Balears celebra cuarenta años de autonomía marcados por un profundo cambio social
Las Illes Balears cumplen este miércoles cuarenta años como comunidad constituida en sujeto político, social y cultural, dentro del marco de las competencias que le atribuye la Constitución Española de 1978, después de la aprobación del Estatut d’Autonomia de 1983. El autogobierno y la recuperación del uso del catalán como lengua propia fueron dos de las principales reivindicaciones de la ciudadanía del archipiélago balear, al calor de las luchas que continuaron durante la Transición -encabezadas por parte de una gran variedad de movimientos culturales, sociales y políticos, pero también desde la política institucionalizada-.
En el plano de la política institucional, el 4 de junio de 1977 se firmó el ‘Pacto Autonómico’ en la fundación Dragan de Palma, suscrito por todas las fuerzas políticas a excepción de Alianza Popular y otros grupúsculos minoritarios ligados al régimen franquista. Los partidos que suscribieron el pacto se comprometieron a redactar un Estatut d’Autonomia después de las primeras elecciones democráticas -que habían quedado suspendidas tras el breve periodo republicano- del 15 de junio del mismo año.
En las calles esta reivindicación era un clamor. El 29 de octubre de 1977, decenas de miles de personas se manifestaron en Palma en un acto histórico liderado por la Obra Cultural Balear (OCB) en el que se pedía el reconocimiento pleno de la autonomía balear. En junio de 1978 entró en vigor el Decreto-Ley que aprobaba el régimen preautonómico con la puesta en vigor del Consell General Interinsular (que desaparece en 1983) y tres consells insulars: el Consell de Mallorca, el Consell de Menorca y el Consell d’Eivissa y Formentera.
El camino fue allanado, según detalla el preámbulo de la edición del Estatut d’Autonomia de les Illes Balears (1983-2008) -coordinado por Pilar Cabotà y Lluís Segura y editado por el Institut d’Estudis Autonòmics-, por la ley para la reforma política de 1977. Tres años después de la aprobación de la Constitución Española, en 1981, l’Assemblea de Parlamentaris i Consellers Interinsulars aprobó el proyecto de Estatut, cuyo texto llegó al Congreso de los Diputados. El 1 de marzo de 1983 el autogobierno era una realidad.
Antes de la creación del Consell General Interinsular -y los respectivos consells insulars-, existía la Diputación Provincial, que en los primeros compases de la dictadura franquista estuvo controlada por comisiones gestoras dirigidas por militares, falangistas y tradicionalistas y, más tarde, por las clases hegemónicas tradicionales, según detalla Jordi Pons Bosch, doctor en Historia por la Universitat de les Illes Balears (UIB) en Les Illes Balears, un ésser viu. 25 anys d’autogovern (1983-2008). Con la creación del Consell General Interinsular y los tres consells insulars, la Diputación Provincial desapareció, pese a sus resistencias iniciales, sostiene Pons Bosch. “Estas resistencias provinieron de quienes habían ocupado el poder de la institución a finales del franquismo”, explica el historiador. “Mantener una estructura provincial con la creación de los consells insulars habría supuesto una dualidad de instituciones con funciones y competencias muy parecida”, añade.
Cuatro modificaciones
En estas cuatro décadas de Estatut se han producido varias reformas sobre el texto inicial: las de 1994, 1999, 2007 y 2022, así como otras modificaciones menores. La modificación de 1994 es consecuencia de un pacto firmado entre el PSOE de Felipe González y el PP de José María Aznar, que aprobaba una ley que transfirió competencias a las Comunidades Autónomas, incorporadas posteriormente. Por tanto, este acuerdo profundizó el autogobierno de las Balears.
El 9 de enero de 1999 entra en vigor la segunda modificación -siendo Jaume Matas (PP) presidente del Govern- que aumentaba las competencias de la Comunitat Autònoma respecto al anterior texto de 1994. Por otro lado, modificó la forma en que se escogían a los representantes de los consells insulars y del Parlament. Con el Estatut anterior, los integrantes de los consells eran diputados elegidos en cada una de las islas que tenían doble condición: consellers insulars y diputados en la cámara autonómica. La reforma de 1999 permitió la posibilidad de renunciar a una de las dos condiciones.
La reforma del Estatut de 2007, resultado del acuerdo entre Matas -en su segunda legislatura al frente del Govern-, y Francesc Antich (PSOE), líder de la oposición, ha sido la más importante de todas. La reforma “culminaba la evolución iniciada en 1978”, según escribieron Bartomeu Colom Pastor -doctor en Derecho por la Universitat de Barcelona con una tesis sobre el Estat d’Autonomia en 1977- y Josep Maria Quintana Petrus -licenciado en Derecho y miembro del Consell Consultiu entre 1993 y 2001- en Les Illes Balears, un ésser viu. 25 anys d’autogovern (1983-2008).
La reforma del Estatut de 2007, resultado del acuerdo entre Matas -en su segunda legislatura al frente del Govern-, y Francesc Antich (PSOE), líder de la oposición, ha sido la más importante de todas
Esta modificación introdujo la creación de un nuevo organismo y la supresión de otro: la eliminación del Ajuntament de Formentera dio paso al nuevo Consell Insular de Formentera, que pasaba a tener competencias propias, separadas del Consell d’Eivissa. El nuevo Estatut dio nuevas competencias a los consells insulars, “las instituciones que, sin ninguna duda, más han evolucionado desde que fueran creadas en 1978”, en palabras de Colom y Quintana.
El renovado texto atribuía directa y simultáneamente veinte competencias propias a los tres grandes consells. Además, la norma superior otorgaba sobre estas competencias “potestad reglamentaria”, pese a que el Govern, en base a los artículos 58.3, 70 y 72 podía establecer “los principios generales”. Los consells también asumían la función ejecutiva de once competencias descritas en el artículo 71.
Esta modificación los situó como instituciones de autogobierno “al mismo nivel que el Parlament, el Govern o el presidente de la Comunitat Autònoma”. Por otro lado, ahondó en el cambio que se empezó a introducir en la modificación de 1999 y estableció que la elección de los miembros de los consells iba en una lista separada de la de la cámara autonómica.
El Estatut de 2007 también introdujo mayor protección hacia el catalán en las instituciones públicas. Aunque el artículo 3 del Estatut de 1983 ya regulaba sus usos lingüísticos y reconocía la lengua catalana como la propia del archipiélago balear -y oficial junto al castellano-, el de 2007 profundizaba en este aspecto. “Las instituciones de las Illes Balears garantizarán el uso normal y oficial de los dos idiomas, tomarán las medidas necesarias para asegurar su conocimiento y crearán las condiciones que permitan llegar a la igualdad plena de las dos lenguas en cuanto al derecho de los ciudadanos”, describía el punto 4.
“La situación de la lengua catalana (...) desde la aprobación del Estatut de 1983 ha supuesto uno de los cambios más importantes y rápidos de su historia”, sostiene Antoni I. Alomar Canyelles, doctor en Filología Catalana, en Les Illes Balears, un ésser viu. 25 anys d’autogovern (1983-2008). El filólogo argumenta que el autogobierno ha permitido recuperar el catalán después de la represión que se había producido durante el franquismo, debido a su introducción en la enseñanza obligatoria como lengua vehicular, lo que supuso un aumento de la comprensión lectora y de la escritura en dicho idioma.
La situación de la lengua catalana desde la aprobación del Estatut de 1983 ha supuesto uno de los cambios más importantes y rápidos de su historia
La última modificación entró en vigor el 9 de febrero de 2022, con el actual Ejecutivo progresista que lidera Francina Armengol (una coalición entre el PSOE, Unides Podem y Més per Mallorca), con el objeto de suprimir los aforamientos de los diputados del Parlament y de los miembros del Govern, considerados un privilegio por una amplia mayoría social.
La representatividad, a debate
Una de las cuestiones más debatidas durante el proceso de consecución de la autonomía balear fue la representatividad, según explica Antoni Marimon Riutort, profesor titular de Historia Contemporánea de la UIB, en Les Illes Balears, un ésser viu. 25 anys d’autogovern (1983-2008). De manera provisional, en el Estatut de 1983 se estableció que el Parlament tenía que ser elegido mediante cuatro distritos electorales, correspondientes a cada una de las islas: Mallorca, Menorca, Eivissa y Formentera. Mallorca elegía treinta diputados, Menorca doce, Eivissa once y Formentera uno.
La ley electoral de las Illes Balears, aprobada en noviembre de 1986, estableció, en su artículo 12, treinta y tres escaños para Mallorca, trece para Menorca, doce para Eivissa y uno para Formentera. Además, ratificaba que se aplicaría el sistema proporcional, en su variante de la regla d’Hondt, con la eliminación previa de las candidaturas que no alcanzaran el 3% de los votos válidamente emitidos, un umbral que en 1995 se elevó al 5%. El criterio que predominó fue el de una ‘proporcionalidad corregida’, que da una gran importancia al hecho insular y que hace que un escaño se pueda conseguir con menos votos en Menorca, Eivissa y Formentera respecto a Mallorca.
Sin embargo, a día de hoy, esta distribución de los escaños es percibida desde Eivissa -sobre todo, pero también en Mallorca- como un agravio, debido a que, pese a que tiene más población empadronada que Menorca, tiene menos representación en el Parlament. Esta es una consecuencia de las diferencias que ha habido en ambas islas en cuanto al crecimiento demográfico que se ha producido en las últimas décadas, ya que la extensión de Menorca en kilómetros cuadrados es superior a la de Eivissa.
Sin embargo, como apuntaba Guillermo Bezzina, politólogo de Passes Perdudes, para que se siga respetando el sistema denominado ‘proporcional corregido’ y que ninguna isla pierda diputados (dos puntos de consenso), “será necesario elevar también los de Mallorca para que así se mantenga el actual 56% de escaños con el 78% de población”. Bezzina explicaba, en un hilo de Twitter, su punto de vista, adjuntando noticias de la prensa local que responden a la petición de la coalición de PP y Ciudadanos en el Consell d’Eivissa para que mejore la representatividad de la isla en la cámara autonómica.
“Que la reacción del resto de islas (y partidos políticos) sea receptiva y reconozca la existencia del problema es un buen punto de partida”, aseguraba. Al mismo tiempo, indicaba que para corregir el problema hay que aumentar el “tamaño de la cámara de dos o cuatro escaños”. “El Parlament tiene el mismo número de diputados que en 1986, pero su población ha crecido más de un 70%. Mientras que la Asamblea de Madrid ha pasado de 96 escaños a 136”, afirmaba.
Dos presidentes del PP condenados por corrupción
Durante estos cuarenta años de autonomía ha habido seis mandatos con gobiernos conservadores y cuatro con gobiernos progresistas. El primer presidente del Govern fue Gabriel Cañellas (bajo las siglas de Alianza Popular, Coalición Popular y luego Partido Popular), quien ganó tres elecciones autonómicas seguidas. Cañellas tuvo que dimitir el 1 de agosto de 1995 debido a los sobornos ligados al túnel de Sóller, el primer gran caso de corrupción destapado en Balears. El presidente balear dimitió después de haber recibido presiones del líder nacional del partido, José María Aznar, que estaba preparando su desembarco en La Moncloa, aprovechando el desgaste de la última legislatura de Felipe González al frente del Gobierno.
El primer presidente, Gabriel Cañellas (PP), tuvo que dimitir el 1 de agosto de 1995 debido a los sobornos ligados al túnel de Sóller, el primer gran caso de corrupción destapado en Balears
Dos años después de su dimisión, el Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) absolvió al exmandatario balear de la comisión de un delito de cohecho porque éste había prescrito. Cañellas estuvo involucrado en otro escándalo urbanístico, sin condena judicial, debido a los intereses que tenía en Salinera Española S.A., empresa ligada a Ibifor S.A., que quería construir un macrocomplejo urbanístico con 20.000 habitantes en ses Salines d’Eivissa, reconocidas desde 2001 como Parc Natural.
Después de Cañellas fue presidente Cristòfol Soler, que solo permaneció un año al frente del Govern, forzado también por Aznar. Al parecer, debido a su política lingüística a favor del catalán y a una mayor sensibilidad hacia la protección del territorio. Tras Soler llegó Jaume Matas, que fue presidente en dos legislaturas: entre 1996 y 1999 y entre 2003 y 2007. Matas, que también fue ministro de Medio Ambiente en el segundo Ejecutivo de Aznar, terminó en la cárcel debido a escándalos de corrupción como el caso Nóos o la adjudicación de las obras de construcción del Hospital Son Espases de Mallorca, entre otros.
Jaume Matas (PP) terminó en la cárcel debido a escándalos de corrupción como el caso Nóos o la adjudicación de las obras de construcción del Hospital Son Espases de Mallorca, entre otros
Después de las elecciones de 1999 al Parlament fue investido por primera vez un presidente socialista, Francesc Antich, después de pactar con el Partit Socialista de Mallorca (ecosoberanistas de centro izquierda), Izquierda Unida, Los Verdes y Unió Mallorquina (UM, regionalistas de centro derecha), partido que terminó desapareciendo por sus numerosos casos de corrupción. Después de la segunda legislatura de Matas, en 2007, Antich volvió a presidir el Govern, pese a que perdió las elecciones, tras pactar una coalición con UM (que se disolvió tras sus escándalos de corrupción), Bloc per Mallorca y Eivissa pel Canvi, plataforma surgida a raíz de las manifestaciones multitudinarias contra las autovías que el gobierno de Matas estaba construyendo en la isla.
Después del nuevo paréntesis de gobierno progresista alcanzó la presidencia balear José Ramón Bauzá (PP). Su gobierno, que no tuvo problemas en los juzgados, sufrió manifestaciones multitudinarias debido al impulso de una ley que pretendía terminar con la inmersión lingüística en la educación de primaria, secundaria y Bachillerato, para sustituirla por el trilingüismo. Desde las elecciones autonómicas de 2015 es presidenta del Govern la socialista Francina Armengol, quien gobernó en su primera legislatura en coalición con Més per Mallorca y Més per Menorca y, en su segunda, con Més per Mallorca y Unides Podem.
El gran crecimiento demográfico
El archipiélago balear ha experimentado un gran crecimiento poblacional en las últimas décadas. Entre 2001 y 2021, las personas empadronadas en Balears han crecido en 294.381 personas, es decir, un 33,5%, según los datos del Instituto Balear de Estadística (Ibestat). Solo en los últimos cinco años, Balears ha visto incrementada su población en 68.101 habitantes.
Este aumento se ha producido de manera muy desigual entre unas franjas de edad y otras, según señala el 'Estudio sobre la prospectiva económica, social y medioambiental de las sociedades de Balears en el Horizonte 2030', coordinado por Carles Manera, catedrático de Historia e Instituciones Económicas de la Universitat de les Illes Balears (UIB) y elaborado de forma conjunta con el Consejo Económico y Social (CES) de Balears.
Así, entre 2006 y 2017, el total de población de Balears creció un 16,5% y, mientras el grupo de edad de 55 años o más crecía un 33,5%, el grupo de edad de entre 20 y 34 años cayó un 14,2%, lo que implica un desplazamiento de las generaciones más jóvenes y numerosas de los nativos hacia edades más avanzadas. El envejecimiento de la población se traslada, de este modo, a la población activa y a la población ocupada.
El ‘monocultivo’ turístico
Cuando se aprobó el Estatut en 1983, las Balears ya estaban en pleno auge de desarrollismo urbanístico y de apertura turística. En Eivissa, empiezan a cobrar protagonismo las famosas discotecas, que dieron todavía más fama internacional a la isla. En los noventa, frente a los cambios producidos en la demanda y los síntomas de agotamiento del turismo masivo y estandarizado, se inició una redefinición del destino caracterizada por el crecimiento y la diversificación de los alojamientos, con el negocio inmobiliario aún en la base del desarrollo del destino y el lanzamiento de ofertas complementarias principalmente asociadas a los campos de golf y los puertos deportivos.
Los empresarios del sector entraron en el siglo XXI buscando nuevos atractivos, también relacionados con el ocio. En la última década, con la apuesta por el lujo: numerosos hoteles de dos y tres estrellas han pasado a ser de cinco. Algunos bares y restaurantes de playa, regentados por familias locales, se han convertido en beach clubs, es decir, locales de ocio diurno, con música electrónica en vivo y oferta destinada a la exclusividad. Y en el interior, durante este proceso de transformación, han aparecido hoteles rurales y agroturismos y muchas casas de campo pasaron a destinarse al alquiler turístico vacacional. Esto ha provocado que un creciente número de colectivos organizados exijan un freno al crecimiento y una diversificación del modelo productivo frente al monocultivo turístico.
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