El contrato para el transporte de la basura desde toda Galicia hasta la planta de la empresa pública Sogama en Cerceda (A Coruña) es, con sus 131 millones de euros más IVA, el segundo más elevado de los adjudicados en esta segunda legislatura de Alberto Núñez Feijóo, tras el de la gestión del Hospital de Ourense por 150 millones. Ahora el servicio se enfrenta a una huelga convocada inicialmente desde este lunes -finalmente comenzará el miércoles- por los trabajadores de la empresa que lo venía prestando, Transportes Pellejero e Hijos, que reclaman ser reubicados en la nueva adjudicataria, una unión temporal (UTE) de la constructora ourensana Copasa y la pública Renfe. Serán esas empresas las que presten el servicio durante los próximos diez años tras ganar un concurso público en el que se ha valorado especialmente la capacidad de transporte ferroviario. Renfe, empresa pública dominadora del sector, asegura que Copasa fue la única firma que le propuso presentarse a un proceso especialmente accidentado y largo, que han acabado ganando después de que Sogama invalidara las ofertas de dos de las cuatro candidatas.
La historia del contrato que ahora está a punto de acabar en una huelga de la basura comienza en junio de 2014, cuando el propio presidente Feijóo anunció la licitación del nuevo servicio de transporte de los residuos desde las 37 estaciones de transferencia que hay repartidas por toda Galicia hasta Sogama. En el nuevo contrato el Gobierno gallego decidió incrementar el porcentaje de uso del ferrocarril frente a los camiones del 30% registrado hasta ahora hasta un mínimo del 43% con el argumento de reducir así el impacto ambiental y el coste del transporte. Sogama licitó el concurso, que también incluye una obra civil de ampliación de su terminal ferroviaria, en julio de 2014 y se presentaron cuatro ofertas, en todos los casos uniones temporales de empresas de transporte con firmas constructoras o de servicios: La ourensana Copasa se unió con Renfe Mercancías; Transportes Pellejero, que venía realizando el trabajo, con Ferrovial; Comsa Rail Transport con Sima; y Transportes Valin con Acciona Rail Services y Acciona Servicios Urbanos.
En enero de 2015 el hasta entonces presidente de Sogama y máximo responsable del pliego de condiciones del concurso, Luis Lamas, también directivo del PP de Lugo, dimitió tras conocerse que el Centro Tecnológico Alimentario de Lugo (CETAL), del que era tesorero, había adjudicado un contrato a un bufete de abogados del que era socio. Lamas, profesor de relaciones laborales, fue el máximo responsable de un pliego de condiciones redactado, según los trabajadores, para echarles a la calle y reducir así los costes del nuevo adjudicatario.
En marzo, ya bajo la presidencia del también popular Javier Domínguez Lino, la mesa de contratación de Sogama considera que la UTE formada por Acciona y Transportes Valin “no obtiene la puntuación técnica mínima” y acuerda excluirla del concurso, decisión que después ratificó el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales.
El siguiente paso era valorar las propuestas económicas de las tres candidaturas que todavía quedaban activas, lo que se hizo en abril, cuando se supo que frente al mínimo del 43% que fijaba la Xunta para el transporte de basura por ferrocarril, Comsa-Sima ofertaba un 45,83%, Copasa-Renfe un 55% y Ferrovial-Pellejero un 56,57%. Sin embargo, Sogama decidió excluir también a esta última UTE, la de la empresa que venía prestando el servicio, Ferrovial-Pellejero, por considerar su oferta económica, la más baja de todas, “anormal o desproporcionada”. A pesar de que esta segunda empresa eliminada también recurrió, tampoco le sirvió de nada. Por el contrario, la oferta de Copasa-Renfe vio especialmente valorado su plan de explotación del modo ferroviario. En julio Sogama le adjudicó el contrato y en octubre, quince meses después de licitarlo, lo formalizó
La versión de Renfe
Según un portavoz oficial de Renfe consultado tanto antes de valorarse las ofertas como después de la adjudicación, la empresa pública, dominadora del transporte de mercancías por ferrocarril, no tuvo que elegir con que empresa privada se asociaba para presentarse al concurso de la Xunta porque sólo Copasa se lo pidió. No ha beneficiado a una empresa privada frente a otras, ha contestado Renfe, porque no recibió otras peticiones. La firma ourensana, junto con otras constructoras privadas, también es socia de Renfe y Adif en el consorcio público-privado creado para construir el AVE de Arabia Saudí.
Copasa-Renfe ganó el concurso de Sogama gracias en parte a la anulación por “anormal o desproporcionada” de la oferta económica más baja que había realizado Ferrovial-Pellejero. Pero al tiempo Copasa es quien lidera la UTE que acomete la Autovía de la Costa da Morte, a la que la Xunta permitió a finales de 2014 ejecutar sólo la mitad de la obra por su incapacidad financiera para hacerla entera. Esto es, al tiempo que renunciaba a parte de un contrato según el Gobierno gallego por no poder cumplir su propuesta financiera, la empresa ourensana ganaba otro en el que una competidora había quedado eliminada por presentar una oferta económica irrealizable.
El personal, en manos de Copasa-Renfe
La UTE Copasa-Renfe será ahora la que decida si contrata o no a los trabajadores de la anterior adjudicataria del transporte de Sogama, que como vía de presión han convocado una huelga indefinida. Critican que cuando la empresa pública sacó a concurso el servicio puso condiciones técnicas, ambientales y económicas pero “no tuvo en cuenta la continuidad de la plantilla que llevaba realizando esta función durante los últimos 14 años, y en algunos casos hasta 21 año”, de modo que el próximo 1 de marzo se quedarán en la calle 69 trabajadores, entre camioneros, mecánicos y personal de oficina.
“Literalmente incluyeron en las plicas que la nueva empresa no tendría ninguna responsabilidad con la plantilla actual”, critican. El pliego de cláusulas dice textualmente que “el personal necesario para la ejecución del contrato dependerá exclusivamente de la entidad adjudicataria [...] siendo Sogama de todo ajena a las referidas relaciones”. Inácio Pavón, representante de los trabajadores por la CIG, dice que la única propuesta que les hace Sogama es “que presenten currículum en la empresa nueva a ver si los cogen, teniendo en cuenta además que las condiciones salariales que oferta de Copasa son casi un 50% inferiores”.
El pasado viernes el Diario Oficial de Galicia publicó unos servicios mínimos de la huelga del 55%. Si el paro ahora convocado se prolonga mucho tiempo, puede acabar repercutiendo en las calles de las villas gallegas, según admiten Pavón y la propia Xunta. La capacidad de almacenamiento temporal de las 37 plantas de transferencia existentes por toda Galicia podría verse superada al no poder dar salida a la basura hacia Sogama, lo que a su vez puede obligar a los ayuntamientos dependientes de esas plantas a reducir el ritmo o el volumen de recogida de sus calles. Según la Xunta, “la parada de la actividad provocaría el colapso en la recogida de los residuos a nivel autonómico que, en el mejor de los casos, tardaría días en corregirse, lo que, sin lugar a dudas, puede provocar serios problemas de salubridad y ambientales a nivel autonómico”.