Fue una de las mayores causas de corrupción promovidas contra la extinta Unió Mallorquina (UM), la formación que durante varias legislaturas manejó la llave de las principales instituciones de Balears. La carretera Palma-Manacor, inaugurada en 2006, se había erigido en la obra más costosa -y ambiciosa- de cuantas fueron impulsadas por el partido regionalista y en una de las más caras a nivel nacional. Su construcción, presupuestada inicialmente en 140 millones de euros, y los sobrecostes que se derivaron de ella, acabaron engrosando una macrocausa en la que llegó a apuntarse al desvío de hasta 42 millones de euros públicos procedentes del dinero presupuestado para la ejecución de la vía. Trece años después de que estallasen las investigaciones, hasta trece procesados -entre expolíticos, funcionarios y constructores- se sentaban este lunes en el banquillo de los acusados bajo peticiones de condena que sumaban más de 154 años de prisión.
Sin embargo, y pese a la magnitud que llegó a alcanzar el conocido como caso Peaje, inculpados y acusaciones han llegado finalmente a un acuerdo de conformidad que reduce notablemente las penas a las que deberán hacer frente. En total, cuatro años y medio de prisión y 70.000 euros en multas para cuatro de los procesados por delitos de cohecho activo y pasivo y fraude a la administración. El resto, entre ellos el que fuese el principal acusado, el exconseller de Carreteras del Consell de Mallorca Antoni Pascual, absueltos. Tras el largo peregrinaje judicial del caso, no ha quedado acreditado que se malversaran fondos del erario público, pero sí el pago de sobornos a diestro y siniestro -obras en domicilios privados, banquetes, fiestas y comuniones y un cordero- mientras veía la luz la mayor infraestructura proyectada por la expresidenta del Consell y líder histórica de UM Maria Antònia Munar.
Emanado del incontestable poder político desplegado por Munar al frente del Consell, antiguo bastión para los desmanes de UM, el desdoblamiento de la carretera Palma-Manacor se ha convertido en el paradigma de la corrupción ligada a los tratos de favor que, durante las últimas décadas, han aflorado en Balears así como a la construcción desaforada en una isla, Mallorca, colapsada por las infraestructuras, las carreteras y los campos de golf. Una política basada en el cemento, el asfalto y el ladrillo -acompañada de centenares de denuncias- contra la que, desde hace décadas, alzan la voz numerosos grupos ecologistas.
Este lunes, los trece procesados se han sentado en el banquillo. Estaba previsto que el juicio durase un mes y que, durante ese tiempo, desfilasen más de cien testigos y una quincena de peritos. Sin embargo, la prescripción de parte de los hechos y el reconocimiento de otros por parte del exdirector de Obras Antonio Orejudo, el exdirector insular Gonzalo Aguiar, el excelador Gabriel Mestre -todos ellos cargos del Consell- y el responsable de la UTE encargada de la construcción de la carretera, José Javier Navarro, han evitado la celebración de la vista, que tenía previsto desarrollarse ante un jurado popular.
En un acuerdo de última hora, los tres exresponsables de la administración supramunicipal han reconocido que se aprovecharon de sus cargos, así como de la supervisión directa que realizaban sobre los trabajos de construcción del desdoblamiento, para aceptar, de común acuerdo con el responsable de la UTE, que se realizasen obras en su beneficio particular o de sus allegados y que posteriormente fuesen facturadas al mismo grupo de empresas, integrado por Melchor Mascaró, Electro Hidráulica, Obras y Pavimentos MAN, Aglomsa, Itinere Infraestructuras, MAB y Sacyr. La adjudicataria, mientras tanto, simulaba que se trataba de trabajos relativos a la carretera.
Entre tales cohechos, figura el abono de 100.000 euros por parte de la UTE con destino a las obras de reforma y construcción de un chalet en el municipio mallorquín de Búger. El propietario del mismo, el exdirector de Obras del Consell Antonio Orejudo, camufló el inmueble como si se tratase de un templo de meditación chino sufragado, según aseguró en su día, gracias a las donaciones privadas de los socios de una entidad de filosofía china, Pachi Tanglang.
El dueño de la vivienda-centro filosófico sorprendió con sus alegatos a la jueza instructora de la causa y al fiscal encargado de las investigaciones. Incluso, llegó a proponer la declaración de numerosos testigos procedentes de Taiwán y Japón, quienes desfilaron por los Juzgados de Palma para manifestar que habían aportado fondos para levantar el templo con el objetivo de que “descansara en él un maestro de la organización”. Una testigo taiwanesa manifestó, además, que había donado hasta 300.000 euros 'a la causa' y que, en cada viaje que realizaba con miembros de la asociación, cada uno de ellos llevaba encima unos 10.000 euros en efectivo para el templo y el sustento de su fe, ya que preferían abonar el dinero en efectivo. La jueza calificó de “surrealistas” tales argumentaciones.
Mientras tanto, los responsables de las obras de albañilería e hidroelectricidad realizadas en el inmueble presentaron facturas como si de trabajos de la carretera se trataran. El chalet se ubica, además, en un terreno propiedad de la mujer de Orejudo, quien ha sido absuelta al considerar que nunca tuvo conocimiento de los mecanismos de facturación.
Las argucias no finalizaron ahí. De acuerdo con las pesquisas practicadas desde que en 2009 estallase la causa, el vigilante de la obra por parte del Consell realizó las gestiones pertinentes para que en su domicilio particular se llevaran a cabo obras de construcción y reforma. Entre ellas, la instalación del alumbrado interior y exterior del inmueble, cuyo coste fue facturado a la UTE por valor de 40.000 euros.
También el exdirector insular de Carreteras efectuó en varias de sus viviendas obras de fontanería y electricidad, además de hacer acopio de material de la autovía para su propio beneficio (durante la instrucción del caso, aseguró que se trataba tan solo de “cascotes”). Sin embargo, al tener conocimiento de que se le estaba investigando en el caso Peaje, decidió finalmente facturar los trabajos a su nombre y pagarlos de su propio peculio, de tal modo que la dádiva no entró en su patrimonio ni facturó las obras a la UTE constructora.
Por si fuera poco, también un cordero salió a relucir durante las investigaciones. Uno de los beneficiarios de la carretera, propietario de una finca próxima a la misma, justificó que uno de los responsables del Consell le había pagado unas obras en su vivienda debido a que, como consecuencia de la construcción de la vía, una de las máquinas provocó desperfectos en una pared de su terreno hasta tal punto que las ovejas que tenía comenzaron a salirse. El testigo alegó que el funcionario le dio dinero para poder arreglar los daños y, como agradecimiento, el propietario del solar le regaló un cordero. Otro testigo aseguró que se desplazaron hasta su finca unos cien camiones con tierra sobrante de los trabajos de la carretera, lo que, admitió, le había “beneficiado mucho”.
En el caso de Pascual, quien fuese una de las personas de máxima confianza de la expresidenta de Munar, llegó a acumular en su despacho cientos de albaranes de las obras de la carretera. Los investigadores sostenían que el exmáximo responsable de Carreteras estaba al tanto de los tejemanejes urdidos durante la construcción, aunque siempre ha negado con rotundidad haber incurrido en cualquier tipo de irregularidad. Se han retirado todas las acusaciones -malversación, cohecho y fraude- y peticiones de condena -trece años y medio de cárcel- que pesaban contra él.
Durante la instrucción de la causa, los inculpados se opusieron en todo momento a las tesis que les han conducido al banquillo. Alegaban -como finalmente ha aceptado la Fiscalía- que nunca pudo producirse descalabro económico alguno en las arcas del Consell de Mallorca ya que los trabajos de construcción no recayeron directamente en la UTE encargada de las obras, sino que fueron adjudicadas a una empresa, Pamasa, constituida apenas un mes antes de hacerse con el contrato de la obra. Según sus manifestaciones, fue tiempo después cuando la mercantil decidió subcontratar los trabajos a la UTE.
Como pone de manifiesto el escrito de conformidad, fue el 24 de junio de 2004 cuando Pascual firmó con el responsable de Pamasa el contrato para convertir la carretera de Manacor en una vía de doble calzada por cien millones de euros. Se la circunstancia de que Pamasa había sido creada el 21 de mayo de ese año por las mismas empresas que posteriormente integrarían la UTE encargada de la construcción. Existía, además, una vinculación “directísima” -como señala el acuerdo- entre ellas, con similar composición y dirección e idéntico domicilio social. “Es decir, coincidían los que iban a realizar la obra -la UTE constructora- con la explotadora -Pamasa-”, subraya el documento rubricado este lunes.
Durante la ejecución de las obras, sin embargo, se plantearon sucesivas modificaciones y añadidos adicionales al trazado previsto y aprobado, lo que condujo a Pamasa a incrementar el presupuesto destinado a la realización de la obra. Por ello, se acordó con el departamento de Obras del Consell una ampliación del plazo de la retribución variable que la institución insular había acordado abonar en función del número de vehículos que utilizasen la nueva carretera.
La prolongación de la instrucción del caso durante más de trece años ha supuesto, además, la aplicación de varios atenuantes por dilaciones indebidas y ha venido marcada, entre otras circunstancias, por la discusión en torno a las numerosas periciales aportadas por las partes sobre la valoración de las obras. Las discrepancias respecto a la interpretación del contrato entre la concesionaria y el Consell se ha traducido, incluso, en el impulso de varios contenciosos abiertos contra la institución insular en los que se solicitaban cuantías por un valor total de más de 45 millones de euros. El acuerdo finalmente alcanzado se traduce en la retirada de todos los contenciosos y, al mismo tiempo, incluye la reordenación de la vida económica de la concesión.
Cabe recordar que las investigaciones en torno a la carretera Palma-Manacor constituyen tan solo uno de los numerosos casos de corrupción que, en 2011, condujeron a UM a su disolución tras varias décadas de pactos con PP y PSOE al frente de las principales instituciones de Balears. Una circunstancia que le valió su eterna condición de partido bisagra y el despliegue de un amplio poder político, dimanado, sobre todo, de su fundadora y líder, quien presidió el Consell de Mallorca entre 1995 y 2017 así como el Parlament balear de 2007 a 2009, cuando se vio abocada a dimitir del cargo y a abandonar la política ante el cerco, cada vez mayor, de la Fiscalía Anticorrupción.
Para entonces, los fiscales ya habían destapado múltiples irregularidades en la gestión que la formación regionalista había llevado a cabo mientras gobernaba. La captación de votos para el partido con fondos públicos, el desvío de dinero con destino a los bolsillos de los integrantes de UM o la contratación en distintas instituciones de trabajadores que en realidad se dedicaban a llevar a cabo trabajos a beneficio de la formación, apenas dibujan parte de la trayectoria judicial del partido. El registro de la sede de UM dos días antes de su disolución se convirtió en uno de los primeros llevados a cabo en las dependencias de un partido político en la historia de la democracia.
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