La Xunta propone decenas de cambios normativos a través de la llamada ley de acompañamiento de los presupuestos, utilizada año tras año para aplicar modificaciones mediante un proceso que implica que no habrá un debate individualizado para cada una en el Parlamento de Galicia. En el texto para 2024 uno de esos cambios afecta a la norma que regula los aprovechamientos eólicos. La intención es facilitar las autorizaciones y tratar de dar respuesta a uno de los argumentos habituales en las decisiones judiciales que paralizan parques y retiran permisos dados por el Gobierno gallego: que se ha hecho una fragmentación indebida de lo que es un único parque en varios para esquivar una tramitación ambiental más complicada.
La propuesta es añadir una disposición nueva a la ley de aprovechamiento eólico de Galicia para tener en cuenta “posibles efectos acumulativos y sinérgicos en la evaluación de impacto ambiental” en los parques que competen a la Xunta -por debajo de 50 megavatios de potencia instalada- cuando se encuentran próximos entre sí. Los estudios de impacto ambiental de los promotores, dice, deben incluir un análisis específico de estos posibles efectos. Pero estos estudios y el hecho de que varios parques compartan accesos e infraestructuras no son obstáculos para considerar cada proyecto de forma autónoma, es decir, para que sean analizados y autorizados como independientes.
Precisamente, que esas infraestructuras sean compartidas es un elemento utilizado en sentencias que ordenan frenar explotaciones eólicas. Un ejemplo es la anulación de permisos en tres parques entre los municipios de Carballo, Coristanco y Santa Comba. La sentencia recalcaba que los letrados de las codemandadas reconocieron abiertamente que hubo una “fragmentación de la evaluación ambiental de proyectos de tres parques eólicos -Campelo, Monte Toural y Bustelo- que, en realidad, no eran autónomos, sino integrados y dependientes entre sí”. Comparten estructuras y conexiones, a pesar de que “las solicitudes se formularon en fechas distantes entre sí”, añade.
Con los cambios que va a introducir la Xunta en la ley va a establecer que, para autorizar independientemente cada parque eólico, “se tendrá en cuenta el carácter unitario de cada parque y su consideración autónoma e independiente”, aunque comparta infraestructuras con otros parques. Tampoco afecta a esta autonomía, prosigue, “el hecho de que puedan existir en sus proximidades otros parques promovidos por el mismo promotor”, si justifica que se debe a “un uso racional de las posibilidades de explotación ofrecidas por el terreno”.
La futura norma señala que “en ningún caso se autorizará un fraccionamiento de proyectos” con el fin de evitar la evaluación ambiental ordinaria. Pero si los proyectos que están obligados a la evaluación de impacto ambiental -porque llegan a un umbral mínimo- lo hacen de forma individual “no podrá entenderse que existe fraccionamiento”. Esta conclusión se mantiene en el caso de que los parques compartan determinadas infraestructuras, dice la propuesta de la Xunta, que agrega que el Gobierno gallego promoverá, de hecho, “la compartición y utilización conjunta de infraestructuras” porque resulta “más favorable desde el punto de vista ambiental”.
Greenpeace critica la fragmentación de proyectos
El coordinador de Greenpeace en Galicia, Manu Santos, manifiesta que la organización ecologista no está de acuerdo con “la fragmentación de proyectos eólicos” y que cualquier medida legal que “intente por otros medios legalizar estas prácticas no es admisible”. “Bastantes agresiones tiene la evaluación de impacto ambiental a día de hoy”, reflexiona.
Santos considera que “de ninguna manera” se puede rebajar la “observancia en los procesos de evaluación ambiental”, como asegura que ocurrió con una normativa estatal, un real decreto de 2022 que aligera trámites ambientales en los proyectos de renovables.