Alfonso Rueda ha utilizado el último Consello -la reunión semanal de su gabinete- antes de las elecciones para dejar autorizado el recurso contra la ley estatal de vivienda ante el Tribunal Constitucional. El propio presidente del Gobierno gallego evitó hacer alusión a este -y otros- acuerdos en la comparecencia posterior con la intención de esquivar posibles nuevas denuncias por incumplimiento de la ley electoral. Sí respondió a una pregunta al respecto. Su equipo no recogió tampoco la decisión en el documento que distribuye a la prensa tras cada Consello con los asuntos tratados.
Rueda lleva dos expedientes sancionadores abiertos por la Junta Electoral por sus declaraciones partidistas y propagandísticas precisamente en las comparecencias posteriores al Consello. El primer aviso del órgano que vela por el cumplimiento de las normas ante unos comicios derivó en que las preguntas de los periodistas se limitasen a los asuntos que fuesen específicamente los tratados en la reunión del Gobierno. No es que los medios no puedan hacer otras, es que la respuesta que reciben del presidente es que no puede contestar. Ocurrió este mismo jueves cuando se le pidió su valoración sobre la cobertura de la campaña que están haciendo los medios públicos gallegos y sobre la preocupación que tiene, como presidente de la Xunta, sobre la disuelta banda terrorista ETA, citada en intervenciones del PP dentro de la campaña.
La medida, sin embargo, no dio el resultado esperado: la Junta Electoral de Galicia abrió un segundo expediente por los comentarios que Rueda hizo por iniciativa propia en la comparecencia del 8 de febrero, mientras explicaba las decisiones tomadas, Aprovechó entonces para lanzar críticas al Gobierno central y para presumir de la gestión de su equipo. Los jueces tampoco vieron justificado que algunas de las ayudas publicitadas no pudiesen esperar a después de la votación y concluyeron que hubo “un fin publicitario elogioso y electoralista”.
El recurso contra la ley de vivienda se suma a los ya presentados por el PP, las comunidades autónomas de Andalucía, Baleares y Madrid y por el Parlament de Catalunya. La postura de la Xunta respecto a esta ley siempre fue beligerante: aseguró que invadía competencias, que no era útil y que la declaración de zonas tensionadas era incluso “contraproducente”. Finalmente, en la última ocasión que tenía para aprobar la decisión antes de las elecciones del domingo, el Gobierno gallego le dio el visto bueno a pleitear ante el Constitucional con la intención de “defender las competencias exclusivas” en esta materia que tiene la comunidad autónoma.
En la comparecencia ante los medios, Rueda no supo aclarar cuáles eran exactamente las cuestiones en las que se basa el recurso -“ahora mismo no lo puedo decir exactamente, pero son los motivos que dijo el Consello Consultivo”-. Una nota de prensa sin fecha sí expone que son 17 los artículos en los que la Xunta ve problemas. “Uno de los aspectos que más preocupa es el tratamiento que se le da a un tema tan sensible como la ocupación de viviendas”, dice ese comunicado, que agrega que, a juicio del Gobierno gallego “dificulta el desalojo ágil y con garantías de los inmuebles usurpados”. La norma, insiste, “ataca el derecho a la propiedad privada, prima a los okupas frente a los legítimos propietarios y apuesta por un modelo intervencionista”.
El de la ocupación ha sido uno de temas recurrentes en la consellería que tiene las competencias, la de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda. En medio de la pandemia, en septiembre de 2020, llamaba a endurecer las sanciones a pesar de que los datos oficiales muestran que hay 16 veces menos ocupaciones que desahucios en Galicia.