La sentencia del Prestige llega once años después de la catástrofe

Once años después de la catástrofe y cuatro meses después de concluir el juicio, el próximo miércoles 13 de noviembre se leerá en A Coruña una de las sentencias más esperadas en Galicia. Ya iba siendo hora. Será el día en el que se determinen las responsabilidades civiles y penales por la catástrofe del Prestige, uno de los mayores desastres marítimos y medioambientales de la historia y que provocó una enorme marea negra que afectó de lleno al país, pero también a otros puntos de la costa del Estado español y de Francia.

El magistrado de la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña y presidente del tribunal, Juan Luis Pía, decidió añadirle aun más simbolismo al dictamen de este macrojuicio, que duró unos nueve meses, al hacer coincidir la sentencia con el 11º aniversario del inicio del desastre. Es el mismo magistrado que, al concluir el juicio, no dudó en asegurar que había echado de menos “más implicados” en un proceso que únicamente sentó en el banco de los acusados el capitán del buque, Apostolos Mangouras; al jefe de máquinas, Nikolaos Argyropoulos; y al ex director general de la Marina Mercante, José Luis López Sors. Un cuarto acusado, el primer oficial Ireneo Maloto, no fue juzgado al no ser encontrado. “Es obvio que hay más gente implicada en el siniestro, tanto responsables políticos como no políticos”, había asegurado, tras referirse en concreto a las personas del entorno del buque.

Estos imputados sabrán, por lo tanto, si la Audiencia de A Coruña los condena o absuelve de los delitos contra el medio ambiente, en un dictamen que será leído a las 11 de la mañana en el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia. No obstante, no habrá penas de prisión para ninguno de ellos, tras las peticiones del fiscal y de los abogados de varias acusaciones. Pero para que el entorno empresarial que controlaba el Prestige responda económicamente por el desastre, es necesaria la acusación contra el capitán, ya que su condena es la única opción de que el armador y la aseguradora del buque asuman cuando menos parte de las indemnizaciones y hagan frente a la totalidad de la póliza de 1.000 millones de dólares que tienen suscrita. La Fiscalía reclama más de 4.000 millones.

Será el momento de saber también si la Justicia condena o no al Estado español, representado únicamente por López-Sors, por la controvertida decisión de alejar el buque de la costa, lo que provocó mayores daños y la extensión de la marea negra por toda la costa gallega. Su condena marcaría un antes y un después, aunque sean muchas las acusaciones que coinciden en que el ex director general de la Marina Mercante es solo uno de los muchos (y más altos) responsables políticos que deberían haberse sentado en el banquillo de los acusados. Su condena sería, al menos, ejemplarizante y una advertencia para los gobiernos en caso de verse en situaciones semejantes.

Además, llegará la hora de saber quién paga la factura de la enorme marea negra. En el proceso figuran como responsables civiles directos la aseguradora The London Steam-Ship Owners Mutual Insurance Association Limited y el Fondo Internacional de Indemnización de Daños Debidos a Contaminación por Hidrocarburos (Fidac). Además, como responsables civiles subsidiarios se encuentran las entidades Mare Shipping Inc, Universe Maritime Ltd y el Estado español. En concepto de responsabilidad civil, el Ministerio Público reclama 4.328 millones de euros de indemnizaciones por los daños del chapapote.

La armadora, Mare Shipping, no quiere pagar más que los 22 millones de euros que depositó en el juzgado de Corcubión tras el accidente e insiste en acogerse al Convenio de Responsabilidad Civil por derrame de hidrocarburos de 1992, que limita la responsabilidad de las navieras en el accidente en caso de demostrarse que no actuó negligentemente.

Ningún alto responsable político en el banquillo de los acusados

La lectura de la sentencia será el punto final de un proceso largo, polémico y tardío. Más de 2.000 partes personadas, problemas en los peritajes que dificultaron la investigación, obstáculos en el juzgado de Corcubión y una causa que implica a una enorme cantidad de entes de todas partes del mundo. Se tardó diez años em celebrar el juicio y nueve meses en concluirlo. Y son mayoría los que echan en falta muchos más acusados y con mayores responsabilidades.

Lo recordó la plataforma Nunca Máis, como también hicieron después Greenpeace y varias de las acusaciones particulares. Los responsables políticos de la catástrofe del Prestige no solo no fueron sancionados judicialmente, sino que ascendieron o continuaron con su carrera política, incluso consiguiendo puestos de responsabilidad más altos que los que tenían hace once años cuando la marea negra de chapapote teñía las costas y el mar gallego.

Se refieren, especialmente, a cinco cargos políticos que entonces tomaron decisiones fundamentales en la gestión de la catástrofe: Mariano Rajoy, entonces vicepresidente, ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno y ahora presidente del Ejecutivo; Francisco Álvarez-Cascos, que llegó a ser presidente de Asturias y que era durante el desastre ministro de Fomento; Miguel Arias Cañete, ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, igual que ahora que entonces; Arsenio Fernández de Mesa, en aquel momento delegado del Gobierno en Galicia y ahora director general de la Guardia Civil; y Jaume Matas, ministro de Medio Ambiente durante el naufragio del Prestige y ahora imputado y metido en un sinfín de procesos judiciales que lo obligaron a dejar la política.

Todos ellos ascendieron en su carrera política a pesar de que sus gestiones –y alguna de sus polémicas declaraciones– durante el desastre del Prestige serán recordadas para siempre jamás. Y no por sus buenos resultados, sino por sus nefastas consecuencias y por las masivas manifestaciones que provocaron, lo que contrastó con la escasa movilización social durante el juicio y que fue criticada por el abogado de Nunca Máis. “Este es uno de los aspectos más lamentables del juicio. Reconozco que no se puede mantener una conciencia cívica masiva cuando pasa tanto tiempo, pero de aquella contestación de hace una década a esta de ahora sería muy deseable para nosotros, los últimos de Nunca Máis, que hubiésemos tenido un cierto apoyo social que ha sido casi inexistente”, en palabras de Pedro Trepat.