“Prácticas abusivas” hacia el medio ambiente e “intimidación legal y acoso judicial” a ecologistas. Sobre estos dos ejes gira el duro informe sobre la cárnica Coren que Greenpeace ha difundido este miércoles y que se centra, sobre todo, en sus efectos en la comarca de A Limia, en Ourense, una de las zonas en las que tiene más presencia. El detallado documento incluye además la historia de Manuel García, un agricultor y activista limiao al que la compañía demanda judicialmente un millón de euros por declarar en un programa de televisión que los métodos agoindustriales de Coren contaminaban las aguas de un embalse.
“El crecimiento exponencial de la cuenta de resultados del Grupo Coren está asociado a su apuesta por la ganadería industrial y va aparejado a la degradación industrial que padece la comarca de A Limia”, señala la organización ambientalista, que remite a estudios científicos y a los “resultados oficiales” del seguimiento de la calidad de las aguas para sustentar sus afirmaciones. Es el caso, por ejemplo, de los niveles de nitratos en el río Limia, “entre los más altos del mundo” según un informe del Centro Susperior de Investigaciones Científicas publicado en 2014 por encargo de la Confederación Hidrográfica.
Estos residuos se deben “principalmente a la ingente cantidad de residuos que origina la ganadería industrial [vinculada a Coren] y la absoluta falta de control de sus vertidos en los campos gallegos”. Greenpeace recuerda que Galicia es la única comunidad autónoma que no ha hecho caso de la Directiva de Nitratos europea, aprobada en 1991 para proteger las aguas de esos componentes químicos. De hecho, este incumplimiento reiterado provocó un dictamen motivado de la Comisión Europea a España el pasado 2 de julio.
No solo Greenpeace denuncia esta situación. La formación hace referencia a que otros movimientos ecologistas han criticado desde hace años “la contaminación histórica del agua, el incumplimiento de varias normativas, el modelo agroindustrial de A Limia y la mala gestión de los residuos ganaderos. Mencionan a la Sociedade Galega de Historia Natural, cuyo presidente Serafín González participó en la presentación del documento de Greenpeace, la plataforma vecinal Auga Limpa Xa! O el Movemento Ecoloxista da Limia. A este último pertenece Manuel García.
Coren y las “demandas estratégicas contra la participación pública”
A García le pide Coren ante la justicia un millón de euros en concepto de “daños y perjuicios”. Lo ha denunciado ante el Juzgado de Primera Instancia de Xinzo de Limia (Ourense) por unas declaraciones al programa España Directo de Televisión Española en las que el activista mostraba como una “granja propia de Coren” regaba un prado con purín y, a continuación explicaba que, al no estar tratado, los antibióticos y productos químicos se filtran a las aguas subterráneas y “son la principal causa de contaminación por cianobacterias” en el embalse próximo de As Conchas, en el río Limia.
Estos comentarios le valieron a García un burofax de Coren, enviado en febrero de este año, en el que lo informaba de la denuncia ya admitida a trámite y le transmitía una adevertencia. “Igualmente le comunicamos que procederemos a visionar las grabaciones relativas a cualquier acto, conferencia o coloquio en el que usted o cualquier otra persona intervenga o haya intervenido y en el que se efectúe cualquier alusión a nuestra cooperativa, con el fin de valorar el eventual inicio de nuevas acciones judiciales en materia de intromisión ilegítima del derecho al honor de Coren”, decía.
Para Greenpeace, esta acción del empresa cárnica responde a una táctica empresarial de origen estadounidense pero cada vez más implantada en Europa, las llamadas SLAPP o demandas estratégicas contra la participación pública. “Son una forma de intimidación legal y acoso judicial cada vez más habitual en todo el mundo, a través de las cuales las grandes corporaciones tratan de silenciar a periodistas o activistas, especialmente en asuntos relacionados con la corrupción y malas prácticas empresariales, como la contaminación ambiental”, indica la organización ecologista, que impulsa iniciativas para que la Unión Europea regule y limite ese tipo de prácticas.
Coren es la mayor cooperativa agroalimentaria del Estado español y la décima europea de las dedicadas al sector de la carne. Por volumen de producción, está entre las 35 primeras del mundo. Tiene alrededor de 3.200 socios. Cerró 2019 con 4,4 millones de euros de beneficio. ElDiario.es ha intentado sin éxito obtener una valoración de Coren sobre el informe de Greenpeace.