El Govern defiende la simplificación administrativa y los socialistas la tachan de “decreto ley del Medusa Beach”

El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha respondido a los reproches socialistas de haber creado un “decreto ley del Medusa Beach”, negando que el decreto de simplificación suponga “nuevas presiones turísticas ni urbanísticas”.

“Lo único que hace -el decreto- es acabar de una vez por todas con la burocracia y agiliza trámites. Lo que hace es intentar resolver uno de los principales problemas de los ciudadanos y empresas de Balears”, ha defendido el conseller durante el pleno del Parlament, este martes.

En esta línea, ha lamentado que “durante ocho años del Govern de Francina Armengol solo se ha paralizado la administración y se ha mortificado a los ciudadanos y empresas con plazos que nunca acababan”.

De su lado, el diputado socialista Marc Pons ha opinado que el de simplificación es “el decreto ley del Medusa Beach”, considerando que “llenará de Medusas todo el territorio”.También ha afeado a Costa que la nueva norma elimine límites para construir aparcamientos, viviendas o restaurantes en suelo rústico, ironizando con que solo mantienen un límite, “el del dinero”. “Solo si tienes dinero podrás hacer lo que quieras donde quieras”, ha censurado Pons.

Ante estas afirmaciones, el vicepresidente ha sentenciado la capacidad del socialista “de decir una sarta de mentiras sin inmutarse”. “Ni pestañea, las suelta como si nada”, ha agregado Costa. Y, finalizando su intervención, ha vuelto a negar que el decreto implique nueva presión en suelo rústico, recordando que la normativa territorial está, además, supeditada a los planes territoriales insulares y, por tanto, son los consells los garantes de estas cuestiones.

“El problema es que ustedes solo son ecologistas cuando están en la oposición”, ha afeado Costa a Pons, asegurando que siete de cada diez autorizaciones en rústico en los últimos 20 años han sido concedidas con gobiernos de izquierdas.

Sin consenso con las entidades

Previamente, también la diputada socialista Amanda Fernández ha preguntado a Costa sobre el decreto, en su caso cuestionando que la aprobación del mismo se haya hecho en consenso con las entidades de las Islas. En esta línea, ha recordado que “deja sin funciones y contenido a la única iniciativa legislativa popular que se ha aprobado en Balears”, negando, por tanto, que el decreto haya sido pactado con entidades.

De su lado, el conseller ha defendido que se negoció en la Comisión de Simplificación Administrativa, creada a tal efecto y que reunía “a todas las instituciones de las Islas”. Paralelamente, ha añadido, se reunieron “con multitud de entidades y colegios profesionales para poder negociar y recoger propuestas de mejora”.

“Por lo tanto, sí, es un decreto absolutamente necesario para la ciudadanía de las Islas y que nace con los consensos de instituciones, entidades y colegios profesionales”, ha insistido el vicepresidente, reprochando a los socialistas que también “menosprecien” la mesa para el pacto social y político por la sostenibilidad.

Hacerlo, según Costa, es “menospreciar a más de 100 entidades que forman parte, y el diálogo y la participación de agentes económicos y sociales”. “Balears no se merece esta oposición, que solo busca la destrucción”, ha finalizado.

Por último, ha respondido a la diputada socialista Pilar Costa, quien también ha preguntado al portavoz del Govern por el decreto de simplificación, del que ha cuestionado su transparencia. “No hemos cambiado ni un milímetro la normativa en materia de transparencia. Eso sí, hemos dado el primer paso, el paso que prometimos a los ciudadanos, para acabar con los principales cuellos de botella de la administración, que hacían la vida imposible a empresas y ciudadanos”, ha remarcado el vicepresidente del Govern.

Parc bit

También el conseller ha sido preguntado, durante el pleno, por el diputado socialista Carles Bona, quien ha criticado la derogación del decreto ley de medidas urgentes para impulsar y estimular el Parc Bit, sobre el que ha cuestionado que “se va a convertir en un parque de vivienda, de escuelas favorecidas por Vera y de fondos buitre”. “El conseller abandona la investigación y se pasa al sector de la construcción”, ha agregado el diputado del PSIB.

Respondiendo a esta afirmación, Costa ha cuestionado si realmente creían “que este Govern mantendría la situación de decadencia en la que el Govern de Francina Armengol dejó el Parc Bit”. “Daremos un nuevo impulso al Parc Bit y por eso hemos derogado el decreto ley y hemos aprobado una nueva normativa para cumplir este objetivo”, ha afirmado el vicepresidente.

En esta línea, ha sentenciado también que, durante el mandato del anterior Ejecutivo autonómico, “las empresas estuvieron abandonadas”. “Falta inversión, falta mantenimiento, faltan empresas, falta talento y falta un plan estratégico de verdad”, ha concluido.

Vidal niega la amnistía

Por su parte, la consellera de Vivienda, Territorio y Movilidad, Marta Vidal, ha negado las afirmaciones de la oposición de una amnistía urbanística por parte del Govern, ya que esto significaría “eliminar una infracción para que desaparezca el delito y lo otro es una integración en la legalidad de viviendas contra las que no se pueden tomar medidas de restablecimiento”.

“Ya que tiene el móvil en la mano, coja la RAE y entérese de qué es una amnistía”, ha invitado Vidal a la diputada del PSIB, Mercedes Garrido, este martes en el Parlament.

En concreto, así se ha expresado la representante autonómica tras ser interpelada por la socialista, quien ha opinado que “ha llegado el momento de poner límites” a los precios del alquiler y ha pedido al Govern que declare Balears zona tensionada. “Quien pierde son los fondos buitre y los grandes tenedores”, ha insistido la socialista.

Durante su intervención, Garrido también ha avisado, sobre el objetivo de que los ciudadanos no gasten más del 30 por ciento de sus ingresos en pagar su vivienda, que actualmente hay “quienes gastan más del 30 por ciento en pagar una habitación o una caravana”.

“Eso es insoportable”, ha insinuado la diputada, reiterando que la vivienda es un derecho y no un privilegio. Así, ha instado al Ejecutivo balear a desarrollar “una política de verdad”, cuestionando que todavía no hayan entregado ninguna vivienda de protección oficial.

En su turno de respuesta, la consellera ha iniciado su intervención reprochando al diputado socialista Marc Pons que haya descrito el decreto de simplificación como “el decreto del Medusa”, en referencia al local de Playa de Palma que se derrumbó hace unas semanas. “Me escandaliza que ponga a cuatro muertos en esta Cámara. Haga un planteamiento de cuáles son los límites de la actividad política”, ha recriminado Vidal a Pons.

Seguidamente, respondiendo a la interpelación de Garrido, la consellera ha reconocido que el mercado de la vivienda “está desbocado”, pero ha culpado de ello al anterior Govern, que “no hizo ninguna política”. “Insiste una y otra vez en que apliquemos la limitación de precios, y no lo hacemos porque no queremos que aquí nos pase lo mismo que pasa en las comunidades autónomas en las que sí se está aplicando”, ha dicho Vidal, poniendo de ejemplo la situación de Catalunya, donde se han perdido 4.000 millones de euros en desinversión, según ha indicado.

Por otro lado, ha reconocido que el mercado del alquiler en las Islas está tensionado, pero es algo que ha achacado al anterior Govern, que cambió “el modelo tradicional del alquiler turístico”. “En Balears, hasta 2017 solo se podía destinar a alquiler turístico al alquiler unifamiliar aislado. Cambiaron el modelo y se desbordó, no solo por este factor, pero fue importante, y ahora se quejan de la saturación”, ha afeado a Garrido.

Frente a esta situación, la consellera ha recordado que el Govern actual trabaja para aplicar medidas que limiten el precio del alquiler, poniendo de ejemplo el programa Alquiler Seguro, con el pretenden “fomentar que un porcentaje de las 100.000 viviendas cerradas por gente que no confía, las abra y saque para los residentes”.

“Evidentemente en diez meses no se puede revertir una situación que hace años que se arrastra”, ha sostenido Vidal, quien, por tanto, ha opinado que hay que generar más confianza y seguridad jurídica para que los propietarios de viviendas cerradas las abran.