Los dos cargos del Servizo Galego de Saúde (Sergas) investigados -antigua imputación- en la primera causa judicial en el Estado por las demoras en el tratamiento a los enfermos de hepatitis C echan balones fuera. Félix Rubial, director de Asistencia Sanitaria en el momento de los hechos, y Carolina Gómez-Criado, subdirectora general de Farmacia, han defendido en el juzgado su “correcta” actuación, así como de la subcomisión creada por la Xunta para controlar la dispensación de los fármacos. Han insistido, durante una declaración que han durado más de cuatro horas, que no dejaron fuera del tratamiento a pacientes a los que el especialista había prescrito la mediación aunque, según fuentes judiciales consultadas por eldiario.es, sí han reconocido que se priorizaba a enfermos por su gravedad. Y descargan, en última instancia, la responsabilidad en los médicos.
Ante el juez Andrés Lago, tanto Rubial como Gómez-Criado han respondido las preguntas de todas las partes, también las de la fiscal que, como reveló en exclusiva eldiario.es, los acusa de prevaricación y homicidio por imprudencia al relacionar la muerte de ocho enfermos con la demora que la Xunta impuso en su tratamiento por “razones presupuestarias”. Según las fuentes consultadas, ambos cargos del Sergas han seguido la estrategia ya anunciada por Feijóo en sus intervenciones públicas: la de descargar la responsabilidad en la subcomisión y asegurar que ellos dos -presidente y vicepresidenta de la misma- se limitaban poco menos que a firmar lo que allí se decidía. Por tanto, a cumplir con los trámites burocráticos, pero sin participar en la autorización ni en la denegación de los fármacos.
De hecho, y según las mismas fuentes, ante preguntas muy concretas sobre quién decidía los criterios a emplear o la compra de los medicamentos, han llegado a declarar que lo desconocían. Ante la acusación de prevaricación que afrontan, se han esforzado en hacer ver que no eran ellos la autoridad responsable, sino meros funcionarios que seguían las indicaciones de los especialistas, un argumento de defensa idéntico al empleado por Feijóo en el Parlamento.
Los imputados alegan ignorancia
Rubial y Gómez-Criado han insistido en que las peticiones de los tratamientos eran resueltas en un mes desde el momento en el que llegaban a la comisión pero han asegurado no conocer cómo seguía el proceso. A pesar de que los afectados denuncian esperas de hasta ocho meses por los medicamentos recetados por los especialistas, la única explicación que dan a la demora entre esta petición y la llegada de ella a la subcomisión han sido defectos en las solicitudes por parte de los especialistas.
El abogado de los dos cargos públicos, letrado de la Xunta, ha destacado ante la prensa su “pleno ánimo de colaboración” para arrojar luz sobre el “correcto” y “diligente” funcionamiento de la comisión que dirigían, mientras que el abogado de la acusación popular, en representción de la Plataforma Galega de Afectados pola Hepatite C, ha calificado de “no satisfactorias” las comparecencias de los imputados, con “muchos” defectos que tendrán que analizar.
La fiscal rebate a Feijóo
Por su parte, la fiscal que presentó la querella, Pilar Fernández, ha decidido comparecer ante los medios para aclarar que se compromete a “seguir investigando” y ha incidido en el “respeto” a los enfermos y a las familias. Después de que el propio presidente de la Xunta asimilase su denuncia a la oposición parlamentaria, ha recordado que la “finalidad exclusiva” de la demanda es “que no se cometan irregularidades” y “salvaguardar el servicio público de salud”. “A nosotros nos habría gustado, a lo mejor, haber investigado esto antes, pero no teníamos conocimiento hasta que nos llegó la denuncia”, en referencia al escrito de Batas Blancas.
“Toda nuestra investigación se basa en la documentación remitida por los servicios del Sergas y la recogida por la Policía Judicial”, ha insistido Fernández, que no ha querido entrar a valorar las críticas de Feijóo -que calificó de “inmoral” vincular el ahorro económico con las muertes- pero ha insistido en pedir “respeto” a las víctimas. Según fuentes judiciales, la fiscal ha decidido comparecer ante los medios para, en gran parte, contestar a las duras palabras del presidente de la Xunta y cargos del Gobierno gallego y del PP contra su decisión de imputar a los dos cargos que este jueves han declarado.
Feijóo cree “inmoral” vincular muertes y recortes
Mientras comparecían los dos cargos de la Xunta en los juzgados, Feijóo insistía en rueda de prensa en defender su actuación y la de su Gobierno y presumía de haber aportado “130 millones” en tratar la patología, además de recordar que lo importante no es lo que diga la Fiscalía, sino lo que dictamine el juez. Al tiempo, ha insistido en calificar de “inmoralidad” relacionar el ahorro económico con las muertes por hepatitis C. El conselleiro de Sanidad, por su parte, confía en que todo quede “aclarado” con la comparecencia de este jueves.
Félix Rubial y Carolina González-Criado fueron citados a declarar tras la denuncia de la Fiscalía, que defiende que estos dos mandos designados a dedo por el Gobierno de Feijóo incumplieron los criterios que la propia Administración autonómica había establecido para sufragar estos caros tratamientos a los enfermos más graves mientras se negociaba un acuerdo global con las empresas farmacéuticas para universalizar su uso en la sanidad pública. Las demoras, según el fiscal, llegaron “al punto de poner en grave riesgo la vida de los pacientes con resultado de muerte en alguno de los supuestos”.
La querella contra la Consellería de Sanidad presentada no nació en la Fiscalía, sino que partió de una denuncia previa del colectivo de profesionales sanitarios del sistema público gallego denominado Batas Blancas, que hizo llegar al ministerio público y que detallaba graves irregularidades en la red de hospitales de la Xunta durante 2014 y 2015 relacionados con los tratamientos de la hepatitis C. Pero las quejas llevaban meses oyéndose en la calle.
La Plataforma de Afectados por la Hepatitis C ya había llevado sus protestas y rabia a la calle y al Parlamento y, tal y como se supo después, el colegio médico de Pontevedra había alertado la Xunta del veto a tratamientos un mes antes de la denuncia. Además, como también reveló eldiario.es, una carta a la desesperada de tres doctores había evitado la muerte de un paciente saltándose el protocolo oficial.