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El Constitucional ha decidido anular la ley de Balears que obliga a contratar los servicios de un coche VTC con al menos 30 minutos de antelación. Según indican fuentes del tribunal de garantías a elDiario.es, el pleno ha estimado la cuestión de inconstitucionalidad planteada hace meses por el Tribunal Supremo y entiende que esta norma no es compatible con el derecho constitucional a la libertad de empresa.
Los magistrados entienden que los objetivos perseguidos por el Govern en 2019 eran legítimos: “Buscar un equilibrio entre el sector del taxi y el del VTC y la gestión de la movilidad”, explica. Pero la obligación de reservar un VTC con al menos media hora de antelación no es razonable: “No hay ninguna explicación sobre cómo contribuye a la consecución de los objetivos que la normativa balear dice perseguir”.
Esa medida, según el Constitucional, también supone una “desventaja competitiva” para los VTC y no ofrece “una tutela del consumidor, en cuanto que supone una restricción para la actividad”.
El Parlament balear aprobó la norma en 2019 con los votos a favor de los partidos que entonces formaban parte del Govern pero también del Partido Popular y la oposición de los dos diputados de Ciudadanos. Una normativa sacada adelante tras un acuerdo con el sector del taxi con el objetivo de controlar el desembarco de las plataformas de Vehículos de Transporte con Conductor (VTC) en las islas.
La norma incluía, entre otras restricciones, la obligación de reservar este tipo de vehículos con al menos media hora de antelación, ofreciendo además datos como la matrícula del coche o el principio y el final del contrato para realizar el viaje. El caso llegó hasta el Tribunal Constitucional desde el Tribunal Supremo a raíz de un pleito iniciado por dos empresas: Ares Capital y Aucona Servicios Integrales. La primera controla varios millares de licencias VTC en todo el país.
El antecedente más claro para la movilidad en Balears llegó del mismo Tribunal Supremo en febrero de 2023, cuando los jueces tumbaron el decreto vasco que imponía la misma prohibición a contratar estos vehículos con menos de 30 minutos de antelación. El alto tribunal fue contundente en ese caso: la limitación temporal no era compatible con el derecho a la libertad de empresa “ni supera el canon de necesidad, adecuación y proporcionalidad” que exigen las leyes que regulan el mercado en España.
La convivencia entre el taxi y los vehículos VTC se ha convertido en uno de los grandes conflictos empresariales de Balears en los últimos años, tanto en su llegada a Mallorca como a Eivissa. Un sector vinculado al turismo que, según los últimos datos disponibles, deja más de 2.500 licencias de taxi y otras 739 de VTC en las islas. Según el Govern, a lo largo de 2023 la administración recibió más de 10.000 nuevas solicitudes para adjudicaciones de estas licencias VTC.
La norma que ahora anula el Constitucional fue aprobada en 2019, durante el mandato de la socialista Francina Armengol, mientras que el actual ejecutivo de Marga Prohens y el PP ha optado por esperar a la sentencia para ejecutar la idea que deslizó poco después de llegar al poder el año pasado: eliminar los 30 minutos de antelación. Ya en diciembre del año pasado, el portavoz gubernamental Antoni Costa explicó que esperarían a la sentencia del Constitucional antes de negociar un nuevo texto ante el aluvión de peticiones de licencia.