La Xunta acumula nueve meses sin actualizar el registro de convenios obligado por la ley de transparencia
En noviembre de 2006 entraba en vigor en Galicia el decreto que regulaba el registro de convenios, uno de los puntos más novedosos que, no sin fricciones entre los socios del Gobierno bipartito, se incluía en la Ley de transparencia y buenas prácticas. El artículo 7 de aquel decreto estipula que los convenios, esto es, los acuerdos formales a los que llega la Xunta con empresas, entidades, personas u otras Administraciones, deben poder ser consultados “a través de la página web de la Xunta de Galicia” del modo en que estipula la ley y respetando la protección de datos. Esta norma se ha venido cumpliendo con más o menos diligencia desde entonces, pero el actual Gobierno lleva nueve meses sin actualizar los datos públicos del registro.
Fuentes de la Xunta consultadas por eldiario.es admiten este parón en la actualización de la información y lo atribuyen a la falta de personal en el departamento correspondiente, dependiente de la Vicepresidencia y Consellería de Presidencia. Para la inscripción de cada convenio, resaltan, es necesario que cada departamento autonómico remita al registro un original o copia compulsada al Registro y más documentación adicional, como informes que justifiquen las firma del convenio y su autorización.
Este freno en la actualización provoca que quien acceda al espacio habilitado para la consulta de convenios solo pueda obtener, a finales de enero de 2016, datos hasta abril de 2015. Para acceder a la información de convenios más recientes es necesario sumergirse en el Diario Oficial de Galicia, donde las diversas consellerías sí continúan cumpliendo, con ritmos diversos, el deber legal de publicar cuatrimestralmente una relación de los convenios que firman.
Así las cosas, mientras el Ejecutivo continúa advirtiendo del despliegue del denominado Plan de Impulso Democrático, anunciado por Feijóo hace un año cuando la oposición exigía explicaciones sobre diversos casos de presunta corrupción, el Gobierno incumple la por el momento vigente ley de transparencia de 2006 y el decreto que la desarrolla. Esta norma sigue en vigor porque la nueva ley de transparencia, aprobada por el pleno del Parlamento a finales del pasado diciembre, todavía no ha sido publicada en el DOG. Esta demora ya le ha sido reprochada por el PSdeG al presidente de la Xunta en la primera sesión de control del año.
La publicación de la nueva ley en el DOG y su entrada en vigor, 20 días después, no eximirá a la Xunta, en todo caso, de tener que seguir ciñiéndose al decreto del registro de convenios del año 2006. No en vano, la disposición transitoria segunda del nuevo texto legal explica que, “mientras no se desarrolle reglamentariamente esta ley” siguen en vigor varias normas anteriores, entre ellas, el decreto que regula el registro de convenios.
No cabe esperar, en cualquier caso, excesivas novedades en la nueva regulación del registro. Según lo adelantado por el Gobierno, la intención es que el nuevo registro “aumente su funcionalidad tecnológica y su transparencia, al tiempo que garantice una mayor accesibilidad por parte de la ciudadanía”. No obstante, su descripción más concreta, incluida en el mencionado Plan de Impulso Democrático, indica unas normas de información y publicación prácticamente idénticas a las ya vigentes desde hace diez años.
