El PP gallego se vuelve antisistema: Rueda se lanza contra las instituciones de la comunidad, de los tribunales al Consello de Contas

El pasado viernes a las ocho y media de la mañana una convocatoria urgente llegaba a los buzones electrónicos de los medios de comunicación. El Partido Popular anunciaba una rueda de prensa de su portavoz en el Parlamento de Galicia, Alberto Pazos Couñago, apenas tres horas más tarde. No especificaba motivos, apenas el habitual “asuntos de actualidad”. Cuando Pazos Couñago se dirigió finalmente a la prensa lo hizo para descerrajar un inhabitual ataque contra uno de los miembros del Consello de Contas, el organismo fiscalizador de la Xunta, de carácter estatutario y cuya composición acordó por unanimidad la Cámara autonómica. “Es preocupante el afán de protagonismo del conselleiro designado por el socialismo gallego”, dijo, “preocupado por criticar a la Xunta en cualquier ámbito”.

El Consello de Contas no es la única insitución oficial, derivada del Estatuto de Autonomía, blanco de los ataques de la derecha gubernamental gallega en los últimos meses. El Consello da Cultura Galega, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia o incluso el Instituto Galego de Estatística han recibido rapapolvos por parte de cargos del PP, desde el propio Alfonso Rueda hasta sus diputados y terminales mediáticas. Un extraño discurso implícitamente antisistema -siempre y cuando el sistema no les dé la razón en todo- se abre paso entre los populares gallegos.

El contexto de las extemporáneas declaraciones de Pazos Couñago no era un contexto cualquiera. El Consello de Contas funciona desde 1985 y se encarga del “control externo de la actividad económica y financiera del sector público en la comunidad”, es decir, según expone su propia página web, “de la fiscalización y control del dinero público, la valoración sobre la utilidad del mismo, la eficiencia en disposición, la racionalidad, así como la posible información sobre las mejoras en su gestión”. Dos de los últimos informes emitidos por la institución no fueron amables con los sucesivos gobiernos del PP en Galicia: uno certificó el despilfarro en la construcción del Hospital Álvaro Cunqueiro de Vigo, 470 millones de euros más debido a la privatización por la que optó Feijóo; el otro puso el foco sobre la escasa ejecución de fondos europeos en 2022, menos de la mitad de los 1.300 millones de euros.

El portavoz parlamentario de los populares no los mencionó. Optó por centrar la arremetida en el conselleiro propuesto por el PSdeG, a quién no citó por su nombre. “Es la primera vez en la historia que uno de los conselleiros del Consello de Contas pretende hacer sombra al conselleiro mayor, la persona que ostenta la representatividad y que es quien debe informar de las actividades del consello”, afirmó. Tampoco aclaró a qué se refería. La persona designada por el Partido Socialista, Simón Rego, había publicado un artículo en el Faro de Vigo en el que denunciaba el abuso de los contratos menores por parte del Gobierno gallego. Lo reiteró en una entrevista en la Cadena SER. Pero en ambos casos evitó presentarse como representante del órgano al que llegó también con los votos del PP y se identificó con su profesión, administrador civil del Estado.

“La órbita del BNG”

Solo unas semanas antes, la maquinaria del PP se había esforzado en cargar contra otra institución pública, recogida en el Estatuto de Autonomía, y con funciones de asesoría a los ejecutivos autonómicos, el Consello da Cultura Galega. Este órgano, que preside la filóloga Rosario Álvarez, elaboró y publicó un denso y duro informe sobre el impacto de la hipotética construcción de una macrocelulosa en Palas de Rei (A Ulloa, Lugo). Sus 180 páginas, firmadas por expertos en las diferentes materias, concluían que la instalación de la factoría proyectada por la compañía portuguesa Altri constituiría “una grave fractura en el territorio”, implicaría muchos menos puestos de trabajo de los anunciados y causaría efectos negativos en el medio ambiente. La Xunta y el PP no se lo tomaron a bien.

Si la línea argumental sobre el Consello de Contas consistió en cargar contra su miembro socialista, esta vez la derecha optó por otro de sus clásicos: los autores del documento “forman parte de la órbita del BNG”. Daba igual que se tratase de prestigiosos profesores universitarios o investigadores profesionales. Para dos eurodiputados del PP, Francisco Millán Mon y Adrián Vázquez, eran apenas “supuestos especialistas” a los que despachaban con una acusación de “nula independencia”, y lo hacían apenas cinco horas después de la presentación a la prensa del informe. Pudiera ser que les hubiera dado tiempo a leerlo completo, pero no lo parecía. A esta primera andanada se sumó la secretaria general del partido, la también diputada Paula Prado. Y, fin de semana por medio, Alfonso Rueda, presidente de la Xunta.

“Yo no voy a entrar porque no me leí el informe. Leí informaciones periodísticas y es sorprendente que, entre las actividades del Consello da Cultura Galega, esta sea de tanta importancia como para presentarla en rueda de prensa”, afirmó al término de la reunión semanal de su gabinete, y cuando habían pasado cuatro días desde la publicación del texto. El cuestionamiento de la legitimidad del órgano asesor para opinar sobre una instalación industrial fue otra de las líneas argumentales del PP, que también usó la prensa afín. El jefe de informativos de la Radio Galega asumió con entusiasmo la idea y pronunció un editorial militante que provocó agudas críticas pero también burlas descarnadas en las redes. El caso es que la institución señalada por los populares cuenta entre sus competencias con la de “asesorar y consultar los poderes públicos de la comunidad autónoma, especialmente la Xunta y el Parlamento de Galicia”. Su concepto de la cultura no es restrictivo y se estructura en seis secciones permanentes, entre ellas una de patrimonio y bienes culturales, otra de ciencia, tecnología, naturaleza y sociedad u otra de pensamiento. El emplazamiento elegido por Altri con el favor de la Xunta afecta, además, al Camiño de Santiago.

Contra un juez del Superior

Esta nueva versión del PP que arremete contra la institucionalidad del Estatuto de Autonomía tampoco deja fuera de su campo de tiro a los tribunales. El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, el órgano que “culmina la organización judicial en el ámbito territorial de la comunidad autónoma”, ha frenado más de medio centenar de proyectos de parques eólicos. La laxitud del Gobierno gallego a la hora de aplicar la legislación medioambiental aparece como uno de los principales motivos, más allá de la muy errática política de energías renovables de los sucesivos ejecutivos de la derecha gallega. Alfonso Rueda no hace autocrítica. Ni la más mínima. Según el presidente gallego, los autos del Superior provocan “una gravísima y total paralización” del sector, y su gabinete los ha recurrido ante el Supremo. Que no siempre le da razón.

El Partido Popular ha ido más allá que su líder. La parálisis eólica, que en realidad arranca con las cuestionables decisiones de Feijóo respecto al plan eólico del bipartito de Partido Socialista y BNG, se debe, señala la derecha, a que un juez del Tribunal Superior fue líder, entre 2016 y 2020, de En Marea. “Como líder de En Marea, Luís Villares intentó paralizar todos los proyectos industriales”, llegó a publicar en redes el PP gallego sin aportar pruebas de ninguna clase. Es más, el propio Villares, magistrado de la sala tercera del Contencioso-Administrativo del TSXG, que no ha respondido en público, sí pidió apartarse de alguna deliberación sobre la materia por haberse reunido con los colectivos ecologistas durante su etapa en política parlamentaria.

La estadística oficial cuestionada

Tampoco aportó muchas pruebas ni argumentos demasiado sólidos el secretario general de Política Lingüística, Valentín García, cuando la semana pasada cuestionó, en sede parlamentaria, la labor del Instituto Galego de Estatística (IGE), que depende directamente de la Xunta y está dirigido por José Antonio Campo Andión, un hombre que llegó al cargo con Manuel Fraga y fue recuperado para el puesto, tras los años del gobierno bipartito de PSdeG y BNG, por Alberto Núñez Feijóo. Según García, el dato de que, tras 15 años de PP en el Gobierno gallego, se haya multiplicado por dos el número de niños de entre 5 y 14 años que no sabe hablar gallego no es “consistente” y “hay que cogerlo con mucha cautela”. ¿La razón? Que los niños no responden directamente a la encuesta del IGE, sino que lo hacen “las personas que en ese momento se encuentran en el hogar”. El trabajo estadístico oficial no sirve tampoco a los populares si, otra vez, no les da la razón en todo o avala sus políticas en los términos en los que el presidente de la Xunta acostumbra a venderlas públicamente.