El Pleno del Senado ha aprobado, con el voto del PP, la autorización definitiva para que el Tribunal Supremo pueda dirigir un procedimiento penal contra su senador José Manuel Baltar por un delito contra la seguridad vial por conducir un coche oficial a 215 kilómetros por hora en la autovía A-52, como reveló hace un año elDiario.es. En una votación a puerta cerrada, el Senado ha suspendido el aforamiento del parlamentario del PP y expresidente de la Diputación de Ourense, lo que permite activar el procedimiento para juzgarle por este presunto delito.
La Sala de lo Penal adoptó la decisión de pedir al Senado el suplicatorio después de que la magistrada instructora de la causa, Ana Ferrer, elevara una exposición razonada para que se solicitara la autorización a la Cámara Alta con el fin de suspender la inmunidad que goza el senador como aforado y proceder penalmente contra él al haber apreciado indicios de delito. El tribunal mantenía suspendida la tramitación de las actuaciones que afectan a Baltar hasta que el Senado resolviese sobre la cuestión, informa Europa Press.
La magistrada instructora estimó proceder contra Baltar al entender que, aún aplicando el margen de error del 5% que establece la normativa sobre el resultado del radar, la cifra alcanzaría los 204 kilómetros por hora en un tramo en el que la velocidad máxima permitida era de 120 kilómetros por hora, lo que encaja en un delito contra la seguridad vial.
Ferrer indicó que, acreditada la condición de senador de Baltar, había llegado el momento en que “la constancia de indicios cualificados” hacía “imprescindible” recabar la autorización del Senado para “avanzar en el camino procesal”. La jueza insistió en que era necesario pedir permiso al Senado para seguir adelante con el procedimiento penal aunque Baltar ya fue sancionado por la vía administrativa por este hecho -con una multa y la pérdida de varios puntos del carné-. Según defendió en su exposición, dicha sanción administrativa no limita al Supremo a proceder por la vía penal.
La instructora adoptó esta decisión después de que el Supremo abriera causa el pasado noviembre, tras recibir la Sala de lo Penal el testimonio de juicio rápido y las diligencias urgentes remitidos por los juzgados de Zamora y Puebla de Sanabria, incoadas tras el atestado de la Guardia Civil por la comisión de un supuesto delito contra la seguridad vial. Ferrer tomó declaración a Baltar el pasado 19 de diciembre, en una comparecencia en la que negó haber ido a la velocidad que determinaron los radares.
Asimismo, la magistrada pidió a la Guardia Civil que informase sobre las especificidades de los modelos de radar que captaron a Baltar conduciendo por encima del límite de velocidad, sobre los aparatos que imprimen las multas y, en concreto, sobre qué datos se introducen automáticamente, así como dónde estaba situado el radar que le detectó el 23 de abril de 2023 en la A-52.
Los hechos por los que se investiga al senador del PP se remontan al domingo 23 de abril de 2023, cuando fue interceptado, según el informe definitivo de la Guardia Civil de Tráfico, a 215 kilómetros por hora en la A-52, a su paso por Asturianos, al volante de un coche de la Diputación de Ourense. Antes de que el caso llegara al Supremo, el Ministerio Fiscal presentó un escrito de acusación contra Baltar considerándolo autor de un delito contra la seguridad vial, en la modalidad de conducción de vehículos a motor a velocidad superior a la legalmente permitida del artículo 379.1 del Código Penal.
La Fiscalía pidió una pena de seis meses de multa a razón de cuota diaria de 10 euros, lo que se traduciría en unos 1.800 euros. El Ministerio Público también reclamó un año y un día de privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores para el dirigente del PP. El juzgado de instrucción acordó la apertura del juicio oral contra Baltar por hechos supuestamente constitutivos de un delito de conducción de velocidad. Pero, una vez acreditada la condición de senador designado por el Parlamento de Galicia, acordó la inhibición y remisión de las actuaciones al Supremo.
El PSOE ha reaccionado a través de unas declaraciones a Europa Press del secretario provincial de Ourense y senador socialista, Rafael Rodríguez Villarino, en las que se pregunta “cuál es la responsabilidad” del PP en este caso. “Es el PP, Alfonso Rueda como responsable máximo de Galicia, el que convierte a una persona susceptible de ser condenada por un delito penal por una conducta temeraria al volante en senador por designación autonómica”, criticó.
Asimismo, ha recordado que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le eligió como presidente de una comisión del Senado: “Nosotros preguntamos si estos premios son unos premios al estilo de conducción de Manuel Baltar o son simplemente una cortina de humo que utiliza el PP para intentar evadirse de sus responsabilidades”.
La senadora del BNG, Carme da Silva, manifestó que no se tendría que haber llegado a esta situación: “El que fue presidente de la Diputación de Ourense debería haber sido cesado el propio día que circuló a 215 kilómetros por hora”. Pero, añade, el PP lo ha “apoyado, encubierto e incluso premiado” con su designación como senador. El Supremo, destaca, ve indicios de que “en el ejercicio de cargo público y con recursos públicos” pudo haber cometido un delito. “Estos hechos constituyen de por sí una barbaridad y una vergonzosa irresponsabilidad que convierten a Baltar en un peligro público”, manifestó da Silva.