Los sacerdotes que prestan sus servicios en los hospitales gallegos van a cobrar un 4% más en 2023. El proyecto de presupuestos de la Xunta que está tramitando el Parlamento recoge partidas que suman 768.129,93 euros para abonar con fondos públicos los salarios de medio centenar de religiosos. Son casi 30.000 euros más que en el ejercicio que ahora está terminando.
La cifra incluye las cantidades que corresponden a los 42 curas que ejercen a tiempo completo identificados como personal religioso y de otros 11 que lo hacen a media jornada, además de un capellán del área sanitaria de Ourense que tiene consideración de personal laboral. En total, la sanidad pública gallega paga a 53 sacerdotes, que desempeñan su labor haciendo turnos en los centros hospitalarios. Los que están a jornada completa ingresarán 16.070,96 euros cada uno en 2023. A los que hacen la mitad de las horas se les paga, en consecuencia, el 50%: 8.035,8 euros. Estas labores son compatibles con la atención de sus parroquias.
La presencia en los hospitales públicos de religiosos pagados por el Gobierno gallego se deriva de un acuerdo firmado por la Xunta en los años 90, cuando Manuel Fraga estaba al frente. Desde entonces se ha mantenido estable esta política, tanto con los gobiernos del PP como con el bipartito de PSdeG y BNG, y el algo más de medio centenar de sacerdotes elegidos para estas tareas.
Las áreas sanitarias con mayor número de capellanes siguen siendo la de Vigo, en la que hay siete a jornada completa y dos a media jornada. En Santiago y Ourense también son siete los sacerdotes con jornada entera. En el caso de la capital gallega, se suman otros dos a media jornada y en la ciudad ourensana hay uno a media jornada y otro, el que figura como personal laboral, con una retribución de algo más de 18.000 euros.
En Lugo, Pontevedra y A Coruña, son seis los religiosos a tiempo competo en cada una. Se suman dos a media jornada en Pontevedra y uno más tanto en Lugo como en A Coruña. En Ferrol hay dos en cada modalidad.
El debate sobre la pertinencia de asumir con fondos públicos los salarios de estos sacerdotes se reavivó hace unos años. En 2017 el PSOE reclamó en el Parlamento de Galicia que se retirase esta partida, a lo que la Xunta se negó con el argumento de que “a la ciudadanía no le molesta”. Los socialistas han vuelto a plantear el tema en otras ocasiones, pero el Gobierno gallego alega que no hay irregularidades en este sistema, que deriva de un acuerdo marco del Estado español con el Vaticano formalizado en los 80, y sigue incluyendo presupuesto tras presupuesto una partida -creciente en los últimos años- para los salarios.