Al Partido Popular no le gusta el duro informe que este viernes ha publicado el Consello da Cultura Galega, órgano consultivo y asesor de la Xunta de Galicia, sobre el proyecto de implantación de una macrocelulosa en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo). Apenas cinco horas más tarde de la presentación del texto ante la prensa, los eurodiputados conservadores adscritos a la organización en la comunidad, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, lo despachaban con una acusación de “nula independencia” y tildaban a los 10 investigadores, catedráticos y profesores que lo elaboraron de “supuestos especialistas”. No se cortaron a la hora de emitir otro clásico de lo que los conservadores entienden por crítica: son “parte de la órbita del BNG”.
El documento, de 181 páginas, dividido en ocho secciones y un apartado de conclusiones, alerta de la “fractura en el territorio” que produciría la instalación de la pastera, asegura que, con los datos disponibles, los empleos serán la mitad de los comprometidos -entre 161 y 280 frente a la promesa de 5000- y la riqueza generada, escasa. También se refiere a que el consumo de agua o de madera de eucalipto será superior al avanzado por la empresa portuguesa que promueve la iniciativa y advierte de que habrá efectos no previstos sobre el patrimonio cultural o un cambio de modelo territorial que afectará a los recursos turísticos de la zona, en el Camino de Santiago. Los coordinadores del trabajo, la arquitecta y funcionaria de la Administración gallega Teresa Nieto y el profesor de Ingeniería Agroforestal de la Universidade de Santiago de Compostela Eduardo Corbelle defendieron que “una decisión de política pública de enormes repercusiones en el medio y largo plazo” como la instalación de esta factoría “merece un mayor debate social, más sosegado”.
La respuesta del PP, que gobierna la Xunta a la que asesora, por mandato del Estatuto de Autonomía, el Consello da Cultura, no fue precisamente sosegada, tampoco elaborada. Fue esta: “¿Qué hace un órgano especializado en la cultura valorando una instalación industrial de tanta complejidad y envergadura?”. La institución señalada por los populares cuenta entre sus competencias con la de “asesorar y consultar los poderes públicos de la comunidad autónoma, especialmente la Xunta y el Parlamento de Galicia”. Su concepto de la cultura no es restrictivo y se estructura en seis secciones permanentes, entre ellas una de patrimonio y bienes culturales, otra de ciencia, tecnología, naturaleza y sociedad u otra de pensamiento.
Lo que para el PP son “supuestos especialistas” de la “órbita del BNG”, que -aseguran Millán Mon y Vázquez- “participaron en movilizaciones contra Altri”, son en realidad expertos, investigadores y docentes con años de carrera y estudios en sus respectivas materias. Además de Nieto y Corbelle, han trabajado en el informe Rebeca Banco Rotea, arqueóloga e investigadora de la portuguesa Universidade do Minho; María José Fernández Sanjurjo, profesora de Edafología y Química Agrícola de la Universidade de Santiago de Compostela (USC); Horacio García, profesor de Geografía da USC y experto en hidrología; Juan Manuel Lema Rodicio, catedrático emérito de Ingeniería Química de la USC; Vicente Pérez Muñuzuri, catedrático de Física de la Materia Condensada de la USC; Edelmiro López Iglesias, profesor del Departamento de Economía Aplicada de USC; Ana Isabel García Arias, investigadora del Centro de Investigación Interuniversitario das Paisaxes Atlánticas Culturais (Cispac); Xosé M. Santos, catedrático de Xeografía Humana de la USC, y Sonia Villapol, jefa de laboratorio en el departamento de neurocirugía del Hospital Methodist en el Texas Medical Center en Houston, Texas, y profesora de Neurociencia del Weill Cornell Medical College de Nova York.
Ni rastro del informe en el Telexornal de TVG
Pese a la dimensión y profundidad del documento, que contradice los informes técnicos de la Xunta que se han ido conociendo por la prensa, a la Televisión de Galicia no le pareció noticia. Su Telexornal del mediodía obvió la presentación, a la que acudieron numerosos medios de comunicación. Sí tuvo espacio, sin embargo, para una respuesta de la Comisión Europea a la eurodiputada del BNG Ana Miranda. La nacionalista había preguntado por Altri y la Directiva de emisiones industriales. La Comisión replicó que no observa ninguna infracción “en esta fase temprana del procedimiento” y recomendó a Miranda que “lo más eficaz, al menos en esta fase, sería plantear la pregunta a las autoridades de los Estados miembros”.