El 22 de diciembre de 2008, el entonces presidente de la Xunta de Galicia, el socialista Emilio Pérez Touriño, colocó la primera piedra de la Autovía da Costa da Morte, una infraestructura que entonces iba a tener 42 kilómetros para unir Carballo, a donde ya llega una autopista desde A Coruña, con las cercanías de Fisterra. Casi ocho años después, a finales de este mes de julio, está previsto que la Xunta inaugure la vía, recortada ahora a 27 kilómetros. Una infraestructura que antes de nacer vivió tres licitaciones, una denuncia de sobrecoste, un recurso judicial de una constructora y un cese de una alto cargo de Feijóo. Y por la que la Xunta tendrá que pagar 630 millones de euros hasta 2038, a pesar de que su ejecución material no supuso más de 200 millones. Además de una infraestructura que refuta el argumento de que la colaboración público-privada agiliza las obras en épocas de contracción presupuestaria.
La Autovía da Costa da Morte fue una de las promesas que Manuel Fraga hizo tras el hundimiento del petrolero Prestige a finales de 2002 a una de las comarcas más aisladas de Galicia. Nunca fue el tráfico de la zona, escaso, el motivo principal de su construcción, sino un reequilibrio territorial con el que los sucesivos gobiernos autonómicos justificaron la infraestructura. Una obra que, con uno u otro diseño, rondó siempre los 200 millones, pero por la que la Xunta pagará mucho más a lo largo de los años por el modelo de colaboración público-privada elegido para su ejecución.
La infraestructura la licitó por primera vez el entonces gobierno bipartito de PSdeG y BNG en julio de 2007 por 1.100 millones, a pagar durante 30 años a la concesionaria que asumiera la obra y su mantenimiento durante ese período. Se la adjudicó a una unión temporal de empresas (UTE) formada por Ferrovial y Taboada y Ramos, que se comprometía a hacerla por 584 millones pero que, poco después de iniciar los trabajos a finales de 2008, le decía a la Xunta que no sería capaz de finalizarla si no le pagaba un 30% más. Tras la llegada del PP, el nuevo gobierno rechazó las pretensiones de la empresa, le rescindió el contrato y lo licitó de nuevo ligeramente modificado en diciembre de 2009. Si el proyecto del bipartito preveía construir inicialmente una vía rápida de un carril por sentido que en una segunda fase se pudiera desdoblar en autovía, el PP rebajó el período concesional a 25 años, con el requisito de que tuviera cuatro carriles desde un primero momento.
En ese segundo proceso, la oferta mejor valorada, de una UTE formada entre otras por FCC y Covsa, resultó ser la más cara, con 979 millones, lo que provocó que en junio de 2010 el entonces líder del PSdeG, Pachi Vázquez, denunciara en el Parlamento de Galicia lo que calificó como un “sobrecoste” de 395 millones de euros con respeto a la adjudicación del anterior gobierno. La segunda candidata en esa segunda licitación, una UTE de Dragados y Puentes, que ofertaba la obra por 200 millones menos, llevó el proceso al juzgado. En septiembre de ese año, tres meses después de la denuncia socialista, la entonces directora de Infraestruturas de la Xunta, Isabel Vila, dejaba el cargo y lo asumía la que más adelante se convertiría en la actual conselleira del ramo, Ethel Vázquez, que volvió a licitar la obra por tercera vez. A esa tercera contratación, adjudicada en mayo de 2011 por 745 millones, sólo se presentaron dos ofertas, de ACS y de la UTE, que resultó finalmente adjudicataria y que está finalizando ahora la obra, formada por Copasa, Taboada y Ramos (presente en la concesionaria del bipartito), Covsa (participante en la oferta del supuesto sobrecoste) y CRC.
Tercera licitación y adaptación del contrato
Pero tampoco a la tercera fue la vencida. En febrero de 2013, casi dos años después de la tercera adjudicación, la Xunta informaba al Parlamento de que el grado de ejecución de la obra no había pasado aún del 20%. El Gobierno gallego comenzó entonces a explicar que la concesionaria no era capaz de encontrar la financiación a la que se había comprometido para poder acometer los trabajos. Pero, en vez de rescindirle el contrato, como había hecho en una situación similar con la primera adjudicataria del anterior ejecutivo bipartito, el Gobierno gallego del PP optó por incluir un artículo en su ley de Presupuestos autonómicos para 2015 con el que le perdonó a la empresa la ejecución de los últimos 15 kilómetros de la vía. La autovía quedaría así recortada de 42 a 27 kilómetros, los que finalmente se abrirán este mes. Un 35% menos de longitud de lo previsto inicialmente, por el que la Xunta ahorra sólo un 17% del importe total que había previsto pagar.
Según una fuente conocedora de las negociaciones entre la Xunta y la UTE, más que en la imposibilidad de la concesionaria de acometer toda la obra, la decisión del Gobierno gallego se habría basado en su propio interés por rebajar los futuros pagos plurianuales por la infraestructura y controlar así su endeudamiento creciente. La realidad es que, según los Presupuestos de la Xunta de este año, el Gobierno gallego tendrá que pagar por los 27 kilómetros finalmente ejecutados y por su mantenimiento un total de 630 millones de euros hasta 2038, con unas cuotas anuales que van de los 22 millones previstos para 2017 hasta los 37 millones previstos para 2037. 14 años después del hundimiento del Prestige y ocho años después del inicio de las obras, la Costa da Morte tendrá al fin (media) autovía.