El anuncio lo hizo el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, en el debate del estado de la Autonomía a principios de octubre: un bono anual de 5.000 euros para “todas” las personas con dependencia que reciben cuidados en el hogar. Las notas informativas distribuidas desde entonces por el Gobierno gallego insistían en el carácter “universal” y “automático” de la ayuda. Sin embargo, esta aportación económica tiene excepciones y matices y una parte de quienes son atendidos en su casa o bien se van a quedar fuera o bien van a tener que emprender nuevas gestiones para lograr ese dinero, según publica el diario El País.
La orden que fija los cambios para establecer este bono, al que la Xunta se refiere como Bono Coidado no Fogar, incluye únicamente como beneficiarios a quienes ya tengan aprobado un apoyo económico para atención en el domicilio en su programa individual de atención (PIA) y, para el caso de las situaciones de dependencia de grado 2 y 3, “será necesaria la convivencia con la persona cuidadora no profesional, dada la necesidad de atención permanente y apoyo indispensable y continuo que se requiere”. Este requisito dificulta la llegada de fondos a quienes reciben atención, por ejemplo, de un vecino, a pesar de que era uno de los casos citados expresamente por Rueda.
Si el grado de dependencia reconocido es 1, no será obligatoria la convivencia “siempre que se asegure la atención inmediata por parte de la persona cuidadora no profesional”.
Sobre los 5.000 euros, la orden publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG) aclara que non son una aportación a mayores de las que ya se perciben ni van a llegar en un único ingreso. Una vez hecho el cálculo de la prestación que corresponde en cada caso, si no llega a 416,66 euros mensuales se incrementará en la cuantía necesaria para que sí lo haga. ¿Por qué 416,66 euros? Porque es el resultado de dividir 5.000 euros entre 12 meses.
La conselleira de Política Social, Fabiola García, ha reafirmado en declaraciones recientes que el bono se va a dar automáticamente a quienes tengan derecho a él, pero en realidad los que se libran de trámites adicionales son los que reciben ya apoyo económico público para que alguien los cuide en su casa. Si en la valoración de dependencia no se estableció una ayuda de este tipo, aunque tengan un cuidador -hay casos en los que las personas con dependencia lo pagan de su bolsillo-, deberán “acudir a los servicios sociales de referencia, sea en el Ayuntamiento o en el centro de salud, para solicitar el cambio”, según información de la Xunta citada por El País.