El PP gallego dice que no puede saber “las circunstancias personales” de todos sus ediles tras dimitir dos por violencia machista y explotación

En cuestión de 24 horas el PP ha informado de la salida de dos de sus concejales, uno de ellos tras una condena por explotar a trabajadores extranjeros y el otro por haber sido detenido y estar investigado por violencia machista. Uno de los casos trascendió el miércoles por la mañana y el otro, ese mismo día a última hora. La respuesta de la número dos del partido en Galicia, Paula Prado, ha sido rechazar que haya un problema con el filtro de la organización política y argumentar que, pese a lo extendido de la red en el territorio, con presencia en todos los municipios, es “difícil” conocer las “circunstancias personales” de cada edil.

La secretaria general del PPdeG señala, según informa Europa Press, que la formación tiene más de 1.800 concejales en Galicia y por eso pueden aparecer casos como los de José Vázquez Barreiro, el concejal de Guntín (Lugo) condenado por emplear a dos trabajadores sin contrato, con jornadas de 13 horas y sin descansos por un sueldo de 700 euros, o el de Juan Carlos Fernández, el edil de Ribadavia (Ourense) detenido por violencia machista. Los dos renunciaron a sus actas, según informó el PP, y pidieron salir del partido.

Otro caso reciente es el del cabeza de lista del PP en A Illa de Arousa (Pontevedra) en las elecciones locales de 2023. Matías González Cañón, que no era afiliado al partido pero lideraba la candidatura, había sido condenado en 2011 por violencia machista. Cuando se publicó la información, el partido le pidió que se retirara, pero él se negó. Y el presidente del PPdeG, Alfonso Rueda, se comprometió a que no formaría parte del grupo municipal de su partido tras la votación. No cumplió su promesa: en mayo González Cañón se integró en la disciplina del PP, que habló de su “ejemplaridad y compromiso contra la violencia machista”. Rueda dijo en su momento que desconocía aquella condena. Ese desconocimiento lo ha alegado el partido también en el caso del edil de Guntín que acaba de pactar para reducir la pena y ha aceptado una condena de nueve meses de prisión por explotación laboral.

Tras las dos salidas más recientes, Paula Prado ha recalcado que ambos han presentado su renuncia y han pedido la baja como militantes.