Cursach, el oscuro magnate que se codeó con el PP hasta llegar a la cúspide del ocio nocturno

Un 3 de marzo de 2017, un furgón policial lo conducía a los Juzgados de Vía Alemania de Palma, dependencias que horas después abandonaba rumbo a la prisión de Palma acusado de urdir un entramado mafioso dirigido a mantenerse en la cúspide del ocio de Mallorca. Hasta esa fecha, encontrar una fotografía de Bartolomé Cursach era labor imposible. Salvo si se le buscaba en los palcos y en el banquillo de algún estadio de fútbol. El hasta ahora considerado rey de la noche mallorquina se movió siempre en las sombras –“era como un ectoplasma”, afirma alguien de su entorno– pero su nombre lleva décadas presente en el imaginario de la isla.

Aun en la 'clandestinidad', el histórico de la noche palmesana, que comenzó su trayectoria como recogepelotas en el Mallorca Club de Tenis y llegó a convertirse en el propietario de las mayores discotecas de Balears, gimnasios y hoteles e incluso de una desaparecida aerolínea de vuelos chárter bautizada con sus siglas, supo tejer sus relaciones.

Atrás quedan las partidas de pádel con el expresidente del Govern balear Jaume Matas –condenado a más de ocho años de cárcel en los sucesivas causas que, durante casi una década, le llevaron al banquillo de los acusados–, quien era un asiduo a la “niña bonita” de Cursach: el macrogimnasio de 12.000 metros cuadrados Megasport.

No solo el exministro bajo el segundo mandato de José María Aznar se dejaba ver en las instalaciones deportivas, sino también otras numerosas “personas influyentes” a las que –sin citar nombres– se refería en uno de sus autos el exjuez Manuel Penalva, quien capitaneó durante tres años las investigaciones contra Cursach y que, en un vuelco de las mismas, hoy se encuentra a las puertas del banquillo por, entre otras presuntas prácticas ilícitas, instrumentalizar y coaccionar a testigos con el objetivo de construir a la carta las pesquisas y apuntalar sus tesis incriminatorias.  

Uno de los testigos que desfiló ante el exmagistrado en el marco de estas investigaciones relató un episodio: propietario de un lavadero ubicado junto al Megasport, había escuchado una conversación entre Cursach y uno de sus más estrechos colaboradores acerca de un torneo de pádel en el que tenían previsto participar dos campeones del mundo –dos argentinos cuyo nombre no llegó a precisar–. Matas también iba a jugar en él. A los oídos del testigo llegó que sendos jugadores habían recibido 6.000 euros cada uno “por dejarse ganar ante Jaume Matas” con el objetivo de que el entonces presidente estuviese “de buen humor para después hacer negocios”.

El dueño del lavadero, quien llegó a introducirse en el círculo empresarial y familiar de Cursach, explicó que sus escarceos con los más allegados del empresario le permitieron “escuchar y presenciar gran cantidad de trapos sucios”. Unas conversaciones en las que, al parecer, también salieron a relucir en alguna que otra ocasión el nombre de Son Espases, erigido a la postre en el hospital de referencia de Balears.

Los entresijos que se tejieron tras las cortinas de la adjudicación de la mayor obra pública del archipiélago son otros de los grandes conocidos de la Justicia: contrataciones a dedo, minuciosas maniobras fraudulentas, prevaricaciones o subordinados manejados cuales “títeres complacientes”, en palabras de la Fiscalía Anticorrupción. La construcción no estuvo exenta de lo que durante décadas se convirtió en las islas en el cimiento de grandes acuerdos y licitaciones. Los tentáculos de estas pesquisas llegaron, incluso, a la sede nacional del PP y entre los miles de folios de su sumario asomaron nombres como los de Florentino Pérez, Juan Miguel Villar Mir y Luis Bárcenas.

“Fue el paradigma con el que, con demasiada frecuencia, se amoldan intereses económicos y políticos en una espiral donde el interés público es la última razón a considerar o no tiene cabida”, subrayaba con contundencia el exfiscal Pedro Horrach cuando se encontraba al frente del caso Son Espases, que revelaron –también en palabras de quien fuese uno de los principales azotes contra la corrupción de las islas– cómo el mayor concurso público de Balears “fue manipulado y pervertido por orden de Jaume Matas, quien ostentaba un control absoluto del mismo”.

Al parecer, Cursach tampoco fue ajeno al devenir de este macroproyecto. Meses antes de que se conocieran los terrenos en los que se ubicaría el hospital, el empresario había adquirido una finca próxima a estos. Y años después, el empresario comparecía en una comisión de investigación impulsada en el Parlament balear sobre las ilegalidades que rodearon a la licitación.

Durante su intervención en la cámara legislativa, parapetado tras sus gafas oscuras de aviador, el propietario del mayor imperio del ocio de las islas manifestó que había pagado 13,5 millones de euros por un solar de 150.000 metros cuadrados. Sin embargo, aseguró que, antes de firmar la compraventa, nunca había tenido conocimiento de que en los aledaños de su finca iba a levantarse el principal hospital de Balears, adjudicado por 635 millones de euros a la UTE formada por las constructoras Dragados –filial de ACS–, FCC, Melchor Mascaró S.L. y Llabrés Feliu S.A. tras un proceso plagado de vicisitudes.

El magnate se justificaba ante el gesto incrédulo de los diputados: “De haberlo sabido, no la hubiera comprado. Por lo que ha pasado, la finca no vale nada ahora. ¿Dónde está el gran negocio mío? ¿Quién me da trece millones y medio que están escriturados por esta finca?”. Y manifestó que adquirió la finca porque entonces se creía que Palma iba a continuar su crecimiento en esa zona. “No la compré para sembrar patatas”, ironizó.

Un certamen con fondos públicos para ganar nuevos votantes

Durante décadas, el magnate se relacionó con sutileza con el PP y con Unió Mallorquina (UM), eterno partido bisagra –desaparecido en 2011 tras varias décadas de pactos con el PP y con el PSOE–. La fundadora y líder de UM, Maria Antònia Munar, manejó con destreza los hilos de las principales instituciones de las islas. Paradigmáticas fueron, de hecho, las fiestas teñidas de color político que por todo lo alto se celebraron en dos de las discotecas que en su día formaron parte del conglomerado empresarial de Cursach: Pachá y Abraxas.

En este último establecimiento, mítico icono de las noches mallorquinas en los años setenta y ochenta que en la década de los 2000 acabó siendo adquirido por el Grupo Cursach, UM llegó a acoger, incluso, un certamen de Miss Argentina Balears sufragado con cargo al erario público pero en realidad única y exclusivamente dirigido a granjearse nuevos electores.

Fue solo una de las múltiples tácticas empleadas por la formación regionalista, empecinada en mantenerse en el poder hasta que sus ilícitas maniobras acabaron aflorando y sus dirigentes, detenidos en sucesivas operaciones policiales. Un rosario de escándalos que, el 5 de febrero de 2010, provocó que el acuerdo de gobernabilidad suscrito tres años con PSIB y los nacionalistas del Bloc per Mallorca terminara saltando por los aires y, en febrero de 2011, condujo a UM a la disolución.

Pero antes de que tales artimañas salieran a la luz en las semanas más agitadas que a nivel político y judicial se recuerdan en las islas, a principios de 2007, a punto de finalizar la última legislatura de Matas –quien ese mismo año acabaría desterrado de Balears tras el batacazo electoral que sufriría en mayo y que lo abocaría al abandono de la política para trasladarse a Estados Unidos–, José María Rodríguez, entonces conseller de Interior, figura sempiterna de la política balear y uno de los principales dirigentes del PP isleño hasta que Génova impulsó su marcha a mediados de 2016, daba luz verde a una normativa que regulaba la contaminación acústica y las actividades musicales en el ocio nocturno y que, como se criticó desde diversos ámbitos, supuso “un traje a medida” para los intereses del Cursach. La norma fue bautizada públicamente como 'decreto Cursach', a pesar de que, como señalan fuentes del sector, “benefició a otros numerosos empresarios de las islas”. 

Bacanales y bandejas de cocaína

Las investigaciones del caso Cursach –la mayor parte de las cuales están siendo duramente cuestionadas en el juicio que desde el pasado lunes se celebra contra el empresario en la Audiencia Provincial de Balears– llegaron a definir a Rodríguez, instalador de cables de telefonía antes de acceder a la vida política, como el “artífice en la sombra” de un entramado político y policial dirigido a salvaguardar la autoridad del magnate en la noche mallorquina.

Incluso una testigo, en la actualidad investigada, y quien aseguraba falsamente ser la madame de un burdel al que acudían altos cargos políticos del PP para participar en fiestas supuestamente costeadas por Cursach, lo situó en medio de bacanales y bandejas de cocaína. Las acusaciones coparon durante meses la actualidad balear y nacional y fueron, finalmente, echadas por tierra por las pesquisas abiertas a posteriori contra los antiguos investigadores de la causa.

Ahora, Rodríguez se encuentra a la espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo, pero en relación a su condena en otro procedimiento judicial: fue sentenciado a tres años y medio de cárcel en la considerada ramificación de la trama Gürtel en Balears por favorecer desde el Govern, a través de contratos amañados, a la agencia de comunicación Over Marketing, que se hizo fuerte en las islas, Comunitat Valenciana y Madrid y financió en negro la campaña del PP isleño previa a los comicios autonómicos de 2003. Su propietario, Daniel Mercado, involucró a Rodríguez en el manejo de dinero opaco al fisco dentro de la formación y lo calificó como el político que “realmente tomaba las decisiones” en el partido.

Mientras tanto, en el municipio mallorquín de Calvià, su exalcalde, Carlos Delgado (PP) se querelló contra su predecesora en el cargo, la socialista Margarita Nájera, a quien acusaba de haber prevaricado a la hora de otorgar la licencia, en contra de la normativa urbanística entonces vigente, para la construcción de un parque acuático propiedad de Cursach. Los tribunales, sin embargo, acabarían decretando el archivo de las diligencias al no considerar probado que la exprimera edil presionase a los técnicos municipales para que avalaran con sus informes la concesión del permiso.

El juicio que sienta en el banquillo al otrora todopoderoso empresario mallorquín, a su número dos y a otros quince acusados pone ahora contra las cuerdas las investigaciones llevadas a cabo contra los procesados, quienes llegaron a ser situados en un entramado que durante al menos veinte años, desde las altas instancias políticas y policiales, propició la buena marcha de los negocios de Cursach a cambio de sobornos para los funcionarios policiales, orgías incluidas.

Tras los avatares sufridos por la causa desde entonces, con el exjuez y el exfiscal del proceso penal en el punto de mira de la justicia, la Fiscalía Anticorrupción ha tumbado buena parte de las pesquisas que gravitaron durante más de un lustro sobre los máximos responsables del grupo Cursach así como sobre numerosos mandos y agentes de policía cuyo futuro procesal se halla ahora en manos del tribunal que juzga la mayor causa de corrupción impulsada en los últimos años en Balears.