El PP aprueba en solitario la ley gallega de recursos naturales, que la oposición califica de “greenwashing” de la Xunta

El pleno del Parlamento ha aprobado, con solo los votos a favor del PPdeG y el rechazo de la oposición, la ley de promoción de los beneficios sociales y económicos de los proyectos que utilizan los recursos naturales de Galicia, una norma con la que, para BNG y PSdeG, la Xunta busca el “greenwashing” o “teñir de verde” su política, pero tras la cual impulsa, según coinciden, “más privatización”.

El PP, por su parte, defiende una ley con la que el Gobierno gallego intenta “facilitar la implantación de todos aquellos [proyectos] que cumplan” con los requisitos medioambientales. Según informa Europa Press, tras su paso por la Cámara, el texto final incorporó nueve enmiendas: una de los populares, cinco del Bloque y tres de los socialistas, dos de estas últimas transaccionadas.

La portavoz del PSOE gallego en el debate, Patricia Iglesias, acusó al grupo mayoritario de “pasar la apisonadora”, pues sus enmiendas “cayeron en saco roto” y “de 34, aceptaron dos que son meramente cosméticas, de estilo”. Cinco de 67 son las que se sumaron de los nacionalistas, según recalcó el diputado José Manuel Golpe, quien, como Iglesias, consideró la ley una “oportunidad perdida”.

En paralelo con la ley que aprueba este martes el Parlamento, la Xunta presentó a finales del pasado año la sociedad mixta Recursos de Galicia, y recientemente también dio a conocer la comercializadora de energía con la que pretende rebajar el coste de la luz para empresas y vecinos de zonas afectadas por, por ejemplo, parques eólicos. “Ni es pública, ni es social, ni es gallega”, avisó, tajante, la diputada del PSdeG Patricia Iglesias, quien, como a continuación el portavoz del BNG en el debate, apuntó a la posibilidad de que la comercializadora incurra en prácticas contrarias a las normas de competencia. En concreto, se refirieron a un posible dumping, es decir, venta a pérdidas.

También han sido protagonistas este martes las referencias a los cambios en la planificación eólica que el Ejecutivo autonómico pretende a través de la ley de acompañamiento a los presupuestos de 2025. Iglesias (PSOE) atribuyea la Xunta una “autoenmienda” de su política en este ámbito y ve en ello una “muestra de un Gobierno del que no se puede uno fiar, por su incoherencia”. Por parte del Bloque, Golpe cargó contra las medidas que contiene la ley que sale aprobada, puesto que, en opinión de su grupo, “trazan un rumbo hacia la destrucción del país vestido de beneficios”. Son, insistió, “medidas pensadas para que haya más privatización de los recursos y más discrecionalidad” por parte de la Xunta.

En un contexto de “tercera revolución industrial”, el diputado popular Alberto Pazos defendió que Galicia la afronta “por primera vez desde una posición de privilegio” porque dispone de recursos para la generación de energía renovable: “Desaprovechar esa circunstancia constituiría un ejercicio de irresponsabilidad”. En un contexto en el que la Justicia tiene paralizados por posibles daños ambientales irreversibles más de un centenar de parques eólicos autorizados por la Xunta, Pazos aseguró que “los proyectos continuarán estando sometidos a las máximas exigencias ambientales”.

La conselleira de Economía e Industria, María Jesús Lorenzana, no ha tomado la palabra al término del debate, como suele ocurrir cuando tiene lugar la votación definitiva de un texto legal, y ha sido después del segundo punto del orden del día, el relativo a una iniciativa legislativa popular, cuando el presidente del Parlamento, Miguel Santalices, ha indicado a la oposición que intervendría durante tres minutos: “Si lo tienen a bien”. Tanto el BNG como el PSdeG lo rechazaron. Sería “una anomalía absoluta”, dijo Olalla Rodil, del BNG, citando el reglamento de la Cámara. “No procede”, añadió José Ramón Gómez Besteiro, portavoz de los socialisstas. El PP alegó que la conselleira había pedido intervenir a través de un correo electrónico y que el error era de “la Presidencia”. Santalices consultó con un letrado de la Cámara, que señaló que, efectivamente, no procedía.