En el otoño de 2012, apenas dos semanas después del estallido de la Operación Pokémon, un trabajador del Acuario de A Coruña, Antonio Pérez, se dirigió a la comisaría de la Policía Nacional en la ciudad para “denunciar las irregularidades” que había detectado en las contrataciones de ese organismo, dependiente del Ayuntamiento coruñés. No obstante, no le “recogieron la oportuna denuncia” ni “se puso en conocimiento” del juzgado de Lugo que instruye el caso. Quien relata estas circunstancias es la jueza instructora de la operación, Pilar de Lara, que en un auto de casi 50 páginas fechado el pasado día 9 le otorga a este trabajador, cuyo testimonio es “esencial” en la rama coruñesa de la presunta trama corrupta, la condición de testigo protegido para frenar el “acoso” que viene sufriendo por, según asegura, colaborar con la Justicia.
El infructuoso acercamiento a la Policía en 2012 es solo el primer episodio de los avatares sufridos por Antonio Pérez, quien se vio obligado a coger la baja en su puesto de trabajo en febrero del pasado año por la “situación de acorralamiento laboral que venía sufriendo por causa de oponerse a prácticas que consideraba ilícitas”. “No cabe duda”, dice la jueza en el auto, a cuyo contenido ha tenido acceso este diario, “de que la situación de acoso laboral” está en “íntima relación” con su denuncia de prácticas irregulares en el Ayuntamiento coruñés y, “en todo caso, vinculada a la trama urdida por el Grupo Véndex para, en connivencia con diversos funcionarios públicos y autoridades políticas de A Coruña, conseguir la adjudicación” de contratos del Acuario. “Según obra en la causa”, quien ahora es testigo protegido “parecía ser una importante traba” para los supuestos líderes de la trama.
Específicamente, Pérez “se opuso a las pretensiones de ilícita adjudicación del concurso de mantenimiento biológico” del Acuario a una filial de Véndex, tras lo cual “fue objeto de una campaña de persecución y acoso” y de “represalias” de sus “superiores jerárquicos” que, siempre según la investigación, continuaron incluso tras su baja, cuando “aparecieron forzados varios amarios de su despacho” en el propio Acuario. Ese incidente motivó que De Lara enviara a la Policía Nacional al despacho para investigar un posible delito de “obstrucción a la Justicia”. Pero, “extrañamente”, cuando este cuerpo policial llegó al Acuario ya había estado allí “interfiriendo en la investigación” la Policía Local, “dependiente directamente del alcalde y, más concretamente, del teniente de alcalde”, Julio Flores, “imputado en la causa, entre otras cosas”, recuerda la jueza, por las “manipulaciones presuntamente urdidas” junto al responsable de Véndex en Galicia, José María Tutor, para “tratar de beneficiar a la empresa” con contratos del propio Acuario.
“Contradicciones” policiales sobre la detención en Ferrol
Además del acoso laboral, “confirmado por otros testigos”, el suceso que llevó al trabajador a solicitar la protección judicial fue, como ya relató este diario, la detención que sufrió en Ferrol a finales de octubre, cuando, tras bajarse del autobús en una parada equivocada, le pidió a una conductora si lo podía acercar a su destino, en otro ayuntamiento de la comarca. Tras la detención y las múltiples versiones existentes sobre ella, De Lara solicitó informes sobre lo acontecido tanto a la Policía Local ferrolana como a la Policía Nacional. “Pero los informes sucesivos, lejos de aclarar la situación, la oscurecían aún más al adolecer de numerosas contradicciones”.
Así, desde el cuerpo policial ferrolano se detallaron lo que la jueza define como un “cúmulo de infortunios”, tales como el supuesto “fallo del sistema de grabación de llamadas” que impide conocer las palabras de la conductora que informó de la presencia de Antonio Pérez en la vía pública o la “pérdida del parte de asistencia médica” de que fue objeto tras ser detenido, toda vez que, a pesar de tener un brazo escayolado y una pierna lesionada, fue esposado.
Las “notables y flagrantes divergencias” en las sucesivas “narraciones” policiales se suman, según la jueza, al “dato relevante” de que “el actual jefe de la Policía Local de Ferrol (...) fuera hasta 2013 inspector principal de A Coruña bajo el mando del teniente de alcalde, Julio Flores”, y que además este mando policial “figura en las listas de Véndex como receptor de regalos”. A todo esto se suma, además, la “filtración” de la detención desde Ferrol a un periódico coruñés, cuya exposición de los hechos lleva a De Lara a “entender que existe una especie de conjura para perjudicar al testigo, publicando información inveraz para desprestigiarlo públicamente y desacreditar tanto su testimonio como el resultado de la instrucción, aprovechando casualmente o no” el “lamentable incidente” de la detención.
“Insostenible presión”
“Siento como ciudadana y como juez instructora un enorme respeto hacia el sagrado derecho de la libertad de prensa”, llega a escribir la jueza. Pero “los medios de comunicación no dejan de ser empresas” que “en ocasiones son perceptoras de subvenciones públicas” o de “publicidad de administraciones y empresas”, con el “riesgo de que puedan acabar convirtiéndose en medios auxiliares o instrumentales de intereses políticos o económicos que pueden provocar que sus actuaciones no siempre estén guiadas por el objetivo de informar”.
En esta situación, Pilar de Lara cree “obvio” que Antonio Pérez, “por la sola condición de prestar declaración” en la causa, “padece una insostenible situación de presión, tanto en su ámbito laboral como ahora también en el ámbito social”. Así, pasa a ser un testigo protegido y “siempre que sea preciso” podrá “ser conducido a las dependencias judiciales” o a otro lugar “en vehículos oficiales”. Del mismo modo, cuando esté en los juzgados permanecerá “en un local reservado” y “custodiado”. Por otra parte, queda prohibido realizar fotografías “o tomar su imagen por cualquier procedimiento” excepto que “lo autorice expresamente” y los medios de comunicación tampoco podrán difundir su imagen, “bien evitándola o pixelando íntegramente su rostro”.