La Xunta oculta al Parlamento de Galicia documentación sobre listas de espera, objeción al aborto o los contratos con Eulen

La transparencia de las administraciones y el acceso ciudadano a la información estaban entonces, 2015, en el centro del debate político. También en Galicia. Ese era el paisaje de fondo en el que el Partido Popular –al igual que ahora, con mayoría absoluta– decidió reformar el reglamento del Parlamento de Galicia para facilitar que los diputados solicitasen documentación a los gobiernos autonómico, provinciales o locales. Siete años después, la oposición denuncia que la norma no funciona. El BNG llevará la cuestión a la Valedora do Pobo: la Xunta no atiende a las demandas de información de sus diputados, especialmente en asuntos controvertidos como los contratos de Eulen, empresa de la que la hermana de Feijóo es directiva, las relaciones con la papelera Ence o con Greenalia, la compañía eléctrica con una ex conselleira en la cúpula.

La modificación del reglamento parlamentario en 2015 afectó a su artículo 9. Según este, “los diputados tendrán la facultad de solicitar de las administraciones públicas los datos, informes o documentos que consten en poder de estas”. La petición la vehiculará la Presidencia del Parlamento –ahora, como entonces, en manos del popular Miguel Santalices– y la Administración autonómica “deberá facilitar la documentación solicitada o manifestar a la Presidencia del Parlamento, en plazo no superior a 30 días, las razones fundadas en derecho que lo impidan”. “La Xunta se ha convertido en uno de los órganos más opacos de nuestro país”, denunció esta semana el diputado nacionalista Daniel Castro, “algunos documentos los solicitamos hace dos años y medio y no tenemos respuesta”. El plazo que marca la norma es de 30 días hábiles.

En lo que va de legislatura y a 24 de enero, el BNG, que cuenta con 19 escaños en la Cámara gallega, había registrado a través del artículo 9 unas 610 peticiones. El Gobierno gallego contestó a 333. El 45,4% está en el limbo. Al Partido Socialista, con 14 asientos, le sucede algo parecido. En el balance público de fin de año, su diputada Begoña Rodríguez Rumbo explicó que a su grupo no le habían respondido más de la mitad de las 532 solicitudes de información a través del artículo 9. Tampoco al 61% de las 1.906 preguntas escritas. Un portavoz oficial de la Presidencia del Parlamento asegura a elDiario.es que no valoran la situación, y que el presidente se limita “a cumplir lo establecido en el reglamento”. Es decir, a hacer de conducto entre parlamentarios y Xunta. Desde el Gobierno autonómico dicen que “se está dando respuesta a las solicitudes de los diputados, pese a que el número de estas se ha incrementado de una manera muy acusada desde 2020”. En concreto, añade su gabinete de comunicación, “el volumen de peticiones de datos que ha tramitado la Xunta en dos años y medio de legislatura es superior a 9 de las 10 legislaturas anteriores completas”.

Silencios espesos en temas delicados

Daniel Castro recuerda sin embargo como el propio Feijóo, bajo cuyo mandato se realizó la reforma de la norma parlamentaria, exige ahora, como líder estatal del PP, una transparencia gubernamental que la derecha gallega no cumple. Y considera, además, que los silencios administrativos son especialmente espesos en temas delicados para los populares. El BNG solicitó el 31 de marzo los “expedientes administrativos íntegros relativos a los contratos adjudicados desde 2009 al Grupo Eulen”, cuya directora para el noroeste se llama Micaela Núñez Feijóo. No han obtenido respuesta, ni siquiera en sentido negativo.

Unos meses antes también solicitaban información sobre el cumplimiento del derecho al aborto en la sanidad pública gallega. En concreto, pedían el número de profesionales objetores de conciencia en cada área sanitaria y el tipo de interrupciones voluntarias que se practican en cada hospital de la red pública. Los nacionalistas también se interesaron por las listas de espera de atención hospitalaria en los centros privados que mantienen conciertos con el Servizo Galego de Saúde (Sergas). En ambos casos sin resultado.

Como tampoco consiguieron respuesta a la exigencia de “la documentación relativa al pacto ambiental” que Xunta y la papelera Ence –propietaria de la polémica factoría de la ría de Pontevedra– firmaron en 2016; ni al “expediente relativo” al concierto de Muse en Vigo –que costó 2,5 millones de euros a las arcas pública; o al informe de la Oficina de Incompatibilidades e Boas Prácticas sobre la ex conselleira de Medio Ambiente Beatriz Mato, ahora en la dirección de la eléctrica Greenalia. “Detrás de esto hay dos cosas muy claras. La primera, dime de quién ocultas información y te diré para quien gobiernas”, expuso en rueda de prensa el diputado nacionalista, “y la segunda, que el PP sigue viendo este Parlamento como si fuese su propia finca”.

Condena a la Xunta por tapar información de las cajas

En conversación con este diario, Daniel Castro lamenta, además, que ni siquiera cuando consiguen reacción de la Xunta está sea útil. “A veces son repuestas de dos líneas. O que remiten a una comparecencia en comisión de algún alto cargo. O incluso que nos mandan a sedes autonómicas a mirar la documentación con tiempo limitado y bajo vigilancia”, afirma. El Bloque entiende que la actitud del Gobierno autonómico es “abiertamente antidemocrática” y se quejará ante la Valedora do Pobo. Hace menos de tres años, el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia acabó condenando a la Xunta de Galicia por ocultar al Parlamento de Galicia, y en concreto al diputado de Alternativa Galega de Esquerda y En Marea Antón Sánchez, información relativa a la fracasada fusión de las cajas de ahorro en 2011. Los documentos que el gabinete de Feijóo se negaba a que vieran la luz pública trataban sobre la vertiente política de la operación: el informe–propuesta y el acta de la reunión de secretarios generales del ejecutivo previa a la reunión de la Xunta en que se autorizó la fusión entre Caixa Galicia y Caixa Nova.

El artículo 9 de las reglas parlamentarias que invocan socialistas y nacionalistas incluye la posibilidad de reconvertir las solicitudes en preguntas en comisión. El BNG lo ha hecho en algunas ocasiones, sin grandes frutos. También llevó al pleno la solicitud de cumplimiento de plazos del texto normativo. El PP votó en contra.