La Xunta incluyó en su plan anticrisis ayudas a entidades de la trama Zeta que ahora atribuye al bipartito
Algunos de los titulares que el gabinete del presidente de la Xunta más se esforzó en difundir durante los meses siguientes al retorno del PP a la Xunta en 2009 fueron los vinculados a su “plan de choque” contra la crisis económica. Alberto Núñez Feijóo reiteraba que había sido capaz de “reordenar” alrededor de una décima parte del presupuesto que había heredado del bipartito para “darle impulso a la economía gallega para superar la crisis y para compensar sus efectos”. “Es el momento para que todos los que tenemos que ver con la situación económica pongamos toda la carne en el asador”, explicaba en aquellos días a conselleira de Traballo, Beatriz Mato. Entre las medidas presentadas como parte de aquel plan figura el incremento de fondos para los programas integrados de empleo, incluyendo ayudas que fueron a parar a entidades dirigidas por Gerardo Crespo, presunto líder de la trama Zeta, y que el Ejecutivo popular atribuye ahora en exclusiva, precisamente, al Gobierno de coalición de PSdeG y BNG.
Una de las líneas de defensa política de la actual Xunta ante el escándalo por la supuesta red corrupta dedicada, según la Policía, a “cazar dinero público”, consiste en afirmar que el bipartito subvencionó más a Crespo que el PP y que, además, le adjudicó ayudas con el Gobierno en funciones, tras perder los comicios del 1 de marzo de 2009. El gabinete popular apoya este argumento en una propuesta de adjudicación de los subsidios datada, según Feijóo, en el día 30 del mismo mes, y correspondiente a ayudas para planes de empleo convocadas a comienzos de año. Sin embargo, en el baremo inicial de las ayudas las entidades de Crespo que optaban a ellas -Fundefo y AED- se quedaban fuera del reparto, al que accedieron tras la aprobación de sendas ampliaciones de crédito con el PP ya en el Gobierno, firmadas por la actual conselleira.
Baremo de las ayudas procedente de la base de datos de la Consellería, sin asignación para las entidades de Crespo
La primera ampliación, del 28 de agosto, se justificó con la existencia de fondos adicionales que podían ser “utilizados para los mismos fines” de las subvenciones. La segunda, del 30 de septiembre, es la que fue presentada como parte del “plan de choque” contra la crisis. Así, en la propia orden, Traballo explicaba que “la situación económica actual requiere del diseño y desarrollo de acciones urgentes y excepcionales” para “mitigar las dificultades que están pasando los gallegos y gallegas como consecuencia directa de los efectos de la actual crisis”. “En este contexto -continuaba- la Xunta ha puesto en marcha un ambicioso plan de choque contra la crisis” en el que Traballo “se compromete a desarrollar las medidas necesarias” para “reactivar el mercado laboral de Galicia”.
“En desarrollo de dicho plan”, agregaba el mismo texto, el departamento de Mato apostaba, “entre otras políticas activas, por proporcionarles a los trabajadores programas combinados de información, orientación, formación e inserción laboral”. Dado que había fondos disponibles, concluía, “es necesario realizar una segunda ampliación del importe de los créditos destinados a las ayudas que podrán ser concedidas al amparo” de la orden que, efectivamente, había dejado promulgada al bipartito, para así “hacerlas llegar al mayor número de beneficiarios posibles”. La primera ampiación le aportó 325.600 euros a Fundefo y la segunda, presentad abiertamente como parte del “plan de choque”, le otorgó 304.000 euros a AED.
Pocos meses después, en febrero de 2010, la propia Beatriz Mato ofrecía una rueda de prensa en la que aseguraba que “más de 30.000 trabajadores gallegos” se habían beneficiado del “plan de choque”, que había servido para “consolidar alrededor de 24.800 empleos”. “En el campo del fomento del empleo -informaba entonces la Xunta- el plan de choque permitió destinar 24,4 millones a la formación de trabajadores, con el fin de mejorar su calificación profesional”. “Gracias a esta inversión, se realizaron 1.320 cursos de los que se beneficiaron 15.828 personas”, resumía, en un balance que, obviamente, incluía el reparto de ayudas que ahora, según la versión oficial, fueron responsabilidad exclusiva del bipartito.
