal establecido, la pondrá en conocimiento de los órganos judiciales pertinentes”, asegura.
Como se insiste desde la Consellería, el Pazo de Meirás “es un Bien de Interés Cultural (BIC) de titularidad privada” y, tal y como figura en la Ley del Patrimonio Cultural, “es deber de los propietarios abrirlo al público y gestionar su mantenimiento”. “Esta ley no establece nada al respecto a que las visitas se gestionen a través de uno u otro tipo de entidad”, insiste, por lo que la Xunta “velará porque siempre se cumpla la ley dentro de lo que establece la propia ley”.
Y la ley establece, por el momento, que no hay manera. La solución sería cambiarla, pero hace tan solo unos meses, el PP rechazó esa posibilidad en el Parlamento gallego. Votó en contra de iniciar la tramitación de una proposición de ley presentada por En Marea y apoyada por PSdeG y BNG para recuperar la titularidad pública del Pazo de Meirás. Era solo el inicio de un trámite que continuaría con la Cámara gallega remitiendo una proposición de ley al Congreso de los Diputados para reformar la Ley de la Memoria Histórica e introducir en ella una disposición adicional que permitiera la recuperación del pazo. Esa disposición indicaba que en un plazo de seis meses las administraciones públicas deberían iniciar el proceso para recupear la titularidad pública del bien, que pasaría a ser gestionado por un ente público consorcial formado por el Estado, la Xunta, la Diputación de A Coruña y el Ayuntamiento de Sada, municipio en el que se encuentra.
Desde la CRMH, que lleva tiempo reclamando la recuperación del Pazo para lo público, piden también que se actúe de inmediato contra la Fundación Francisco Franco. “Sugerimos, a quien corresponda, a la Fiscalía o a los jueces, que corrijan esta anormalidad y revisen las actividades de esta fundación y que atiendan a sus manifestaciones, que nos parecen muy próximas al tipificado como delito de odio”, aseguró en la Radio Galega Fernando Souto, presidente de la Comisión en A Coruña, que solicita que el Estado “ilegalice” a esta entidad fascista “amparándose en las leyes democráticas que permitan llevar adelante esa acción, como la ley de fundaciones o de lo tipificado en el Código Penal”.
Desde la oposición, todos los partidos han mostrado ya su rechazo a la actitud de la Fundación Franco pero también al silencio y dejadez de la Xunta. El PSdeG pide un pronunciamiento oficial del Gobierno gallego que “repruebe” las declaraciones de esta entidad y el uso del Pazo para la “exaltación” de la dictadura. El BNG pide crear una comisión de estudio para revertir el inmueble al patrimonio público gallego, al tiempo que, junto con En Marea, denuncia la “complicidad, permisividad y connivencia” del Ejecutivo y del PP con la institución franquista.
Este miércoles, En Marea insistió en que el Pazo de Meirás “sea un homenaje a las víctimas” y en “rechazar el insulto de convertirlo en una glorificación del fascismo”. “Consideramos una burla al pueblo gallego y una ignominia a las víctimas de la barbarie franquista que uno Bien de Interés Cultural sea gestionado por la Fundación que glorifica la un dictador sanguinario”, dice.
