Ningún dato que no salga de su propio grupo parlamentario es bueno para Alfonso Rueda. Da igual que proceda de organismos oficiales: si lo recoge la oposición, el presidente de la Xunta de Galicia lo pondrá bajo sospecha. En la sesión de control parlamentario de este viernes quedó claro una vez más. Para Rueda, cifras como las relativas al PIB, a la inflación o la renta de los hogares en las que el portavoz socialista apoyó su intervención crítica son “interesadas”. Y Galicia, aseguró aún sin demasiada concreción, “está mejor que la media estatal”.
Luis Álvarez, diputado del PSdeG, se había parado en detalles. Argumentaba así su pregunta sobre las medidas con las que el Gobierno gallego “va a hacer frente a la pérdida de cohesión social”. Que se sustancia en un producto interior bruto que se recupera de la crisis de la pandemia a menor ritmo que la media estatal, una inflación sensiblemente superior o unas tasas de actividad y ocupación menores. “Nuestra recuperanción es más lenta”, sostuvo Álvarez. De hecho, añadió, en 2021 cada gallego dispuso de 2.854 euros de renta anual menos que el promedio español. Lo dice el Instituto Nacional de Estadística, no el Partido Socialista, adujo. Pero para el presidente gallego no son más que “datos interesados”.
Porque la respuesta de Alfonso Rueda, trufada de pullas sobre los líos internos del PSdeG, prácticamente negó la mayor. “En los últimos años se ha avanzado mucho y se han reducido las desigualdades”, aseguró. Contra la exposición de Álvarez, esgrimió el coeficinte Gini -medidor de la desigualdad de ingresos-, que en Galicia, declaró, es más reducido que en el resto del Estado “desde 2009”, el año en que Núñez Feijóo obtuvo su primera mayoría absoluta. “Entre 2019 y 2021 aumentó”, replicó el socialista. El caso es que Rueda no empleó apenas ningún otro índice objetivo. Su discurso remitió entonces a las acciones de su ejecutivo que, entiende, suturan las brechas en la cohesión social: el 85% de los gallegos están a menos de 15 minutos de una vía rápida, han renovado los edificios de los centros de salud, las escuelas infantiles son gratis y hay “nuevas residencias públicas” para los mayores.
Esto último no es así. De las siete comprometidas por Feijóo en 2017, ninguna ha abierto sus puertas todavía. Rueda afirmó que tres de ellas no lo han hecho porque ayuntamientos gobernados por el PSOE obstaculizan los trámites. Pero no la han hecho. Antes de concluír con preguntas al Gobierno central lanzadas contra la oposición -algo que repitió con Ana Pontón, del BNG-, el presidente volvió a presumir de bajadas de impuestos. “Seguiremos bajando los impuestos y ayudando a las rentas más bajas”, insistió. Y de nuevo obvió mencionar su bonificación fiscal a 7.700 millonarios.
“Amigos vergonzantes de las eléctricas”
La portavoz del BNG, Ana Pontón, preguntó por la política eólica de la Xunta. Habló de “bum depredador”, afeó al PP el veto a su propuesta de “tarifa eléctrica gallega” y se refirió a que grandes compañías “robán el viento de Galicia” y “no dejan beneficios en la comunidad”. Y recordó como en la primera investidura de Feijóo, el presidente de Iberdrola, Ignacio Galán, se le abrazó efusivamente ante las cámaras. “Todo para las eléctricas, nada para los gallegos y gallegas' es el lema del Partido Popular”, dijo, antes de reclamar el control público de la producción de energía.
La respuesta de Alfonso Rueda se dirigió al pasado. Concretamente al período entre 2005 y 2009 en que la comunidad fue gobernada por el bipartito de PSdeG y BNG. La Consellería de Industria la encabezaba el nacionalista Fernando Blanco que, acusó el presidente gallego, “practicaba la barra libre eólica”. A esta supuesta situación de hace 15 años, opuso “hacer las cosas bien”. No defendió a su ex conselleira de Medio Ambiente, Beatriz Mato, ahora en el consejo de administración de la eléctrica Greenalia y a la que Pontón denunció por usar las puertas giratorias entre lo público y lo privado. Y en una paradójica y un poco atrevida inversión de papeles, Rueda se permitió tildar al BNG de “amigos vergonzantes de las eléctricas” en base a la política éolica del bipartito. Rehusó además que sus gobiernos y partido lo sean. Sobre la feroz oposición del Partido Popular al impuesto a los beneficios extraordinarios de estas compañías que propone el Gobierno central, ni palabra.