A finales del pasado mes de septiembre, Agustín Hernández llevaba algo menos de dos meses en la Alcaldía de Santiago, a la que llegó como tercer regidor en este mandato después de sendas dimisiones vinculadas a casos de corrupción. El ex conselleiro afrontaba el pleno municipal ordinario de septiembre y explicaba ante la prensa su apuesta por sacar adelante en él una moción en la que el PP defendía la reforma electoral para ilegalizar los gobiernos locales de coalición. Se trataba, explicaba Hernández, de que “se garantice el respeto a la voluntad mayoritaria de la ciudadanía”. Apenas un mes después se confirma que el alcalde compostelano llegará a las elecciones municipales de 2015 apoyado en un gobierno en el que el 60% de sus miembros ni siquiera se presentó a los comicios de 2011.
Mientras el PP gallego sigue empeñando en una reforma electoral que el Gobierno central da, al menos de momento, por aparcada –Paula Prado reiteró hace apenas dos semanas que su partido “no renuncia” al proyecto–, la propia formación conservadora avala la salida del equipo de gobierno capitalino de Galicia del ex alcalde Ángel Currás y su relevo por otra persona no electa. El que había sido gerente de la Cidade da Cultura en tiempos de Fraga va a ser colocado como máximo responsable en Galicia de la empresa pública Tragsa y, dado el agotamiento de la lista electoral del PP compostelano, Hernández designará para completar su gobierno a quien consideren oportuno él o su partido.
Así las cosas, cuando este cambio se ejecute –es previsible que la salida de Currás, edil de Relaciones Institucionales sin responsabilidad definida, se produzca esta semana–, hasta 8 de las 13 personas que conforman el gobierno capitalino serán fruto de la voluntad única del PP pero no de las urnas. Para el PSdeG local, los populares están “premiando” al ex regidor y culminando un “conjunto de despropósitos”. A juicio del portavoz del BNG en el Ayuntamiento, Rubén Cela, esta operación es un “escándalo mayúsculo” diseñado para “comprar el silencio” de Currás. Según el vicepresidente de la Xunta y secretario general del PPdeG, Alfonso Rueda, la colocación de Currás en Tragsa, donde cobrará unos 78.000 euros anuales, es el “cierre de una etapa”. Lo que pueda pensar la ciudadanía al respecto “se verá cuando sean las municipales”, resuelve.
Sustituto de otro alcalde popular de gestión investigada
Currás llegará a la dirección de Tragsa en Galicia como sustituto de otro ex alcalde popular, César Aja, regidor de Viveiro durante más de 20 años y que salió del cargo envuelto en múltiples dudas sobre su gestión, muchas de las cuales llegaron a dilucidarse ante la justicia por iniciativa del siguiente gobierno municipal, de PSdeG y BNG, y de la Fiscalía de Lugo. Entre las cuestiones más llamativas del mandato de Aja en el Ayuntamiento figuraba la compra de casi 6.000 euros en marisco con la tarjeta Visa municipal. Ese marisco llegó a, entre otros, José María Aznar o Rodrigo Rato y el caso fue a parar al Tribunal Supremo, que lo archivó al considerar que los productos comprados con dinero público eran atenciones protocolarias y fiscalizadas.
Tampoco prosperaron las denuncias contra Aja por presuntos arreglos en casas particulares con fondos públicos ni por el pago de dietas a ediles por el mero hecho de asistir al Ayuntamiento; este segundo caso no le supuso consecuencias legales porque, según el Supremo, desconocía la reforma legal que impedía dichos pagos. Además, el propio Supremo concluyó que Aja no había delinquido al contratar a personas sin el proceso de selección correspondiente, aunque admitió que había incumplido varios requisitos, y tampoco apreció delito penal en la compra de un pazo por parte del Ayuntamiento. “Todas las acusaciones eran falsas”, aseguró en 2010 el ex alcalde, quien, tras ser regidor, diputado, senador y responsable de Tragsa, ahora continuará su periplo por cargos públicos como consejero del departamento de educación de la embajada de España en Bulgaria.