“La Xunta no se da cuenta de que algunos niños sólo comen en condiciones en el colegio”
El pasado mes de marzo la Consellería de Educación decidía disparar el precio de los comedores escolares en un 40,2%. En aras de la omnipresente “austeridad” y “sostenibilidad”, la Xunta revolucionaba un sistema que hasta entonces permitía que el 91,82% del alumnado comiese gratis en su centro educativo público. Ahora sólo se libran de pagar las que el Gobierno considera “rentas bajas”, familias con una renta per cápita inferior a 7.000 euros anuales -por ejemplo, una pareja con un hijo o hija que no ingrese más de 583 euros al mes-. Si en una familia de tres miembros los dos adultos cobran en conjunto poco más de 1.100 euros la factura llega a los 90 euros mensuales. En este contexto, las asociaciones de padres y madres y los sindicatos educativos inician el curso con las alarmas encendidas.
“No se enteran de que hay niños y niñas que la única comida en condiciones que hacen es en el colegio”, resume la presidenta de CONFAPA Galicia, Helena Gómez Vecino. En conversación con Praza Pública la responsables de las ANPAS de la enseñanza pública explica que, en plena crisis, la subida de las tarifas supone un enorme obstáculo para muchas familias que, además, temen que “el siguiente recorte sea en el transporte escolar”. ¿Por qué? Con las nuevas normas el alumnado usuario del transporte público ya no tiene, automáticamente, comedor gratuito. Por lo tanto, si un niño o niña va en autobús al colegio y su familia no es capaz de pagar el comedor se pueden dar situaciones de “hambre”, dice. “Y de eso la responsable subsidiaria es la Consellería”, dado que se trata “de centros públicos”.
Esta circunstancia también es censurada desde el Sindicato de Traballadoras e Traballadores do Ensino de Galicia (STEG). “El transporte y el comedor siempre fueron unidos”, recuerda José Cabezudo, quien se pregunta “qué va a pasar ahora” especialmente en el rural, donde el uso del comedor es “obligatorio” a efectos prácticos. “¿Vamos a tener niños de la misma clase que comen y otros que no comen porque no pueden pagar? ¿Quién atiende los niños y niñas que no comen en el comedor pero llevan un bocadillo de casa?”. Estas preguntas, señalan desde la central sindical, le fueron formuladas directamente al departamento que dirige Jesús Vázquez sin que, a punto de comenzar el curso, tuvieran aún respuesta.
Todas estas circunstancias, unidas a otros incrementos de gasto como en la compra de libros de texto, son la muestra de lo que el secretario nacional de CIG-Ensino, Anxo Louzao, define como una “política educativa basada en los recortes a los servicios públicos y que repercute enormemente sobre las clases populares”. El curso 2013-2014, señala, es el del “encarecimiento del gasto escolar”, hasta el punto de que ya es posible afirmar que “la gratuidad de la enseñanza ya no se da ni en los niveles obligatorios”. En el caso de los comedores, subraya, el fin de la gratuidad para “el alumnado transportado” es la mejor muestra de la dirección política de un Gobierno que además, censura, ha subido los precios “de manera desorbitada”.
Padres y madres atendiendo el comedor por “cursos de formación”
La subida de los precios no es lo único que preocupa a las familias en el ámbito de los comedores escolares. Tampoco es cuestión menor el hecho de que la Xunta asegure que va a asumir la gestión de buena parte de estos servicios mientras, al mismo tiempo, ahoga la financiación de los comedores que gestionan directamente las ANPAS. Los comedores de las ANPAS, dice Gómez Vecino, les salen a las familias por “unos 80 euros al mes” mientras que los de la Xunta llegan a los 90. “Salen más baratos” y además, explica, están “atendidos por monitores y monitoras que están asegurados” por su trabajo“.
La Xunta, por el contrario, “no tiene monitores” sino que “ponen a padres y madres” a atender el comedor “y ni les hacen contrato ni los aseguran”. Simplemente “les paga seis euros al día y a tres meses vista”. Pero “en la transferencia” bancaria que reciben estas personas el dinero no figura como el pago por atender el comedor, sino “como cursos de formación”. “A nosotros nos obligan a tener todo en regla y ellos, como siempre, son los primeros en incumplir”. Y mientras todo esto sucede, lamenta, “siguen concertando con centros que segregan por sexo, incumpliendo la sentencia del TSXG”. El dinero que reciben estos centros cada año, alrededor de 3 millones de euros, serviría para pagar 650.000 menús escolares.
Cuando el PP exigía comedor gratuito para todos
La actual política de la Consellería de Educación contrasta notablemente con las exigencias del PP en la materia durante su etapa en la oposición. La entonces portavoz de los conservadores en materia educativa, la ex consejera Manuela López Besteiro, defendía en abril de 2007 que la Xunta debía “implantar comedores escolares en todos los colegios de las ciudades de más de 20.000 habitantes” y, además, “financiar la contratación de monitores que presten atención a los niños fuera del horario escolar”. Todo, decía, para “universalizar la oferta del servicio de comedores escolar”.
En rueda de prensa López Besteiro señalaba que los comedores escolares “son concebidos como un servicio complementario a la escolarización obligatoria y como un sistema de compensación de las desigualdades existentes”. Esto, argumentaba, “es lo que explica que la prestación se ofrezca gratis a los niños que se desplazan en el transporte escolar”, esto es, precisamente lo que la Xunta de Feijóo acaba de eliminar. Por todo esto, concluía, el Gobierno gallego debía ofrecer “garantías” de que todo el alumnado “pueda acceder a este servicio”.
