El presidente de la Xunta está dispuesto a todo para defender su rebaja fiscal para 7.700 contribuyentes gallegos con un patrimonio medio de seis millones de euros. Al igual que antes habían anunciado sus homólogos de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y andalucía, Juanma Moreno, Alfonso Rueda no quiere que el llamado “impuesto de solidaridad” del Gobierno central estropee su bonificación a los ricos de la comunidad. “Si finalmente se produce [la aprobación de esa nueva tasa], el Ejecutivo gallego reaccionará tanto desde un punto de vista práctico como desde un punto de vista legal”, aseguró este jueves.
“Lo primero que pido es conocer exactamente de que estamos hablando”, se excusó primero. Rueda hablaba al término de la reunión semanal de su gabinete y respondía a las preguntas de la prensa. A finales de septiembre, el Consejo de Ministros acordaba incluir en los Presupuestos Generales un “impuesto de solidaridad de las grandes fortunas”. Esta nueva figura tributaria, activa únicamente en 2023 y 2024, afectará a unas 23.000 personas y tendrá una estructura idéntica al impuesto de patrimonio que gestionan las comunidades autónomas, solo que un mínimo exento más elevado: tres millones de euros. El gravamen será de un 1,7% para propietarios de entre 3 y 5 millones de euros; 2,1% si se tiene entre 5 y 10 millones; por encima de los 10 millones será el 3,5%.
Al presidente gallego no le gusta la idea. Entusiasta defensor de las bajadas masivas de impuestos de las que ahora su partido intenta renegar, este jueves ha camuflado su discrepancia con lo que denominó “invasión bastante difícil de discutir de las capacidades fiscales que tienen” las autonomías. No mencionó, porque no acostumbra a hacerlo tras haberlo explicado por primera vez en un foro privado el pasado septiembre, a qué capacidad fiscal concreta se estaba refiriendo: a aquella que supondrá que 7.700 gallegos con patrimonio medio de seis millones de euros ingresen a las arcas de la administración 4.400 euros anuales menos.