Aunque en las próximas semanas Galicia tendrá una nueva ley que regule el juego, las máquinas de apuestas y tragaperras de los bares seguirán casi como estaban. Desoyendo las reclamaciones de todas las asociaciones de ludópatas rehabilitados y de los dos partidos de la oposición en la Xunta, el Partido Popular se ha negado a poner coto al juego en la hostelería. Así lo ha podido comprobar elDiario.es en el último borrador de la ley que ya ha cerrado su fase de negociación y que se aprobará en el corto plazo. En este sentido, el PP se ha decantado por replicar el control actual sobre las máquinas expendedoras de tabaco y, de facto, la responsabilidad legal de que no jueguen menores o personas que se han prohibido a sí mismas recaerá sobre el propietario del negocio de hostelería.
“Nosotros hemos repetido una y otra vez que no tiene ningún sentido que se instalen máquinas de este tipo en bares, donde además el control es extremadamente complejo”, denuncia Juan Lamas, director técnico de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (Fejar). “Lo que han propuesto es un mecanismo similar al de las máquinas del tabaco y ya sabemos todos cómo funciona”, lamenta. Cuando fueron preguntadas al respecto por los tres grupos del Parlamento gallego (PP, BNG y PSdG), las asociaciones de exjugadores fueron tajantes al exigir un control individual para cada máquina a través de la lectura del DNI: “Es un mecanismo de control efectivo y que cuesta poco más de un euro. Le quita la responsabilidad al hostelero y es mucho más preciso”. El también director terapéutico de la Asociación Gallega de Jugadores Anónimos (Agaja) añade: “La mayoría absoluta del PP en la Xunta de Galicia le permite atender a sus propios intereses y no a los sociales”.
Precisamente, tratar de paliar el problema de salud pública que suponen las adicciones al juego era uno de los ejes que vertebraban las propuestas del BNG, el PSOE y las asociaciones de afectados. “Pero también eso ha quedado difuminado”, explica Julio Torrado, diputado del PSdG-PSOE en la negociación. “El Partido Popular se ha comprometido a crear el Observatorio do Xogo, pero lo que va en el texto de la ley son solo palabras”, añade. Tanto desde Fejar como desde la oposición solicitaron al PP que incluyese una tasa impositiva que se dedicase explícitamente a la rehabilitación de personas que han desarrollado conductas adictivas por culpa de los juegos de azar y también a su prevención. Lo han rechazado de forma frontal.
En la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados están descontentos con que en el último texto no se haya hecho ninguna mención al juego público: “Sabemos que Loterías y ONCE son competencia del Estado, pero la concesión en muchos espacios es absolutamente autonómica. ¿Cómo es posible que se pueda instalar un puesto de la ONCE en un hospital?”. Desde Fejar llevan años insistiendo en los peligros de modos de juego inmediatos y accesibles como los popularizados como “rascas” o de la buena fama de la que gozan las Loterías y Apuestas del Estado en la mayor parte de los espacios públicos. El Partido Popular ha preferido no responder a las preguntas de esta redacción y esperará a que su tramitación llegue a debate final en el pleno del parlamento.
La desprotección de los autoprohibidos
Una de las medidas que puede tomar una persona que reconoce su adicción al juego es la solicitud de incorporación al Registro de Interdicciones del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Una vez aprobada esta solicitud, son la propia Administración y las empresas las que impiden el acceso a las salas físicas o portales en internet donde se lleve a cabo el juego. “Por eso es tan importante el control en las máquinas de los bares. Una persona que ha desarrollado una patología por culpa del juego le pide ayuda a la Administración, pero obtiene como resultado esta desprotección. Esta propuesta del PP es muy ineficiente”, argumenta el diputado del PSdG-PSOE, Julio Torrado.
“La autoprohibición por sí sola no soluciona el problema de ludopatía, pero ayuda a las personas que ya están en tratamiento, para que, en el supuesto de una recaída, se les pueda disuadir, además de ayudar al paciente a crear más conciencia del problema que tiene”, añaden desde Fejar. Si una vez reconocido el problema de adicción al juego las personas no pueden confiar en la fuerza de voluntad, y ante la inexistencia de esta última, “se tienen que utilizar todas las estrategias que desde nuestro entorno faciliten la intención de no repetir la conducta de juego”.
¿Qué pasa con los casinos?
Además del control en los bares, otro de los puntos de la nueva ley que más controversia suscitan es la normativa sobre casinos. En la actualidad, en Galicia existen dos salas matrices (la ley estatal impide que haya más de una por provincia). Una en A Coruña, del Grupo Comar, y otra en A Toxa (O Grove, Pontevedra), de Luckia. Cada una de ellas tiene derecho una sala anexa. La de A Toxa, en Vigo, y la de A Coruña en verano abrirá en Santiago de Compostela. Tal y como ha sido redactado el texto y según confirman fuentes presentes en la negociación, “nada impediría que el casino de Vigo se convierta en sala matriz y A Toxa se quede como anexa”.
Si esa hipótesis se cumpliese, amparada en un vacío legal, nada impediría la transformación del casino vigués en una infraestructura tan grande como quisiesen sus propietarios. Ahora, al ser una sala secundaria, está limitado al 80% de la capacidad de su matriz en A Toxa. “Si eso cambiase y dado que el casino está ubicado en un centro comercial que no funciona como se esperaba, toda esa infraestructura [A Laxe] podría convertirse en un casino gigante”, argumentan las mismas fuentes. De hecho, el casino se encuentra entre el muelle de transatlánticos y la zona vieja de la ciudad. Es decir, está en la puerta de entrada de decenas de miles de turistas cada año.