Organizaciones ecologistas y comunidades de montes en mancomún dejarán de tener voz y voto en el órgano de participación, asesoramiento y consulta sobre minas de la Xunta de Galicia. El Gobierno de Alfonso Rueda las expulsará del Consello da Minería de Galicia, creado en 2008, y lo hará a través a de la ley de acompañamiento de los Presupuestos, que recoge una modificación de la norma de la que depende. El movimiento ambientalista lo ha denunciado este viernes en un comunicado: “Esta medida supone un atropello al derecho de la sociedad civil de estar informada y participar en las decisiones relativas a un sector cuyas actividades suponen un impacto innegable sobre los ecosistemas y la salud de las personas”.
Los miembros del Consello, en funcionamiento gracias a la ley 03/2008 de minería de Galicia aprobada por el gabinete de coalición entre socialistas y nacionalistas, eran hasta ahora “representantes de las administraciones, de las organizaciones sindicales y empresariales más representativas del sector, de las asociaciones de defensa de la naturaleza, de las comunidades de montes en mancomún, de los municipios mineros, de los colegios profesionales competentes en materia minera y de la Cámara Oficial Minera de Galicia”. Si la conocida como ley de acompañamiento de las cuentas autonómicas de 2025 sale adelante tal y como está redactada, y la mayoría absoluta del Partido Popular hace pensar que así será, defensores de la naturaleza, comunidades de montes en mancomún y ayuntamientos desaparecerán del órgano.
“Es una medida sin precedentes en la historia de la administración autonómica y parte de una estrategia orquestada de marginalización y deslegitimación de estos colectivos”, denuncian colectivos como Greenpeace, Ecoloxistas en Acción o Adega, que firman el comunicado. La ley de acompañamiento incluye la posibilidad de que “asociaciones” comparezcan en el Consello da Minería, con voz pero sin voto, y siempre que lo aprueben los miembros por mayoría simple. Que serán nueve personas designadas por distintos departamentos de la Xunta, tres por los sindicatos más representativos del sector, tres por las asociaciones empresariales, varias por los colegios profesionales de ingenieros de minas, otra por la Cámara Oficial Mineira de Galicia y otras tres por agrupaciones patronales de los sectores de la pizarra, el granito y los áridos.
Los colectivos ecologistas que denuncian el movimiento del Gobierno gallego para echarlos del Consello entienden que “se trata de una medida ilegal, pues contraviene la Convención de Aarhaus que regula los derechos de participación en materia ambiental”. Han solicitado reuniones con los partidos con representación en el Parlamento de Galicia y no descartan, si finalmente la ley de acompañamiento es aprobada en estos términos, iniciar acciones legales. ElDiario.es se ha puesto en contacto con la Consellería de Economía e Industria para preguntar por los motivos de la modificación legislativa, pero por el momento no ha obtenido repuesta. El texto de la ley de acompañamiento asegura que pretende “dar un impulso” al órgano de asesoramiento, participación y consulta.