El director general de la Corporación de Radio Televisión de Galicia (CRTVG), Alfonso Sánchez Izquierdo, tendrá que declarar en el juzgado de instrucción número 1 de Santiago como imputado por un delito de acoso moral contra una trabajadora y la infracción de normas de prevención de riesgos laborales, según han confirmado a elDiario.es fuentes del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. En la causa también están investigados otros siete altos cargos de la corporación pública. La citación llega en medio de un clima de conflictividad laboral, marcado por las denuncias de “represalias” y traslados “forzosos” a los periodistas críticos con la deriva informativa de unos medios públicos que consideran “un órgano de propaganda” de la Xunta del PP.
La denunciante es una trabajadora de la Radio Galega con más de tres décadas de antigüedad que había regresado a la empresa en 2012 después de ocho años de excedencia especial. Según la queja que presentó ante la Valedora do Pobo, comenzó a trabajar en el departamento comercial “aprovechando” la experiencia adquirida en ese período. Fue “felicitada” en numerosas ocasiones por su labor de captación de clientes, lo que motivó que en el 2016 se reforzase el departamento con la incorporación de otro compañero, también redactor en la Radio Galega. Nada le hacía sospechar que, sorpresivamente, el 29 de enero de 2018 le comunicasen que el 1 de febrero regresaba a su antigua plaza. Le dieron dos días de plazo.
“Inmediatamente”, la trabajadora consideró esa movilidad “discriminatoria”, porque no se la aplicaron a su compañero pese a que ella llevaba más tiempo en el puesto y su facturación anual y su número de clientes “era bastante superior”.
Cuando la redactora llevó a juicio su cambio de puesto, la empresa alegó que el cambio obedecía “a la externalización de la publicidad en febrero de 2018”, pero eso ya pasaba en 2012, cuando ella se incorporó a ese departamento. Nadie lo corrigió en la vista. Eso, y que contase con un turno “de mañana, de lunes a viernes” fueron suficiente para considerar improcedente su demanda. Un mes después, la empresa le comunicó que pasaba a un turno trimestral rotatorio, lo que le causa graves “trastornos” ya que cuida a su padre, que reside en otra provincia.
Por todo ello, decide recurrir a la Valedora quien, en septiembre de 2019, le indica que deben ser los tribunales los que valoren “la real trascendencia” de una supuesta situación “discriminatoria y de represalia” que excede las capacidades su institución.
Poco después, en enero del año siguiente, la trabajadora escuchó por primera vez un argumento que justificaba su cambio. En la radio buscaban “un perfil” que encajaba con el suyo, ya que era “una voz femenina” y tenía un horario “determinado”, ese horario que le cambiaron tras la primera sentencia. Como esta, la otra razón esgrimida, la necesidad de un perfil femenino, tampoco se sostenía: en aquel momento formaban la redacción 24 mujeres y 12 hombres.
La movilidad forzosa es, según denuncian los afectados, una forma habitual de “represalia” de la dirección de la CRTVG con trabajadores críticos como los que desde hace 286 semanas se concentran cada viernes bajo el lema “Defende a Galega” contra la “manipulación” y el “desmantelamiento” de los medios públicos. Cuatro periodistas de la corporación se encuentran ahora mismo a la espera de sentencia tras denunciar sus trasladados de la radio a la televisión, o viceversa, como “castigo” por sus posicionamientos públicos o por negarse a esconder en el texto de una noticia que el IPC gallego había subido más que el estatal.
Intento de silenciar informaciones
elDiario.es ha venido informando sobre este caso y sobre cómo la falta de aplicación de los propios protocolos internos contra el acoso laboral han concluido con la imputación de la cúpula de la corporación. Tras estas publicaciones, dos de los acusados, el director de Innovación y Negocio, Xosé Pereira y el responsable de Salud Laboral, Manuel Casás, amenazaron a este medio con emprender acciones legales por citar sus nombres. Eran los únicos que aparecían, además del propio Sánchez Izquierdo. En el caso de Pereira, por ser quien dio los argumentos sobre el cambio de puesto a la demandada; en el de Casás, por ser el secretario de la Comisión Frente al Acoso (CFA) de la CRTVG, que resolvió su denuncia en sólo tres días, los inmediatamente previos al puente del Día de Galicia de 2019.
Precisamente, será el propio Pereira el primero de los imputados en declarar. Lo hará el día 31 de enero, una fecha en la que también están llamados Alejandro López Carballeira, subdirector de gestión de servicios informativos y Tania Fernández Lombao, jefa del servicio de Gestión Operativa de Programas de la Radio Galega. A ellos les seguirán el 15 de febrero Vitalina Cuña Palencia, coordinadora de personal de la radio; Paula Veloso Pereira, jefa de servicio de gestión de personas y seguridad social, y Susana Fernández Veiguela, ex directora de recursos humanos. El último día se sentarán en el banquillo Manuel Casás y el propio Sánchez Izquierdo, que será quien cierre la ronda de los acusados.